Cuatro años han transcurrido desde la revuelta social del 2019, un proceso que llevó a millones de trabajadores, mujeres y jóvenes a salir a las calles para reclamar sus derechos. La respuesta del Estado fue una represión salvaje que asesinó, mutiló y encarceló a miles de manifestantes. Hoy a cuatro años de eso, lo único que se preservó fue la impunidad del actuar de las policías y el ejército que ahora pareciera ser protegidos por fiscalía y tribunales.
Sábado 21 de octubre de 2023
Octubre del 2019, por casi una semana cientos de jóvenes mantienen manifestaciones en las estaciones del metro protestando por el alza del pasaje. Entre el 17 y 18 de octubre el gobierno de Piñera toma la decisión de sofocar la protesta, que venía al alza, a través de la represión.
La jornada del 18 de octubre generó un enorme impacto en todo el país, las imágenes de la represión, con una policía totalmente descontrolada, generó tal indignación que fueron millones de personas a lo largo del país que salieron a las calles a responder.
Mientras Piñera comía pizza en el barrio alto, Santiago se llenó de barricadas diciendo basta. El presidente, seguro enojado por la interrupción de su celebración, ordenó la salida de los militares. Los días siguientes la protesta se extendería a nivel nacional y con la ayuda de las redes sociales, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos comenzaron a salir a la luz.
Solo durante los meses de octubre y diciembre del 2019 se reportaron 23 muertes atribuibles en algún grado a la acción policial, consta en registros oficiales más de 3000 manifestantes heridos producto del accionar de policías, fuerzas armadas y la PDI. Según cifras de los hospitales públicos del país, se atendieron 1986 personas heridas por proyectiles, 78% por perdigones disparados por agentes del Estado. A diciembre el número de afectados con algún daño ocular (estallido, lesión, pérdida o trauma) ascendía a 400. La BBC habló de “epidemia” de lesiones. Este hecho, que dió la vuelta al mundo, no fue casual, fue una acción premeditada por parte de los agentes del Estado como mecanismo de amedrentamiento y daño directo contra quienes salieron a manifestarse.
El saldo de todo el proceso involucró más de 6000 manifestantes detenidos, 28 mil efectivos militares en las calles, miles de querellas y denuncias en fiscalia y tribunales por detenciones ilegales, tortura y apremios ilegítimos, homicidio calificado, violacion, violencia sexual, abusos sexuales, lesiones por golpes, etc. Todas denuncias que con el tiempo fueron cerradas administrativamente por parte de los tribunales al encontrarse “sobrepasadas” y que según constató el medio CIPER quienes eran responsables de las investigaciones prefirieron focalizar las más emblemáticas y el resto archivarlas.
Ahora que la derecha pretende reescribir la historia y que ha adoptado la falta tesis de un supuesto “golpe de estado no convencional” cabe recordarles los crímenes que les fueron imputados a los responsables materiales de las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que han tenido la gracia por parte de la institucionalidad y perpetuar la impunidad de quienes las cometieron y también para los responsables políticos de las mismas.
Las denuncias en cifras
Decíamos anteriormente que durante todo el periodo que duró la revuelta, la policía no dudó en disparar al rostro de los manifestantes. Casos emblemáticos son los de la actual senadora Fabiola Campillay, que por lo demás sigue siendo atacada por grupos de la ultra derecha, o el de Gustavo Gatica.
Pero bajo esos casos emblemáticos hay más de 300 denuncias por torturas y 70 por abuso sexual ejercidas por agentes del Estado. La Defensoría Jurídica de la U de Chile recibió más de 1500 denuncias por apremios ilegítimos, 162 denuncias por lesiones por golpes propinados por uniformados, 8 atropellos intencionales por vehículos policiales, 71 denuncias de detenciones arbitrarias. De conjunto, solo este organismo presentó 444 denuncias ante el ministerio público.
La Fiscalía Nacional, solo en el mes de octubre, reportó 1089 casos de “violencia institucional”. 770 por apremios ilegítimos, 267 por abusos policiales, 24 por torturas. De los denunciados, 766 eran carabineros, 58 miembros del Ejército, 22 de la PDI y 8 de la Armada. Finalizado octubre de 2019, había 840 agentes del Estado denunciados.
A julio del 2023 de todas estas denuncias solo 45 funcionarios policiales y 3 militares fueron condenados por los tribunales, los fallos fueron por causas gravísimas como torturas (7), homicidio (4), apremios ilegítimos (26) entre otros. Además, hasta dicha fecha, seguían siendo procesados más de 150 integrantes de las FFAA, Carabineros y la PDI.
Por último la Justicia emitió, además, 21 sobreseimientos definitivos y 11 sentencias absolutorias
En la gran mayoría de las condenas, los tribunales optaron por no dar penas de cárcel a los agentes del Estado y remitir penas o dar condenas tan bajas que los condenados puedan cumplirla en sus hogares o en libertad.
Los presos de la revuelta
En el otro lado de la vereda, la fiscalía imputó a aproximadamente 2500 manifestantes por diversos tipos de faltas, delitos menores o mayores. De estos solo en el 2020 habían más de 600 en las cárceles del país. En la enorme mayoría de los casos, los tribunales utilizarían la prisión preventiva contra los imputados mientras los juicios se alargaban casi indefinidamente.
A noviembre del 2021, según un informe de Gendarmería, los detenidos por causas relacionadas con la revuelta social sumaban 144 personas solo por prisión preventiva y a comienzos del 2022 dicha cifra había bajado a 70, de los cuales 63 se encontraban en prisión preventiva y 7 estaban cumpliendo pena. Durante dicho año además a 50 de ellos se les cambió la prisión preventiva por domiciliaria y 18 tuvieron que cumplir condena en prisión.
El abuso de la prisión preventiva llegó a absurdos como el caso de un joven de 24 años que cumplió 761 de prisión por extensión de la investigación o casos como el de una mujer que pasó 1 año en prisión y fue condenada a 60 días de cárcel por un saqueo.
Las denuncias de los organismos de Derechos Humanos en el uso y el abuso de la prisión preventiva por parte de los tribunales como una acción de castigo contra los imputados fue rechazada por decenas de abogados penalistas y organismos internacionales.
A comienzos del 2023, Boric decidió otorgar 12 indultos a presos del Estallido pero dejó a una veintena fuera y solo tomó algunos de los más emblemáticos.
Ahora, a solo días de un nuevo aniversario del 18/O, el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Nicolas Piña a la pena de cumplimiento efectivo de siete años de presidio, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
Desde la defensa señalan que durante el proceso judicial se demostró la ilegalidad del procedimiento de un grupo del OS9 de Carabineros, denominados “Intramarchas” quienes sin autorización ministerial, ni judicial, vistiendo de civiles y actuando violentamente, se infiltraron en las manifestaciones para obtener pruebas hacia futuros proceso judiciales, mediante las detenciones arbitrarias a los manifestantes.
En este caso, dichas pruebas obtenidas ilegalmente al no haber orden judicial previa, tampoco demostraron la participación en los hechos por parte de Nicolás. Especialmente en el resultado negativo en la prueba de hidrocarburo en sus manos y vestimentas. A la vez, esas imágenes tampoco demuestran una continuidad de los hechos donde se vincula a Nicolas. Es decir, la única prueba que se sostiene son los testimonios de las fuerzas de carabineros, las cuales a la vez presentaron contradicciones e inconsistencias.
A cuatro años de la revuelta, sigue sin existir justicia. El país sigue viendo cómo se ha garantizado la impunidad para los violadores de derechos humanos de ayer y hoy, mientras quienes salieron a manifestarse han pagado con persecución, encarcelamiento y la falta de justicia en casos terribles como el de Romario Veloz, Kevin Gomez, Manuel Rebolledo, Alex Nuñez, Abel Acuña, Mauricio Fredes, Jorge Mora, Ariel Moreno, Cristian Valdebenito entre tantos otros.
