El gobierno de Ollanta Humala primero militarizó el pueblo de Chalhuahuacho en el sureste del país con más de 1.500 policías y militares y luego reprimió salvajemente una manifestación que exigía garantías medioambientales al mega proyecto minero Las Bambas.
Jueves 1ro de octubre de 2015 11:53
El ataque a los manifestantes del lunes 28/9 incluyó balas de plomo que terminaron con la vida de 4 manifestantes. Además hubo 16 heridos y alrededor de 80 detenidos.
El conflicto había estallado el viernes cuando las organizaciones campesinas lanzaron un paro por tiempo indefinido con cortes de ruta en las provincias de Cotabambas y Grau (región de Apurímac). Exigían que la empresa china MMG presente estudios de impacto ambiental. Tras la represión, el gobierno llamó “a la calma” mientras declaró el estado de sitio en seis provincias de la región provocando nuevos desalojos violentos de las rutas durante el día martes. Por su parte, las organizaciones convocantes del paro, anunciaron una “tregua” para intentar negociar.
El gran negocio minero Pero el conflicto de Las Bambas, el proyecto minero a cielo abierto más grande del país, es solo la punta del iceberg. “El primer reporte mensual de conflictos sociales en Perú, elaborado en 2004 por la Defensoría del Pueblo, incluía 41 hechos, de los cuales solo dos eran desavenencias entre comunidades y empresas mineras. En el último año, ha habido un promedio mensual de 210 conflictos, el 45% relacionado con la minería” (El País, 30/9). Estas cifras van de la mano del aumento exponencial que ha tenido la industria minera y que explicó el importante crecimiento económico en la última década. Prácticamente toda la región andina del país ha sido concesionada a los grandes monopolios mineros que concentran el 60% de las exportaciones del país. Perú se convirtió en el tercer exportador mundial de cobre y sólo Las Bambas producirá 400.000 toneladas anuales del metal.
La mayor parte tiene como destino China, el principal consumidor mundial. Estos grandes intereses capitalistas van de la mano del empobrecimiento cada vez mayor de estas regiones y de los desastres ambientales. No es casualidad que Apurímac sea la región más carenciada del país. La militarización y la represión también son su consecuencia directa.
