Un joven murió al caer de un paso peatonal. En riesgo las viviendas ubicadas en la zona del socavón. Según Uno TV, fueron desalojadas cuatro familias que viven al borde del Paso Exprés. Según El País, los colonos temen que el socavón devore sus casas y sus terreno. El brutal costo de la corrupción.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 18 de julio de 2017
Una nueva tragedia indignó a Cuernavaca. El pasado viernes 15 de julio, un joven de 28 años, Omar "N", cayó de un puente peatonal localizado a 400 metros del socavón abierto esa misma semana. Falleció este lunes 17. La obra es complementaria al Paso Exprés, y también estuvo a cargo de la constructora Aldasem, de grupo Aldesa y Epccor.
El miércoles 12 de julio se abrió un enorme socavón en el Paso Exprés, una vialidad inaugurada por Peña Nieto apenas en abril de este año. Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero, que transitaban en automóvil por la vía, fallecieron asfixiados entre 90 y 120 minutos luego de que se hundieran en el socavón.
A casi una semana de los hechos, Uno TV dio a conocer que cuatro familias que residen en las cercanías del socavón fueron desalojadas en la madrugada del lunes 17 de julio, ante el peligro de que colapse la barda junto a sus casas. Mientras tanto, se llevan a cabo los trabajos de “reconstrucción”.
Fueron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Protección Civil estatal y municipal las autoridades que tomaron la decisión, y los colonos desalojados fueron albergados en un hotel de Cuernavaca.
Sin embargo, no cesan las críticas. Los pobladores denuncian que los trabajos que se llevan a cabo ahora sólo consisten en introducir un tubo de drenaje más angosto sobre el tubo original y le están inyectando más concreto, en lugar de hacerlo más grande. Se trata sólo de un remiendo. Hay riesgo de que la estructura colapse de nuevo.
Mientras tanto, en el periódico El País se publicó este martes 18 de julio un reportaje con el testimonio de dos familias que viven bajo la carretera. Con la construcción del Paso Exprés perdieron parte de sus casas y sus terrenos, hasta su trabajo.
El 10 de julio, los vecinos que habitan una decena de casas bajo la carretera, “habían sentido los crujidos de la monumental obra que los separa del resto de la ciudad”. Luego vieron que el arroyo que corre bajo la obra devoraba la tierra en la que se asienta la vialidad. Se formó una cueva en la estructura de concreto.
Dieron el alerta a las autoridades, cuya respuesta fue tapar la cueva. Del otro lado, se inundaron las viviendas en la misma madrugada del día de la tragedia. Se escuchó el primer derrumbe. El parche había colapsado.
Ahora los colonos viven en la zozobra. Tienen miedo de que haya nuevos derrumbes, y que la autopista los ahogue.
El precio de la corrupción lo paga el pueblo
Aldesa, la constructora de capital español responsable de la obra, se embolsó más de 2,213 millones de pesos. Duplicó el precio original.
Al momento de realizarse la licitación de las obras, el consorcio GIA+A-Construcciones Urales y Azvi, que había acreditado más experiencia según periódico El Economista, hizo una oferta económica de 1,104,896,871 pesos. Aldesa, 1,045,857,952 pesos, con menos experiencia en obras de esta magnitud, y ganó el contrato.
Ahora los directivos de Aldesa admiten que el socavón "fue ocasionado por la erosión de una alcantarilla afectada por el exceso de basura y una acumulación extraordinaria de agua provocada por las intensas lluvias (...) El drenaje se colapsó por el exceso de agua y provocó la grieta en la carpeta asfáltica". Cínicas excusas.
Los “hubiera” no existen. Lo cierto es que las grandes constructoras apuestan a los materiales más “económicos” para abaratar costos, y la superexplotación de sus trabajadores en jornadas extenuantes. Cada una de las obras públicas –el metro de la línea 12, el tren México-Toluca, el Macrotúnel de Acapulco, entre muchas otras– son una bomba de tiempo para trabajadores y usuarios. En estas condiciones, es inevitable que se produzcan tragedias.
Y los responsables son la empresa, el gobierno del ya cuestionado Graco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y el gobierno de Peña Nieto. Hasta ahora, el único peón sacrificado ante la indignación popular fue José Luis Alarcón, delegado de la Secretaría de Transportes en el Estado de Morelos. Un nuevo pico de la crisis sin fin de Peña Nieto y del Partido Revolucionario Institucional.
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Con información de El Financiero, El Economista, Proceso, El País y Uno TV
