Integrantes del Grupo de Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (VIDA) encontraron 4,000 restos óseos más en el Ejido Santa Elena, en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Fue los pasados 11 y 12 de febrero.
Miércoles 15 de febrero de 2017
El Ejido de Santa Elena, en el municipio de San Pedro de las Colonias cuenta apenas con una extensión de unos 10 por 9 metros y fue descubierto por la Procuraduría de Justicia del estado, la cual dio aviso al colectivo.
En apenas ocho excursiones han recabado alrededor de 9,700 fragmentos óseos y cientos de casquillos de armas de fuego. Silvia Ortíz, integrante del colectivo y madre de Silvia Estefanía Sánchez Viesca -desaparecida desde finales del 2004-, solicitó el apoyo de familiares de desaparecidos para ayudar a identificar los restos mediante pruebas de ADN.
Sin embargo, la Policía Científica de la Policía Federal tardará muchos meses en realizar las pruebas para identificar los restos, hasta tres meses, como denunciaron el año pasado integrantes de VIDA. Este tiempo se alarga cuando los restos óseos además han sido dañados mediante trituración o baños en ácido.
Desde VIDA y junto con el Gobierno de Nuevo León se buscará coordinar los resultados que arrojen las pruebas de ADN en los restos óseos con familiares en búsqueda de sus desaparecidos en esa entidad.
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Al “campo de exterminio” con casi 4,000 restos óseos en el Ejido de Patrocinio cerca de Torreón ahora se suman el ejido de Santa Elena y la Estación Claudio como prueba fresca de la profunda descomposición y violencia desatada tras una década de guerra contra el narco.
En la Estación Claudio de aproximadamente tres hectáreas, en el municipio de Viesca, Coahuila, encontraron los primeros más de un millar restos óseos de la región a finales del 2016. Esto debido a que la lluvia destapó la fosa clandestina. Cerca de ésta, en tan sólo 100 metros cuadrados de territorio “peinado” por el equipo de búsqueda, encontraron miles más, sumando alrededor de 5 mil restos óseos.
Guerra contra el narco y militarización
La guerra contra el narco como medida para “garantizar” la seguridad y combatir al crimen organizado impulsada desde EEUU a través del financiamiento otorgado con la Iniciativa Mérida ha tenido devastadoras consecuencias en México. Fueron cientos de miles las personas asesinadas, desapariciones forzadas, torturas y desplazamientos forzados fueron su consecuencia.
Mientras los agentes estadounidenses intervienen en territorio mexicano y tienen derecho a portar armas y usarlas, en los últimos años, en especial desde la masacre de Iguala en 2014, se han hecho públicos múltiples casos de asociación entre las fuerzas represivas del Estado y los cárteles del narcotráfico.
El despliegue militar en México tuvo como propósito mantener a raya el descontento y la movilización. Fue una respuesta reaccionaria del gobierno al pico de lucha del 2006 con el movimiento anti fraude, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la Otra campaña.
Es así que el movimiento de víctimas en todo el país ha encabezado la denuncia frente a las consecuencias devastadoras de la militarización y la guerra, encontrando poco diálogo con el gobierno y la aprobación de una Ley de Víctimas que busca “reparar” un daño irreparable que a nivel social expresa la descomposición de este régimen político.
Porque #Fue el Estado una y otra vez, de la mano con el gobierno estadounidense, la demanda de desmilitarización inmediata debe ser abrazada por jóvenes, mujeres y trabajadores en todo el país.
