Según resolución oficial se estima que los bancos embolsarán una comisión de 0,18 % del capital y 1,3 millones de dólares para la calificadora de riesgo. Se prorroga la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros.
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Sábado 16 de abril de 2016
El Gobierno nacional oficializó ayer la designación de las entidades financieras que tendrán a su cargo la colocación de los títulos públicos para la cancelación de la deuda con los holdouts.
Se trata del Deutsche Bank, el HSBC Securities, el J.P. Morgan, el Santander, el BBVA Francés, el Citigroup y el UBS Securities, según la Resolución 134/2016 del Ministerio de Hacienda, publicada en el Boletín Oficial.
Las entidades tendrán a su cargo la colocación de bonos públicos con un tope máximo de 12.500 millones de dólares, que estarán destinados al pago de los denominados fondos buitre, luego de que el Congreso, con el aval del massismo y del FPV, derogara semanas atrás las leyes Cerrojo y de Pago Soberano.
Los bancos que participarán de la emisión percibirán una comisión del 0,18 por ciento del monto total del capital de los bonos colocados, según el artículo 3 de la medida.
En tanto, la Resolución 136/2016, también publicada ayer en el órgano de difusión de los actos oficiales, aprueba la contratación de la firma Standard & Poor’s Ratings Argentina para el seguimiento y la calificación de los títulos que el país emita para el pago a los holdouts.
Por el servicio, la calificadora de riesgo percibirá 1.300.000 dólares de honorarios hasta septiembre de 2019, divididos en pagos anuales que comenzarán a abonarse en marzo del año próximo.
La Resolución 134/2016 también incluye cláusulas de acción colectivas (CACs) que según el oficialismo reducirían el poder de los “holdouts” (aquellos acreedores que no acepten reestructuraciones), al permitir que se llegue a un acuerdo de reestructuración con una mayoría del 75 por ciento de los bonistas. Las CACs permiten a una mayoría de acreedores acordar una reestructuración de deuda a la que quedan sujetos todos los tenedores de bonos, inclusive aquellos que votan en contra de dicha operación.
Si bien la nueva cláusula de "pari passu" elimina la obligación del "trato igualitario", que fue utilizado por el juez Thomas Griesa para dictar su fallo contra la Argentina en 2012, se dispuso para la deuda que será colocada por los 7 bancos arriba mencionados una inclusión de “cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los acuerdos que se suscriban y a las emisiones de deuda pública que se realicen". Esto, según los elaboradores del prospecto (el estudio Cleary y el abogado del Ministerio de Hacienda), “de conformidad con las prácticas actuales de los mercados internacionales de capitales”.
