Uno de los hombres más cercanos al ex-presidente Enrique Peña Nieto (EPN), aparece nuevamente en bajo el señalamiento de corrupción, Luis Videgaray, quien fue coordinador de la campaña electoral y secretario de Hacienda y Crédito Público, también fue quien ejecutó la Estafa Maestra: el desvío millonario de recursos públicos nunca antes visto en México.
Jueves 19 de noviembre de 2020
Con la última acusación de parte de un ex alto secretario, Emilio Zebadúa, quien era el principal responsable de dos secretarías, Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se amplía parte de este entramado institucional de corrupción, que va desde el presidente EPN hasta rectores de universidades públicas.
La declaración de Emilio Zebadúa, lejos de ubicar a Luis Videgaray como un espectador o un cómplice entre cómplices, lo sitúa como el operador principal de lo que fue y es conocido como la “Estafa maestra”. En este engranaje de corrupción que fue desde el nivel federal hasta los gobiernos locales se desviaron 7.760 millones de pesos en el que participaron 11 dependencias del Gobierno mexicano, ocho universidades públicas y más de 50 funcionarios.
El medio Animal Político, quien tuvo acceso a dicha declaración, cita en su redacción parte de esta declaración, según Zebadúa fue una “estrategia general tanto social como político-electoral en la que participarán la mayor parte de las dependencias de Gobierno”. Desde el 2012 se establecieron los mecanismos para la canalización de los recursos públicos.
De lo que fue uno de los programas sociales estrellas del gobierno de Peña Nieto, La Cruzada Nacional contra el Hambre, resultó ser una de las piezas centrales para este mega desvío. SEDESOL y SEDATU, ambas secretarías tendrían el papel clave para coordinar esta triangulación fraudulenta de dinero, el nombre de Rosario Robles, quedaría grabado con tinta indeleble en este caso de corrupción.
De acuerdo con los reportajes y al escándalo mediático, se supo que se establecían convenios entre las secretarías federales y las instituciones educativas para que se contrataran a compañías a cambio de servicios, los cuales nunca se prestaban, ya sea porque eran convenios ficticios o porque las empresas prestadoras de servicios eran “empresas fantasmas”.
En estos dos movimientos de desvío de recursos, que se usaron para pagar deudas contraídas por la campaña presidencial de Peña Nieto, se hizo evidente que el hambre y la educación quedan subordinadas a los intereses electorales, políticos y personalistas del PRI. Solo el adjetivo perverso puede describir el jugar con el hambre y la educación del pueblo.
La corrupción no es un mal inherente a tal o cuál gobierno, es un mal congénito de un sistema de distribución de la riqueza donde unos pocos de apropian de la riqueza que producimos la gran mayoría con nuestro trabajo.
El clamor popular de justicia es entendible y necesario, sin embargo, la aplicación justicia desde las manos de la 4T aparece más como una herramienta para mantener a raya o a modo de golpeteo para la derecha, pero sin ir hasta el fondo, sin llevar la aplicación de la justicia hasta las últimas consecuencias.
La lucha contra la corrupción, así como con otros problemas como la pobreza, la explotación laboral o la opresión de género, no debe de ser piezas de cambio en el juego del poder de quien gobierna en turno. Sólo la organización independiente que entienda estos problemas como parte de un sistema y no como hechos aislados puede dar justicias a las víctimas, una organización que cuestione el tipo de gobierno y no tal o cual manejo estatal.
