Escribe María del Carmen Verdú (CORREPI)
Jueves 6 de noviembre de 2014
El lunes de 3 noviembre, mientras diluviaba, y en tantos barrios obreros las calles estaban anegadas, las casas inundadas y sin luz, las señoras de los chalets de Moreno al 600, en San Isidro, cogoteaban detrás de sus ventanas con vidrios blindados y rejas electrificadas para ver qué pasaba frente a los tribunales de esa cuadra. Es que, desde las 8 y media de la mañana, con zapatillas embarradas y ropa empapada, iban llegando hombres y mujeres que enseguida armaron la ronda del mate y los bizcochitos, mientras colgaban banderas y pancartas, dispuestos a hacer el aguante en la jornada inicial del juicio contra el delegado de FATE Víctor Ottoboni.
La causa se inició el 22 septiembre de 2011, cuando un vigilador de la empresa ARPA, que terceriza servicios de seguridad en la planta de FATE, denunció a tres delegados de la fábrica de neumáticos, Víctor Ottoboni, Ariel Godoy y Alejandro Crespo. Por escrito, con firma y patrocinio de un abogado de FATE, el vigilador Silva contó que ocho días antes, los delegados quisieron entrar por la fuerza a la planta fuera de su horario; lo amenazaron a él y a su familia, lo patearon y, en el caso de Víctor, le causó “un esguince en la articulación metacarpo-falángica del pulgar izquierdo”. La intencionalidad persecutoria de la patronal quedó clara con la promoción de una (otra) causa buscando el desafuero de Víctor Ottoboni con apoyo en esa denuncia, al mismo tiempo que los otros compañeros recibían amenazadoras cartas documento.
Apenas notificada la denuncia, CORREPI y CeProDH asumimos la defensa de los delegados, y contamos al fiscal Núñez Barreto lo que sucedió ese día: Durante un paro votado en asamblea de la Seccional San Fernando del SUTNA, en el marco de la traba de las discusiones paritarias y en repudio al intento de la patronal de instalar el sistema de “trabajo continuo”, los delegados fueron hostigados por un grupo de carneros, capataces y vigiladores, que los trataron de encerrar en el túnel del vestuario cuando se retiraban de la planta. Los compañeros lograron vencer el cordón y regresar a la planta, donde denunciaron la provocación en asamblea con todos los trabajadores.
En una primera instancia, logramos el sobreseimiento de los compañeros Crespo y Godoy, pero la patronal redobló la apuesta contra Ottoboni, y consiguió que el juez elevara la causa a juicio por lesiones.
En la primera jornada del debate, la declaración del vigilador Silva no encontró apoyo ni en sus propios testigos. Un gerente de la empresa, el único que había dicho que vio un golpe, cambió la historia y lo convirtió en un “ademán de extender el brazo al costado”. El médico que atendió a Silva aseguró que ese tipo de lesión no se produce por un golpe. Los otros se lavaron las manos, nadie vio nada, nadie escuchó nada.
En su indagatoria, Víctor habló de ese día, y lo puso en contexto, enmarcado en los justos reclamos de los trabajadores y la maliciosa conducta de la patronal. Cuando habló de la medida de fuerza tuvo que esforzarse en los detalles, porque la jueza le reclamó: “A ver, explíqueme, Ottoboni, que yo nunca estuve en una fábrica un día de paro”. Nadie lo puso en duda, Su Señoría
Bien diferentes fueron las declaraciones de los trabajadores y delegados de FATE, que como un solo puño describieron la situación de explotación, los riesgos de seguridad, los accidentes, las muertes, las persecuciones y las patoteadas, y demostraron, en la práctica, lo que es la solidaridad de clase.
Tan firmes fueron los compañeros, que al fiscal no le quedó otro recurso, en su alegato, que recurrir a una cuestión de fe: “Hay que creerle a Silva, yo le creo. ¿Por qué habría de mentir?”.
Cuando tocó el turno a la defensa, no necesitamos usar los recursos imaginarios del fiscal. Mostramos que ni él ni el abogado de la empresa pudieron probar nada, porque esta causa forma parte de una sostenida política de persecución sindical que FATE viene desplegando hace años contra los trabajadores que se organizan en forma independiente de los aparatos burocráticos para defender sus derechos y su dignidad. Probamos que la patronal quiere librarse de ellos, para poder optimizar al máximo su tasa de ganancia a costa de la dignidad y la salud de los obreros, y que no le importa violar leyes y normas para lograr sus objetivos, como usar vigiladores en una tarea prohibida para ellos, la de intervenir en conflictos colectivos de trabajo. Y contestamos la pregunta del fiscal: el vigilante mintió porque, igual que el 14 de septiembre, hizo lo que lo mandaron a hacer.
El lunes 10, a las 12:00, la jueza leerá su sentencia. Condenará a seis meses de prisión, como pidieron el fiscal y la empresa, o absolverá, como lo exigimos desde la defensa. Ese resultado será importante, porque una condena pondría en riesgo los fueros gremiales del compañero, pero también es importante lo que ya probamos. Probamos, con esos compañeros que llegaban embarrados y empapados desde sus barrios inundados, que lo nuestro no es una cuestión de fe: es una cuestión de principios. Los principios de la clase, que sabe que sólo se defiende organizada y luchando.
