Ante el gran desabasto y demanda que existe en los centros de salud públicos que tratan a los enfermos de Covid-19, estos deben firmar aceptando que no serán resucitados ante un fallo respiratorio.
Lunes 27 de abril de 2020
El inicio de la crisis sanitaria y el desabasto
Van ya varias semanas desde que empezó la crisis sanitaria en el país y los casos de contagio siguen en aumento. La demanda es tanta, que el personal de salud de decenas de hospitales ha denunciado que hay escasés de suministros la cual pone en riesgo sus vidas.
Desde el comienzo, se ha denunciado en medios nacionales que el número de camas sería insuficiente para atender a los enfermos, es así que en muchos hospitales han instalado extensiones para poder darse abasto.
La política miserable: unas vidas por otras
Un claro ejemplo de escasés es el anuncio de que las máscaras de respiración automática se otorgarán priorizando la vida de los jóvenes antes de las personas de la tercera edad, que son un sector de riesgo.
Pero la insuficiencia para atender a los pacientes y el discurso de que unas vidas valen más que otras no se queda ahí: el Servicio de Medicina Interna del Hospital General de Cuernavaca "Dr. José G. Parres" anunció el "Plan operativo Covid-19" en el que establece que toda persona que tenga que ser hospitalizada por portar el virus tendrá que firmar una Hoja de Consentimiento por No resucitación. Es decir que en caso de un fallo cardiopulmonar, no se hará el mínimo intento por mantener al paciente con vida.
Estas medidas en las que la política es "dejar de lado unas vidas para salvar a otras" no pueden ser permitidas; lo que hay que discutir no es "qué vidas dejamos morir y cuáles salvamos", lo que hay que discutir es "cómo hacer para enfrentar el virus mientras se tiene el menor riesgo de contagio posible".
¿Cómo solucionar el problema?
Como se menciona arriba, los trabajadores de centros de salud, que incluso sufren desabasto, han visto la necesidad de habilitar una ampliación por la gran demanda de enfermos mientras hay miles de hospitales y clínicas privadas que no abren sus puertas al pueblo pobre y trabajador a pesar de la pandemia.
Estos centros cobran hasta mas de 10 mil pesos por una prueba de detección de Covid-19; ante esto, se tiene que centralizar el sector público y privado, estatizando el privado, y poniéndolo bajo gestión de la primera línea de defensa -enfermeros, médicos, laboratoristas, personal de intendencia, etc.-, incluso habilitar a los grandes hoteles u otros negocios para que sean capaces de atender personas infectadas.
Pero para no sobrecargar a los trabajadores del sector salud y brindar una atención digna a los hospitalizados, se tiene que basificar con sueldo y prestaciones laborales dignas al personal necesario que hoy por hoy se encuentra desempleado, incluyendo en ellos a estudiantes de alto grado académico, capacitándolos y dotándolos del equipo necesario para no contraer la enfermedad.
Estas medidas van de la mano de aumentar el presupuesto a la salud, dejando de financiar la Guardia Nacional y el fraudulento pago de la deuda externa, así como cobrar impuestos progresivos a las grandes empresas; pero también de expropiar sin indemnización y bajo gestión de sus trabajadores, a las compañías que no cumplan con las medidas sanitarias y reconvertir la producción, en la medida de lo posible, para fabricar insumos que atiendan las necesidades de la población: jabones, gel antibacterial, guantes, cubrebocas, camillas, máscaras de respiración artificial, pruebas de detección, etc.
Porque nuestras vidas valen más que sus ganancias, los que pertenecemos a la clase trabajadora tenemos que organizarnos para que las políticas miserables y al estilo de villano de película ni siquiera sean una opción. Sólo nosotros podemos garantizar el sistema de salud que merecemos, haciendo que sean los ricos los que paguen la crisis.
