Las fuerzas armadas son las principales principales responsables de desapariciones forzadas y ejecuciones en Tlataya, Ayotzinapa, Calera y Ostula. Sigue siendo el Estado.
Jueves 23 de julio de 2015
Felipe Calderón inició la supuesta “guerra contra el narco”. Ése fue el pretexto perfecto para militarizar las calles. Esta guerra no sirvió para frenar el narcotráfico, pero sí provocó muchos “daños colaterales”, los llamó el gobierno con cinismo. Según cifras el resultado de esta “guerra” fue 80,000 muertos, 250,000 desplazados de manera forzada, 30,000 desaparecidos, 20,000 huérfanos y 5,000 niños asesinados.
El uso del Ejército en este tipo de operaciones trae consigo violaciones a derechos humanos, sería lo mismo si es la gendarmería, la policía federal o la policía local, el resultado no cambiaría mucho. Todos estos cuerpos represivos tienen la función de contener y reprimir la protesta social, todo para garantizar la aplicación de los planes neoliberales del imperialismo por parte de los gobiernos de turno.
La política de subordinación al imperialismo estadounidense, a través de acuerdos de seguridad y la implementación de las reformas estructurales –laboral, educativa, energética y la fiscal–sumergen a millones de mexicanos a la pobreza.
Enrique Peña Nieto ha seguido la misma política de Calderón. Según datos del diario el país entre 35,000 y 45,000 soldados patrullan el espacio público e intervienen contra la delincuencia organizada. Los militares en las calles sólo expresan el control que el gobierno quiere tener.
Tlatlaya, Ayotzinapa, Calera y Ostula
El 30 de junio del 2014 en el municipio de San Pedro Limón en Tlatlaya, 22 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Después de un año, se revelaron algunos documentos, donde la orden que tenían los soldados era “abatir” y eso fue lo que hicieron.
El 26 de septiembre del 2014, 6 personas fueron asesinadas y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” fueron desparecidos por la policía municipal e integrantes del grupo criminal guerreros unidos, sobrevivientes denunciaron la participación del Batallón 27 de Infantería. El 12 de enero familiares de los 43 y normalistas de Ayotzinapa intentaron entrar a las instalaciones del Batallón en búsqueda del paradero de los estudiantes desaparecidos y lo único que recibieron fue una brutal represión.
El pasado 7 de julio, elementos del batallón 97 de infantería, bajo el mando del coronel Martín Pérez Reséndiz irrumpieron en un domicilio, ubicado en Calera Zacatecas, donde se llevaron consigo siete jóvenes jornaleros, dos de ellos menores de edad, días después fueron encontrados sin vida, con signos de tortura y tiros de gracias. Hasta el momento cuatro militares fueron detenidos y llevados ante la “justicia militar”.
El domingo 19, el Ejército y la Marina dispararon contra indígenas de la comunidad de Ostula que protestaba por la detención del líder de las autodefensas y de la policía comunitaria. Se reportaron cuatro muertos, entre ellos un niño de 12 años.
¡Cuidado!: eco de botas en las calles
El general Cienfuegos criticó la reforma de 2014 que elimina el fuero militar y permite que las fuerzas armadas sean juzgadas por la justicia ordinaria cuando sus acciones afecten a civiles. Asimismo declaro para el Universal "Están poniendo al Ejército en situaciones muy sensibles, vulnerables, delicadas, en las que nuestro personal ahora piensa si lo procesan por desobediencia, por no obedecer al secretario, o lo procesan por violar derechos humanos”.
La participación del Ejército en todas estas operaciones tiene como objetivo atemorizar, cercenar libertades democráticas elementales y preparar las condiciones para la persecución, el aislamiento y el asesinato de luchadores sociales y de derechos humanos.
Varias instancias de derechos humanos llaman y exigen que los militares no cometen violaciones a derechos humanos, exigiendo al Estado respeto y garantía de los derechos, así como investigar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Pero en todos estos crímenes #FueElEstado son sus órdenes, es su política de terror, es su forma de querer silenciar, es el responsable. No se puede esperar que la justicia venga de ellos.
Sólo una comisión de investigación independiente, conformada por familiares, organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, sociales y sindicales, puede juzgar estos casos, no sus tribunales y su justicia que favoreceré a los militares, a la policía, a los funcionarios y a los empresarios nacionales y extranjeros.
Es larga la cadena de impunidad de las fuerzas represivas, la matanza de estudiantes en el 68, el halconazo, el asesinato a indígenas en Chiapas, la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, la represión en Oaxaca, la tortura sexual en Atenco, la “guerra contra el narco”, 22 ejecuciones en Tlataya, 43 estudiantes desaparecidos, 7 jóvenes jornaleros ejecutados y Ostula, donde matan a un niño. No hay responsables, ni sanciones, tampoco reparación.
Ante esta situación de barbarie y cadena de crímenes cometidos por el Estado es necesario ampliar la exigencia de la presentación de los 43, el castigo a los responsables, así como exigir el alto a la militarización y la disolución de todos los cuerpos represivos del Estado. El movimiento por Ayotzinapa, reflejo del hartazgo en contra de la política represiva del Estado, debe volver a salir a las calles y unirse los maestros que enfrentan el embate del Estado y luchan contra la reforma educativa.
