Sinaloa. Cuén y Peralta: Espionaje gubernamental y derechos humanos

El grupo señalado fue definido por el Secretario Inzunza como “orejas” del director de gobierno en turno. El asunto fue expuesto en la conferencia “semanera” del gobernador Rocha supuestamente en congruencia con la agenda de derechos humanos que tiene el nuevo gobierno de la 4T.

Inzunza, además, aseguró que “no se invertirá un solo centavo del presupuesto público para entrometerse en la intimidad de ningún actor político”.

Que el funcionario haya mencionado explícitamente la intromisión en la intimidad de opositores políticos no fue casual. Al menos dos figuras de oscura trayectoria que integran el gabinete del actual gobierno o lo apoyan en “comisiones” metalegales/fácticas, han sido señalados por llevar a cabo estas prácticas en contra de activistas políticos de izquierda.

Juego de espías: Héctor Melesio Cuén Ojeda y Ricardo Peralta Saucedo

Dichos personajes son el cacique universitario Héctor Melesio Cuén Ojeda —actual Secretario de Salud del gobierno morenista—, y Ricardo Peralta Saucedo, quien ha sido señalado de corrupción cuando ocupó funciones en aduanas en 2019. Posteriormente fue nombrado subsecretario de gobernación en mayo de 2020, puesto del que renuncia súbitamente en agosto del mismo año.

Peralta, a decir de la periodista Anabel Hernández, se jacta de haber llevado a cabo la labor de comisionado fáctico para negociar la “pax narca” en el Estado de Sinaloa .

Sin embargo, obtener la pacificación del país a través de la negociación con narcotraficantes es un mito propagado desde el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador con su famosa frase “abrazos, no balazos”, el cual se derrumba por los acontecimientos del “culiacanazo” los cuales deben ser leídos en el contexto de las presiones del imperialismo yanqui y la estrategia política-militar del gobierno de la 4T.

Pero volviendo a los personajes en cuestión. El cacique Melesio Cuén ha sido acusado de implementar prácticas de espionaje y campañas de difamación en contra de periodistas críticos así como de trabajadores y estudiantes democráticos de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de medios digitales que funcionan a su servicio.

Se relacionó a Cuén en 2016 con un espía profesional de nombre Juan Manuel Zarco Bernal, el cual trabajó para las administraciones priistas de los gobiernos estatales de Juan S. Millán y Jesús Aguilar Padilla, así como en el gobierno panista de Mario López Valdez. Zarco Bernal fue alumno de un informático del CISEN: Luis Pérez Hernández, ejecutado al inicio del sexenio de López Valdez, se especula que por razones inherentes a su labor como espía.

Por su parte, Ricardo Peralta, especialista en contrainteligencia y combate al “terrorismo”, ha sido señalado de llevar a cabo espionaje en contra de colectivos que luchan por la defensa de derechos humanos. Eso no es todo. Peralta se ha mofado públicamente de las manifestaciones de víctimas de violencia.

El 27 de enero de 2020 publicó un Tweet en el cual expresó “a chillidos de marrano, oídos de chicharronero”, en referencia a las protestas de las víctimas. Esas expresiones no han sido obstáculo para que Ricardo Peralta se defina a sí mismo en su página de internet como “¡El Apóstol de la 4T!”.

A chillidos de marrano, oídos de chicharronero.#Refran de #FelizLunes

— Ricardo Peralta S (@Ricar_peralta) January 27, 2020

En el sitio web, además, Ricardo declara ser Coordinador Nacional de la Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación, la cual, en palabras suyas es: “…una Asociación Civil fundada en 2020 sin fines de lucro que trabaja día a día para consolidar el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Somos un espacio plural e inclusivo, que da voz a todas las personas. Somos un movimiento obradorista porque estamos convencidos que para lograr el cambio hay que conocer las necesidades de cada rincón del país y poner en el centro de las políticas públicas los derechos humanos y fundamentales.”

Con actores de este calibre operando políticamente en Sinaloa, el problema del espionaje se ha desbordado a tal grado que ha llevado al gobierno estatal a hablar públicamente sobre el tema. Sin embargo, ello no debe leerse como un intento del gobierno morenista de Rubén Rocha Moya por rectificar su actuación de acuerdo con objetivos democráticos y de defensa de los derechos humanos. Todo lo contrario.

Melesio Cuén Ojeda sigue como Secretario de Salud y es protegido activamente por el gobernador morenista así como por el dirigente de la bancada del Morena en el Congreso Local, el diputado Feliciano Castro Melendrez. No hay que olvidar que Melesio llegó a ocupar el cargo gracias a una alianza que el instituto político de su propiedad, el ultra derechista Partido Sinaloense (PAS), estableció con el Morena en las elecciones 2021.

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En ese momento Feliciano Castro, en un afán por lavarle la cara al PAS frente a las protestas de trabajadores universitarios UAS que han visto sus derechos laborales pisoteados por el cacicazgo de Cuén, llegó a tener el cinismo de decir que el partido de Melesio era un “proyecto humanista de amor y de paz”.

El embajador Quirino

Por si todo esto fuera poco hoy el exgobernador saliente Quirino Ordaz Coppel, el mismo que encabezó la administración que mantuvo por un sexenio la nómina de espías que ahora el gobierno de Rocha Moya “denuncia”, ha sido aceptado por el Estado Español como embajador. Al más puro estilo priista de enviar lejos y con fuero a funcionarios corruptos para así evitar su aprehensión o la continuidad de escándalos.

Andrés Manuel López Obrador se encargó de proponerlo y de defender dicha propuesta incluso frente a las denuncias que han llevado a cabo de manera pública y formal personas afectadas por la violencia de las corporaciones policiacas sinaloenses.

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Un caso emblemático es el de la lucha que ha llevado a cabo José Alonso Aispuro, padre de Carolina (18 años, estudiante de la Universidad Casa-Blanca) y Andrea (20 años, estudiante de derecho de la UAS), dos jóvenes asesinadas el 27 de enero de 2020 por el Grupo Élite de la Policía Estatal, comandado por el jefe policiaco Carlos Alberto, alias "Comandante Níquel”, en la carretera a Tamazula, cerca de la presa Sanalona en el municipio de Culiacán.

Esos feminicidios, como otros cometidos por las fuerzas policiacas en Sinaloa, siguen en la impunidad. Familiares de las víctimas han denunciado la injerencia que tuvo la administración encabezada por Quirino Ordaz para que no haya justicia.

Con estos referentes es claro que el gobierno de Rubén Rocha Moya no va a eliminar la práctica del espionaje en contra de la población. Además, con todo esto, también queda claro que Rocha mantiene y mantendrá un pacto de impunidad con las anteriores administraciones de gobierno estatal, tanto priistas como panistas, en detrimento de los derechos humanos de la población de Sinaloa.