Coronavirus. Cuarentena y represión en Bolivia: una amenaza a los más humildes

Bolivia es uno de los países donde la economía informal es una de las fuentes principales de ingreso para millones, de hecho, un estudio que el FMI hizo un par de años atrás concluye que es el país con mayor economía informal en el mundo. Esto significa que la mayoría de la gente que trabaja en actividades de comercio, servicios, industria o transporte, entre otras ramas, lo hace por cuenta propia.

Las autoridades del Gobierno golpista como el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, instan a que la gente tome “conciencia” de la pandemia para acatar la cuarentena, diciendo que es la “estupidez” lo que ocasiona que la gente no acate la misma. Sin embargo, ellos ignoran deliberadamente la realidad de la economía informal a la hora de imponer esta medida.

Son ellos quienes deberían tomar conciencia de que al obligar a acatar la cuarentena, amenazando con cárcel y multas, a toda la gente por igual sin tener en consideración sus medios de vida están condenando a la mayoría de la población a la miseria. Hay que decir que incluso un candidato del espectro golpista pero más moderado como Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, ha tenido que pronunciarse y señalar que no sería recomendable el estado de sitio en un país donde apremia la informalidad.

Por su parte el candidato del MAS, Luis Arce Catacora, llegó más lejos al proponer la prohibición de despidos así como que el Estado debe garantizar el pago de los alquileres y una canasta alimenticia para los sectores más humildes de la población al tiempo que rechazaba la posibilidad de un estado de sitio y la postergación de las elecciones del 3 de mayo.

Lo cierto es que en el actual escenario mientras algunos pueden trabajar desde sus casas, con la seguridad de un sueldo fijo y con los servicios básicos garantizados, internet incluido, la mayoría de las y los trabajadores en nuestro país necesitan del espacio público para poder realizar su trabajo. Ferias y mercados son puntos neurálgicos de movimiento económico en las ciudades. Por otro lado, en el área rural, la gente debe salir a trabajar el campo para cosechar sus propios alimentos y luego cambiar su excedente en los mercados cercanos para tener otros productos de primera necesidad. Si hay algo que este virus ha desnudado por completo son las desigualdades que el capitalismo ha ido profundizando: desigualdades económicas, pero también de acceso a recursos básicos y de acceso a la información.

Mientras en las ciudades podemos seguir las normas básicas de prevención del virus como el lavado de las manos varias veces al día, 3 mil millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable, según datos de la ONU. Mientras algunos podemos llevarnos el trabajo a casa temporalmente, para mucha gente el no salir a vender o no ir al campo un día a trabajar significa no comer. Mientras en las ciudades estamos sobre informados a través de las redes sociales y todos los medios audiovisuales a nuestra disposición, en la zona rural y las periferias urbanas pocas personas tienen acceso a la información veraz y oportuna. Las desigualdades se vislumbran de una manera mucho más clara entre el campo y la ciudad, y entre el centro y las periferias dentro de las mismas ciudades y más en una situación como esta. Tampoco podemos dejar de lado a toda esa masa migrante del campo a la ciudad que, en busca de mejores oportunidades, ahora se encuentra en una situación aún más vulnerable exponiéndose a mayores riesgos de contagio.

Foto: ACLO

Ignorar toda esa realidad intencionalmente, criminalizando a los sectores que protestan contra estas medidas, como hacen las autoridades y los sectores racistas, clasistas y privilegiados, es criminal. Además, se toman el atrevimiento de lanzar amenazas, como hace el ministro de Gobierno, de poner en estado de sitio a los lugares donde no se acate la cuarentena, entiéndase por estos, las zonas donde salir o no a trabajar es una cuestión de vida o muerte, como en sectores de El Alto, Sacaba, Quillacollo o Plan 3000.

Se les otorga mayor poder a las fuerzas represivas, policías y ejército, fortaleciendo su rol de control sobre la población ocasionando atropellos a los derechos humanos. Se conoció el caso de un productor de durazno que con lágrimas en los ojos comentaba que ayer fue detenido en Tarija por policías y que le quitaron su vehículo y productos que había comprado con su venta del día para llevar a su casa. Al no poder cancelar la multa de 500 Bs. que le pedían los policías, tuvo que volver a pie hasta su casa que quedaba en la zona rural.

Los “sacrificios” que la presidente golpista, Áñez, cínicamente dice que debe hacer por el “bien de todos”, son en realidad una condena a los sectores más desfavorecidos de la población. ¿Y para qué?, una cuarentena en sí misma no nos garantiza una lucha efectiva contra el virus, lo que se debe hacer es acompañar esta medida con test masivos para determinar quiénes son los portadores del covid-19 y aislar a la población que es de riesgo para poder asignar mejor los recursos y para que las condiciones de aislamiento social y de bioseguridad tengan efectividad. Mientras los esfuerzos estén enfocados en sacar al ejército a las calles más que en priorizar la realización de estos test, que además es lo que recomienda la OMS, establecer una cuarentena sin medidas de protección social eficientes significa sacrificar la vida de cientos de personas para nada, impidiéndoles salir a ganarse el pan.

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A esta situación nos ha arrastrado todo el sistema capitalista que, de la mano de los gobiernos de turno, han priorizado las ganancias de pequeños grupos privados y el ejército, por sobre el fortalecimiento de los sistemas de salud, y ahora ponen esta crisis en la espalda de las y los trabajadores.

Ante esta situación, demandamos medidas reales para afrontar esta crisis, exigimos que se empiecen a hacer los #TestMasivosYa y que se tomen medidas reales para paliar las pérdidas económicas que sufrirán todos los trabajadores en el país. Repudiamos la violencia contra los sectores vulnerables y repudiamos por completo la criminalización de la pobreza que impulsa el Gobierno con la venia del clero, de lo sectores empresariales y de las clases medias racistas y clasistas.

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