Crisis Económica. Cuarentena obligatoria: millones de trabajadores independientes no podrán llegar a fin de mes

En la Argentina, debido a las leyes noventistas de flexibilización laboral -sostenidas por todos los gobiernos-, y los altos niveles de desocupación, las condiciones de trabajo precario abundan y son heterogéneas.

Según los datos del INDEC, son 5.259.000 los trabajadores no asalariados o por cuenta propia. Se trata del 25% de los 20.685.000 de ocupados en todo el país. Vendedores ambulantes, los que tienen un oficio, trabajadores en relación de dependencia encubierta (monotributistas), entre muchos otros. Todos verán disminuir sus ingresos o directamente no obtendrán ni un sólo peso mientras dure la cuarentena.

Si para la mayoría de ellos (y sus familias) poder comer todos los días ya era un desafío por el estado de la economía en los últimos años, la situación actual los está llevando a la imposibilidad de mantenerse.

El trabajo “independiente” tiene dos categorías ante la Seguridad Social: los monotributistas, que hasta diciembre eran 1.635.000 personas, y los autónomos, que según el último dato oficial eran 398.000. Esos son los registrados, los demás ni siquiera pueden pagarse los aportes y constituyen el 61% restante. Junto a los trabajadores en negro y tercerizados que están sufriendo despidos, son los más afectados por la cuarentena total. Una medida que se toma sin haberse realizado antes un testeo masivos a la población, lo que podría haber tenido una mejor visión de la situación de contagio.

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El monotributo es usado, tanto en el sector privado como público, para evitar la contratación formal y así no otorgar derechos laborales mínimos. Esto permite que con facilidad los trabajadores sean despedidos, se paguen salarios más bajos o no tengan vacaciones pagas. El Estado, al mismo tiempo que dice buscar terminar con esta práctica, la aplica en sus propias dependencias. Es una de las formas que pueden utilizar para descargar los costos de crisis como la actual sobre los trabajadores.

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Según la reglamentación del Decreto de Necesidad y Urgencia realizada por el Ministerio de Trabajo, en los casos en que el trabajo se realice en aislamiento fuera del lugar habitual “las sumas percibidas tendrán carácter no remunerativo, excepto para los aportes y contribuciones de Salud” (obras sociales, PAMI). Esto quiere decir que el empleador no deberá pagar el aporte del trabajador para la jubilación (que normalmente está incluido en el sueldo bruto) y tampoco deberá pagar la contribución previsional patronal.

El monotributo viene de aumentar el 51% a comienzos de año y la inflación no deja de destruir el poder de compra de los sectores de menores ingresos. Alberto Fernández prometió nuevas medidas en la conferencia de prensa del miércoles, pero hasta ahora no sólo no tocó los ingresos de los empresarios, sino que siguen siendo los principales beneficiados.

¿Por qué el Estado en vez de pagar por los empresarios los aportes jubilatorios no destina ese dinero a los trabajadores que vean recortados sus ingresos durante la cuarentena? Incluso, sin la prohibición de los despidos, consigna impulsada por la izquierda, nada garantiza que las patronales además de ahorrarse las cargas patronales por un periodo considerable no decidan avanzar con despidos masivos. Esto sólo empeoraría la situación de los trabajadores que ya comienzan a sentir el impacto de la crisis económica desatada a partir del coronavirus, de gran alcance global.

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