Desde abajo. ¿Cuáles son los retos en la salud pública mexicana para el 2024?

Expertos en materia de salud opinan que no se pinta un buen panorama para el próximo año y los venideros si no se da prioridad y atiende esta situación en la agenda del gobierno.

Recordemos que el próximo año en México se llevarán a cabo los procesos electorales, y en eso estarán enfrascadas las autoridades, por lo que pudiéramos prever que se dejarán de lado las necesidades en materia de salud para la población y se focalizarán más en quien será el próximo presidente.

Sin embargo, los recursos están en gran medida destinados para las campañas electorales, la militarización del país, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, los avances en los mega proyectos que fueron promesas de campaña del gobierno en turno y que dejarán asentados antes de que concluya el mandato.

Mientras tanto, México invierte en salud menos del 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), con tendencia a la baja, lo que se ha dado desde hace más de 20 años. Muy por debajo del monto mínimo de inversión en salud que se recomienda a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es del 6 por ciento del PIB. Y aunque para el 2024 se dice que la inversión en el sector será del 3.4 por ciento, esto aún seguirá siendo muy insuficiente ante la crisis actual, lo que señala un panorama menos alentador aún.

Del PRI a la actualidad

Una de las políticas aplicadas en materia de salud por el PRI fue el Seguro Popular (SP), cuyo origen estuvo en abril de 2003; fue a partir de la aprobación de la reforma a la Ley General de Salud que dio inicio al Sistema de Protección Social en Salud, cuyo brazo operativo es el Seguro Popular, que entró en funcionamiento para el 2004, con el objetivo principal de garantizar el acceso integral a los servicios públicos de salud para todos los mexicanos, bajo un esquema de aseguramiento sin distinción. Sin embargo, este fue disuelto en el 2020 debido al incumplimiento de sus metas e insuficiencias.

El Seguro Popular fue sustituido después por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), ya implementado en el gobierno de la 4T, que prometía resolver los problemas eternos de los servicios de salud: falta de medicamentos, cobertura limitada, altos tiempos de espera, pocas consultas, etcétera. Pero al igual resultó un fracaso debido al déficit en las plazas del personal y falta de recursos, y fue disuelto totalmente en el mes de abril del presente año. Ahora este se sustituye por el IMSS-Bienestar.

Sin embargo, este nuevo cambio ha traído grandes y graves consecuencias para las y los trabajadores, como los contratos eventuales del personal y una serie de irregularidades que han perjudicado al sector y deteriorado sus condiciones y derechos laborales. Por esta razón, cientos de trabajadores y trabajadoras han realizado protestas en diferentes partes del país en defensa de sus derechos.

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El IMSS- Bienestar se creó para personas que no cuenta con derechohabiencia por contar con una ocupación informal. Se trata de más de 53.2 millones de personas que deberán ser atendidas en 14 mil unidades médicas y poco más de 700 hospitales distribuidos en el país, o sea, un promedio de 76 mil personas para ser atendidas en un solo hospital, los que ya de por sí se encuentran saturados, sin el personal suficiente ni los insumos necesarios.

Como vemos, ésta es una política que está muy lejos de garantizar un acceso universal y de calidad para todos y una salud al estilo “Dinamarca”, como le gusta decir al presidente.

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Si ya en nuestro presente somos participes de vivir esta crisis que hay en salud, ¿qué nos espera en los próximos años? La salud se ha convertido en negocio para el sector privado y empresas que lucran a costa de la clase trabajadora y aprovechándose de la necesidad de los más pobres, pues muchas veces no hay más opción que pagar para poder recibir atención médica.

Según datos de la Encuesta Nacional de <Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), se incrementó la proporción de personas que buscan atención médica en servicios privados, incluso teniendo alguna afiliación a servicios de salud públicos, pasando de 46% en 2018 a casi 60% para 2022.

Estas cifras crudas y la propia realidad es motor para luchar por la centralización de los sistemas de salud público y privado, para que de esta forma pueda brindarse cobertura a toda la población.

El aumento al presupuesto a la salud es urgente para mejorar las condiciones del personal médico y de sus trabajadoras y trabajadoras, y para el acceso gratuito y de calidad de la población a la salud.

Las políticas implementadas por cada gobierno en turno no han logrado abatir el problema, ni podrán hacerlo porque no es prioridad el derecho a la salud en los gobiernos bajo este sistema capitalista en decadencia. Por ello es importante la autoorganización en cada centro de trabajo del sector, para lograr que los sistemas de salud estén bajo control de los y las trabajadoras y usuarios organizados democráticamente, y no de burocracias ni de los capitalistas que se enriquecen día a día de la explotación de la clase trabajadora.