La superintendencia de salud sancionó por prácticas de integración vertical a las instituciones de salud privada. La fiscalización arrojó la regulación al lucrativo negocio de la salud, el cual ha beneficiado a los accionistas de estos holding.
Jueves 30 de noviembre de 2017
La superintendencia de Salud efectuó multa de un monto aproximadamente $60 millones de pesos a dos Isapres; Cruz blanca y Mass Vida por integración vertical.
La integración vertical, responde a si alguien es dueño de una clínica, también es propietaria de un centro médico, o Isapre y obtiene utilidades a partir de esta triangulación financiera.
La entidad fiscalizadora multó ese sector empresarial de la salud privada en la cual se evidenció en que los ejecutivos del holding tenían dualidad de funciones, es decir, puestos en distintos lugares y diferentes prestadores y aseguradores particulares, como clínicas y centros médicos.
Rafael Caviedes, presidente de la asociación de Isapres, señaló que las instituciones de salud previsional eran "transparentes, que realizan operaciones correctas, la integración vertical tiene beneficios para los usuarios, es un mecanismo de contención de costos”.
No obstante, lo que devela es la defensa acérrima al negocio y al comercio que ha permitido una colosal acumulación de ganancias, reflejando que los verdaderos beneficiarios del sistema de salud privada, eran los empresarios y dueños de estas compañías.
Según el sitio Economías y Negocios (EyN), los dueños de Cruz Blanca elevan 10% sus utilidades en Chile: El grupo Bupa -presente en Chile a través de Isapre Cruz Blanca, clínicas Bupa e Integramédica- alcanzó utilidades por US$ 4,6 millones a marzo, cifra 10,5% superior a los US$ 4,2 millones conseguidos en el mismo lapso en 2015. De acuerdo con el balance de la compañía, en los tres primeros meses de este año generó US$ 250 millones en ingresos impulsados tanto por el negocio de salud previsional como por los servicios de sus clínicas. La isapre y el negocio de seguros de vida del grupo generaron US$ 192,4 millones, un 12% más que en el mismo período del año anterior. Mientras que el negocio hospitalario -que incluye Clínica Reñaca, Clínica Bupa Antofagasta, Clínica San José de Arica y Clinical Service- alcanzó ingresos por US$ 27,3 millones a marzo, subió un 16,6% respecto al mismo período de 2015 en que los ingresos fueron US$ 23,4 millones.
17 expertos que desde 2014 que se ha conformado la Comisión Asesora Presidencial y no se ha efectuado ningún cambio al respecto, y durante el periodo gubernamental del gobierno de la Nueva Mayoría se ha basado básicamente en acciones de regulación a la integración vertical, que prácticamente solo a permitido multar y/o “sancionar” , pero mantiene y permite a destajo el multimillonario negocio de grandes conglomerados de la salud neoliberal.
Las Isapres a través de la integración vertical entre aseguradores y prestadores ha llevado a ser un lucrativo negocio. En los comienzos del 2011 sus utilidades netas, eran por sobre los $45.683 millones (US$90 milloneS) , un 70% más que el año anterior.
Matías Goyenechea de la Fundación Creando Salud se refirió frente a esta sanción de la Superintendencia de Salud a las Isapres Mas Vida y Cruz Blanca “Las empresas Penta, controladoras de varias isapres, están vinculadas con conglomerados políticos específicos. Recordemos que en su oportunidad se filtraron correos dictando los artículos a la ley de Isapres. Nosotros tenemos un sistema de salud que está naufragando, un modelo privado donde el eje central es maximizar la utilidad y eso está en crisis, por lo que es necesario, desde ese punto de vista, plantearse una reforma estructural, donde el eje esté en torno a la solidaridad”, argumentó.
La entidad dedicada a la salud, ligada a Revolución Democrática, aborda la situación en torno a recuperar el componente de solidaridad en la salud, que asegure el bien estar colectivo de personas, en oposiciones de las utilidades económicas,donde su vuelve necesario criticar la ostentación de estas empresas y su poder económico. Goyenechea alude que las integraciones verticales se estipulan que vienen realizandose desde el 2010 obteniendo grandes utilidades económicas.
La perdida del derecho a la salud de las personas, donde se ha llegado a considerar a la salubridad como bien de consumo, y un rentable negocio capitalista, se vuelve urgente prohibir y no permitir en Chile el negocio en la salud, partiendo de penalizar el lucro, eliminando todo tipo de pago en el acceso a prestaciones de servicios de salud primaria, hospitalaria, terciaria, abolir el pago a privados por compras de servicios, detener los negocio de las industria famaceuticas (a propósito de la colusión de precios las farmacias Cruz Verde, Salcobrand y Ahumada) con farmacias estatales y que asegure los derechos a los tratamientos medicamentosos, haciendo imprescindible expropiar sin pago y nacionalizar los laboratorios clínicos particulares.
Sabemos que, para garantizar el derecho a la salud, debemos acabar con los empresarios y los subsidios a la salud de mercado neoliberal, afectar sus ganancias para asegurar el derecho y defender la salud pública, terminar con las listas de esperas, favorecer el acceso oportuno de consultas por especialidad, a terapias y tratamiento quirúrgicos.
Es de extrema urgencia que en estas batallas contar en gran medida de la movilización de trabajadores de la salud publica y privada, pacientes, sectores sociales y políticos que busquen el ejercicio irrestricto del Derecho democrático en este país a una Cobertura Universal de Salud; una “salud para todos”.
