Frente al descalabro sanitario, los miles de contagios y los fallecimientos, sectores políticos del oficialismo y de la oposición se debaten entre, si aplicar una cuarentena obligatoria o una “libertad responsable”. ¿Cuál es la salida para las mayorías populares más allá de estas dos posturas?
Jueves 13 de mayo de 2021
Luis Lacalle Pou en conferencia de prensa, Torre Ejecutiva, octubre 2020.
Foto Ernesto Ryan. La Diaria.
Asociaciones de profesionales y sectores políticos diversos e intendentes departamentales vienen solicitando al gobierno nacional la necesidad de tomar mayores medidas para reducir la movilidad y, por tanto, la circulación del virus.
Quienes sostienen que es necesario aplicar cuarentenas obligatorias, toman el ejemplo de varios países del mundo donde se han impuesto aislamientos, confinando a la población a sus viviendas y estableciendo toques de queda y otras medidas represivas. Sin embargo, en estos países no se evitó caer en la segunda ola de la pandemia.
Por otro lado, el gobierno uruguayo y los sectores que integran la coalición multicolor, sostienen la “libertad responsable”, casi como un valor “moral” de defensa de la libertad, cuando en realidad la única libertad que se defiende es la económica y de mercado. El presidente Luis Lacalle Pou dice, cínicamente, “si fracasa la libertad responsable, fracasa la humanidad”. Por nada del mundo el gobierno quiere parar la economía, pero termina poniendo en riesgo la salud y la vida de quienes se ven obligados a trabajar en plena pandemia. Traslada así la responsabilidad en una cuestión individual bajo el lema de que "con el cuidado personal, ayudamos a cuidarnos entre todos".
¿Quiénes pueden quedarse en casa?
Las cuarentenas implican un confinamiento de la población, y un control estricto de la circulación en la vía pública y en los medios de transportes público. Van acompañadas con el reforzamiento del aparato represivo y judicial, como los toque de queda y las restricciones de permanencia en los espacios públicos, circunstancias en donde, en la mayoría de los casos, se violan los derechos más elementales y son el campo propicio para la violencia policial y los casos de gatillo fácil.
Para los sectores de la clase media y alta, constituye una posibilidad de “quedarse en casa”, de realizar sus tareas desde la comodidad de su hogar, con calefacción, buena conexión a internet y todos los dispositivos informáticos a disposición. Si tenés una casa con varios ambientes, con buena conexión “hasta en el baño”, y si contás con una cuenta abultada en el banco como para pagar las compras en el supermercado con tarjeta, la cuarentena “es una papa”.
Para los sectores trabajadores registrados y cuyas tareas pueden realizarse a través del teletrabajo, la cuarentena es un alivio porque implica una disminución en el riesgo de contagio ya que evita que el traslado hasta el lugar de trabajo. Pero al mismo tiempo que sucede esto, también recluye en el hogar a niñas, niños y adolescentes, por lo que muchas veces las instalaciones de una vivienda tipo no dan para que, en simultáneo, varias personas puedan conectarse y sostener sus actividades on line. Además, la actividad en forma remota requiere mayor concentración y sortear obstáculos que en la oficina o en la escuela se resuelven más fácilmente.
Ni hablar de las consecuencias del confinamiento para mujeres que viven situaciones de violencia en sus hogares, sumado a la sobrecarga en las tareas de cuidados. O el impacto en las infancias en contextos violentos o de graves carencias habitacionales y/o alimenticias, a quienes les cuesta horrores mantener un vínculo con el sistema educativo.
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En los trabajos no se cumplen los protocolos
Varios son los relatos, tanto en instituciones públicas como privadas, donde no se han cumplido los protocolos ni se han respetado las medidas mínimas para no exponer a la población trabajadora.
En el Programa de Mejoramiento de Barrios, que depende del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (PMB-MVOT) no se han cumplido los protocolos que eximen de concurrir presencialmente a la población mayor de 60 años o a quienes una población de riesgo. Así fue que obligaron a su plantilla laboral – ya reducida a fines del año pasado – a concurrir presencialmente, hasta que se constató un brote del virus y se contagiaron varias personas. Una de ellas falleció al poco tiempo, y otra contagió a su familiar, que tenía cáncer, y también falleció.
En los refugios del MIDES para personas en situación de calle existieron varios focos de contagio debido a la falta de prevención y de insumos, donde no había ni siquiera hipoclorito para lavar los baños, lo que llevó a que tanto funcionarios como usuarios y usuarias del refugio se contagiaran, afectando de conjunto el servicio.
En las empresas privadas se han constatado casos positivos, y las patronales han obligado al resto del personal a continuar trabajando presencialmente, constatándose luego un aumento de contagios.
En el Frigorífico Canelones ha tenido que haber una muerte de un trabajador para que la patronal multinacional se vea obligada – por un paro realizado por sus trabajadores – a implementar la rotación de cuadrillas para evitar mayores contagios.
Nadie quiere salir a la calle en pandemia
Por supuesto que nadie quiere salir a la calle y exponerse a contagiarse o contagiar a su familia, pero no todas las personas podemos hacer uso de una supuesta “libertad responsable” si nuestros jefes o patrones nos obligan a trabajar, y a tener que usar el transporte público atestado de gente.
Por otro lado, mientras se restringe la vida social, el esparcimiento y la cultura, reprimiendo y dispersando núcleos de gente en plazas y parques, el gobierno mantiene abiertos los shoppings, los free shops y los casinos.
La pandemia ha demostrado dramáticamente el nivel de precariedad de los trabajos y de los ingresos de un importante sector de la clase trabajadora, un sector que no puede “darse el lujo” de quedarse en casa, ni ejercer una “libertad responsable”. Si se quedan en casa, directamente no comen, como sucede con los miles de desocupados desde marzo de 2020 a la fecha.
“Cuarentena obligatoria” o “libertad responsable”: dos falsas soluciones
Además de que nunca podría haber una cuarentena total, porque hay sectores esenciales que deben seguir operando, la cuarentena obligatoria solo genera un control represivo sobre la población, y más restricciones y penurias a los sectores informales de la economía, si no se les garantiza un ingreso que cubra la canasta familiar.
Pero el supuesto ejercicio de una “libertad responsable” no es más que un verso neoliberal para culpar a los individuos de la propagación del virus, eximirse de la responsabilidad gubernamental y evitar que las empresas deban restringir sus actividades y no ganen tanto como quisieran. O sea que es una postura claramente por empresarial.
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Una salida de las y los trabajadores a esta crisis
Si la clase trabajadora no impone los mínimos cuidados en los lugares de trabajo y si no cuida su vida y la de los suyos, nadie lo hará.
Para poder quedarnos en casa, debemos tener asegurado un ingreso mínimo que cubra la canasta familiar, y esto lo podemos concretar afectando la ganancia de quienes más tienen: los bancos, las multinacionales, los agroexportadores, las grandes cadenas de supermercados, etc. Ellos no solo se han venido beneficiando en los últimos años, sino que inclusive en plena pandemia han ganado fortunas. De ahí hay que sacar la plata, junto con la suspensión del pago de la deuda externa, e invertir todos esos fondos en cubrir las necesidades de la población trabajadora y popular.
La represión policial, la militarización de las fronteras y otras formas represivas no detienen la propagación de la pandemia. La detiene un mayor presupuesto a la salud, la compra de vacunas y liberación de las patentes. Se evita la propagación del COVID-19 si no somos empujados a tener que ir a trabajar en un transporte repleto de personas y en lugares de trabajo en condiciones donde ni siquiera se respeta el distanciamiento físico recomendado. Se pueden evitar las muertes por coronavirus si se cuida a la población de riesgo no exponiéndola a tener que trabajar para poder sobrevivir.
Para el gobierno y los empresarios, estos pueden ser “daños colaterales”. Para nosotras y nosotros, son las vidas de nuestros seres queridos.
¡Nuestras vidas valen más que sus ganancias!