En el marco de la pandemia el gobierno la ha tenido clara: privilegiamos la economía por sobre la vida de millones de trabajadores, pero tras esta prioridad hay un elemento ideológico: La salud es un negocio, por lo que si queremos enfrentar la pandemia poniendo en primer lugar la salud de nuestro pueblo necesitamos terminar con este modelo al servicio de los capitalistas.

Antonio Paez Dirigente Sindicato Starbucks Coffe Chile
Miércoles 3 de febrero de 2021
A pocos meses de cumplirse un año desde el inicio de la pandemia en el país y con el primer arribo masivo de vacunas, es necesario hacer un balance de cómo el gobierno ha puesto los recursos del Estado para el resguardo de la salud de la población y cuáles han sido las principales deficiencias de la red pública de salud que ha llevado al país a liderar varios rankings en distintos momentos.
La economía primero y si alcanza la salud.
Piñera y su equipo dejaron en claro desde el comienzo que la pandemia no podía paralizar la economía. La resistencia a cualquier medida que pudiera afectar los ritmos de trabajo tuvo como consecuencia la rápida expansión de la economía que alcanzó en junio del 2020 más de 5000 casos activos y 100 muertes diarias.
El colapso de la salud pública iba de la mano con la firma de jugosos contratos con entidades privadas para abrir espacios de atención Covid que finalmente nunca se utilizaron o muy por debajo de su capacidad (espacio Riesco, Hotel O’higgins, etc).
Mientras en los hospitales las y los trabajadores pedían más insumos para poner freno al número de contagiados dentro de la primera línea del combate a la pandemia, el gobierno impuso un toque de queda totalmente inútil al igual que cuarentenas donde las familias no tenían qué comer, o cualquier empresa podía hacerse pasar por “primera necesidad” con tal de seguir funcionando. Incluso McDonalds podía estar en esta categoría.
Las ayudas sociales creadas por Briones y Sichel (Bono Covid, IFE, IMG, etc) no tuvieron ningún impacto sustancial en la calidad de vida de las personas ya que a la par la ley de suspensiones permitió a las empresas ahorrarse el sueldo de casi 1 millón de trabajadores que costearon con sus propios sueldos (hasta el día de hoy) el negocio empresarial.
Salud privada vs salud pública.
El modelo capitalista chileno basa su pilar económico en la subsidiariedad, lo que lleva a que el centro del esfuerzo económico del Estado esté en fomentar la iniciativa privada incluso si esto afecta al sistema público.
Por años los gobiernos desde el retorno a la democracia han hecho transferencias presupuestarias de la salud pública a la privada, desfinanciado la red de hospitales del país mientras entregan enormes subsidios a clínicas privadas por la atención de emergencia de pacientes que no pueden ser atendidos por el sistema público.
A su vez el negocio privado de la salud, tampoco garantiza ningún tipo de derecho para sus propios trabajadores que sufren las mismas malas condiciones laborales que cualquier otro trabajador del área privada, sin capacidad de sindicalización y negociación colectiva, presión que se ha agudizado en el marco de la pandemia donde el “deber ser” del trabajo de salud se ha impuesto como un deber moral de posponer cualquier reclamo salarial para más adelante.
De conjunto estos factores tienen al límite la red asistencial, cuestión que se ha visto recrudecida por el reciente incendio del hospital San Borja Arriarán, que sacó de la red más de 500 camas en la región metropolitana y que según información de las autoridades no estará disponible por varios meses.
Una respuesta desde la clase trabajadora a la actual situación.
Este año las principales fortunas del país incrementaron aun más su dinero, mientras el gobierno dice que no hay plata, los ricos se hacen más ricos a costa de nuestro sufrimiento. Es urgente que la clase trabajadora y los sectores populares luchemos contra este gobierno criminal que no le importan las muertes del pueblo mientras puedan asegurar el negocio de unos pocos.
Necesitamos un plan de emergencia para enfrentar la crisis, un plan que parta con la instalación de un impuesto progresivo a las grandes fortunas, para entregar todos los recursos necesarios a las y los trabajadores de la salud pública para que puedan combatir la pandemia, es necesario la creación de una red única de salud, que unifique el sistema privado y el público en uno solo y esté bajo control de sus propios trabajadores, ya no se puede seguir tolerando que los empresarios de la salud lucren con el sufrimiento de nuestras familias.