Esta vez las condenas emitidas este 14 de febrero fueron por cargos de sedición, uno de los más fuertes en el Código Penal, donde 20 participantes en las protestas del 11 de julio de 2021 fueron condenados a altísimas penas que llegan a alcanzar 20 años de cárcel. Entre los condenados, cinco serían menores.
La Izquierda Diario @izquierdadiario
Miércoles 16 de febrero de 2022 10:23
En total, más de 790 personas que protestaron el 11 de julio, incluidos 55 menores de 18 años, han sido acusados en relación con las protestas, y otros 172 ya habían sido condenados antes de los que lo acaban de hacerse en Holguín, según los tribunales. Estos juicios de febrero con fuertes condenas se suman a otros que fueron realizados entre julio, octubre, diciembre y enero en los que las condenas han variado desde multas hasta dictámenes entre 14 y 30 años de cárcel.
Desde esa histórica jornada de movilizaciones del 11 de julio, se ha producido un profundo giro represivo por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel que detuvo violentamente a alrededor de 1300 manifestantes (durante las protestas y en los días posteriores), 800 de los cuales siguen en prisión sin juicio.
Las recientes nuevas condenas por sedición son parte de un fallo del Tribunal Provincial de Olguín, el cual representa la primera sentencia conjunta contra los manifestantes del 11J por ese cargo que implica automáticamente altas condenas.
Destaca que no hay un solo acusado que haya sido declarado inocente. Las condenas a aquellos mayores de edad, oscilan entre los 5 y los 20 años, aunque la mayoría de estos pasarán más de 12 años tras las rejas. Los cinco menores de edad estarán 5 años encarcelados. Cabe mencionar que las penas solicitadas por la fiscalía eran aún más elevadas: en el caso de los menores de edad, de hasta 18 años de reclusión.
Algunos activistas denunciaron que varios de los condenados fueron llevados directamente a prisión tras la lectura del fallo, pese a que la sentencia fijaba que podían quedar en libertad bajo fianza hasta el momento de la apelación. La Justicia cubana no difundió públicamente estas sentencias y los medios oficiales no informaron sobre el fallo.
Además de las denuncias que familiares y activistas han presentado por fabricación de pruebas y penas excesivas, hay que mencionar que después de la condena, todos fueron llevados directamente a la prisión, cuando según la misma sentencia podían obtener la libertad bajo fianza en tanto se realizase el proceso de apelación, que ahora deberán llevar a cabo tras las rejas.
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El argumento de la Fiscalía General de Cuba es que toma la decisión de acusar por sedición por "el nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas" y "de manera tumultuaria" tuvieron el "deliberado propósito de subvertir el orden constitucional" y, como resultado la "perturbación grave del orden público". Pero a lo que hace el gobierno cubano imponiendo altísimas penas es por el simple derecho a protestar, buscando aplacar cualquier nuevo atisbo de manifestación.
Las autoridades judiciales cubanas no acostumbran a informar sobre los procesos legales, sobre los que tampoco reportan los medios oficiales. Los juicios no son públicos y no hay información al respecto por falta de transparencia y en muchos casos los abogados no tienen acceso al proceso, de acuerdo a las denuncias de activistas.
Recalquemos que el pasado 11 de julio se produjeron en Cuba las mayores protestas antigubernamentales en décadas, unas manifestaciones espontáneas y masivas ligadas a la grave crisis económica que atraviesa el país y las políticas de la burocracia gobernante como fue el plan de ajuste y apertura económica Tarea Ordenamiento.
El procesamiento y los procesos judiciales contra casi 800 personas, así como terribles y severas penas que incluyen estos cargos de “sedición” como respuesta al simple hecho de manifestarse, muestran el carácter represivo del gobierno cubano de Díaz-Canel, que viene impulsando medidas económicas y sociales profundamente antipopulares, como la Tarea Ordenamiento, contra cuyas consecuencias se realizaron las movilizaciones del 11 de julio.
En este sentido los juicios que han comenzado en Cuba, el hermetismo con los que se llevan adelante y las condenas de hasta 30 años, son un mecanismo aleccionador de parte del Gobierno en la búsqueda de amedrentar a los manifestantes que como el 11 de julio de 2021 salieron a las calles contra una situación social y económica insostenible.
Desde la Red internacional de La Izquierda Diario nos manifestamos contra la represión y juicios sumarios en Cuba, estamos por el derecho a la protesta y por la libertad inmediata y plena de todos los detenidos de las protestas del 11 de julio.
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