La semana pasada se dio a conocer el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro, en el cual autoriza a la policía a efectuar detenciones a niñas, niños y adolescentes de manera “preventiva”.
Carolina Tumbarino Abogada del Ce.Pro.D.H
Jueves 2 de junio de 2016
El fallo dictado por los jueces Ricardo Apcarian, Sergio Barotto, Liliana Piccinini y Enrique Mansilla, hace lugar a un recurso de casación interpuesto por la Fiscalía de Estado en contra del habeas corpus presentado por la defensora de Menores, por el cual se ordenaba el cese de las detenciones que venían llevando a cabo los efectivos policiales, y puntualmente contra la detención sin causa de un joven que se dirigía a la escuela en la Ciudad de Viedma.
Amparándose en la ley orgánica de policía que otorga estas facultades, crean un precedente que, a la par de ser claramente inconstitucional, y violatorio de los pactos internacionales de protección integral de la niñez, habilita a las fuerzas represivas a efectuar un control social y estigmatización de la juventud en las calles, otorgando a la corporación más violenta del Estado la posibilidad de determinar discrecional y arbitrariamente la situación de vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes, demorarlos, detenerlos en comisarías, hasta que finalmente los órganos realmente encargados de velar por los derechos de ellos tomen intervención, si es que, finalmente esto ocurre.
Los miembros del STJ, argumentan que “la policía no ejerce una función represiva” y que la intervención policial es meramente Preventiva, a favor de la infancia, en situaciones de riesgo y abandono. Solo resta recordar que el año pasado en Viedma funcionarios provinciales como el Juez de la Cámara Penal Juan Bernardi se vieron envueltos en un escándalo de corrupción de menores. Siendo procesado por corrupción y facilitación de prostitución de menores en situación de vulnerabilidad en un centro que depende del ministerio de desarrollo social.
A esto se le suma que en Rio Negro la policía lleva cobrada la vida de más de 120 jóvenes en manos de la policía del gatillo fácil, la que dicto la pena de muerte de Pablo Vera, Guillermo Garrido, Guillermo Trafiñanco, Nicolás Scorolli, Atahualpa Martínez Vinaya, Diego Bonefoi, Sergio Cárdenas, Nicolás Carrasco. La que mantiene desaparecido a Daniel Solano .La misma policía que amenaza y persigue a testigos con total impunidad, la de la connivencia con las redes de trata, involucrada en la desaparición de mujeres y la de la participación activa en el narcotráfico.
El fallo no hace otra cosa que ir en consonancia con las políticas represivas que vienen llevando adelante, tanto el gobierno provincial de Wereltinek, que viene de reprimir esta semana a los trabajadores de ATE Río Negro en Almirante Cordero, como el gobierno nacional, criminalizando la pobreza, la juventud, y la protesta social. A la par que aumentan los ajustes, los recortes presupuestarios en educación y en políticas sociales, aumenta también la represión y el control por parte del Estado para disciplinar, a los sectores más afectados.
