El primer juicio, por un bebé robado en 1969, acaba con el doctor Eduardo Vela confirmado como autor del delito, pero absuelto por prescripción, anotando un nuevo capítulo en este historia de crímenes impunes.
Lunes 8 de octubre de 2018
En la Audiencia Provincial de Madrid el ginecólogo Eduardo Vela es declarado autor de los delitos de detención ilegal, suposición de parto, tráfico de niños y falsedad en documento oficial por el robo de Inés Madrigal en la Clínica San Ramón de Madrid, dirigida por él mismo en 1969, siendo el primer caso de los más de 30.000 robos de bebés conocidos en el Estado Español que es admitido por un tribunal.
Sin embargo, pese a ser la única excepción a un historial de desestimaciones de denuncias y a haber sido declarado culpable, el acusado ha resultado absuelto de todos los cargos, al preescribir éstos en el año 1987, pese a que se ha probado su actuación en el tráfico de “una niña de pocos días de edad fuera de los cauces legales, simulando la existencia de un parto que no se había producido y estableciendo una filiación falaz, y todo ello sin que conste que hubiera mediado consentimiento ni tan siquiera conocimiento por parte de los progenitores [biológicos] del recién nacido cuya identidad no consta en parte alguna"
El franquismo robó más de 30.000 menores a sus familias y se los dio a familias ricas e influyentes. Uno de los motivos era la limpieza ideológica que tanto obsesionó al franquismo en la postguerra inmediata.
En los últimos años las familias y asociaciones que buscan que se investigue el robo de menores durante las décadas de 1940 a 1990, han visto como los juzgados de diferentes comunidades han archivado sus denuncias. ¿El motivo? Esgrimen que no hay indicios incriminatorios suficientes.
El drama de los menores robados se remonta a 1940 cuando el 30 de marzo el Ministerio de Justicia, con Esteban de Bilbao Eguía a la cabeza, promulgó una ley por la que las presas podían tener a sus hijos en las cárceles hasta los tres años, después les eran arrebatados. Esto es lo que ha llevado al periodista José Luis Gordillo, investigador y autor de ‘Los Hombres del Saco’ a asegurar que el Estado español es el único donde legalmente se robaban bebés.
En 1941 la trama se agrava al promulgarse una ley por la que los menores adoptados pueden inscribirse en el Registro Civil con apellidos nuevos y sin ninguna referencia a su familia biológica.
El periodista Antonio Ramos Espejo sitúa el comienzo de la trama de los menores robados en la limpieza ideológica de Antonio Vallejo-Nájera, jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares del franquismo, que basándose en la de limpieza “racial” nazi teorizó sobre su aplicación en el Estado español, en libros como ‘Eugenesia de la Hispanidad y regeneración de la raza’ o ‘Política racial del nuevo Estado’.
Vallejo-Nájera eligió como principal víctima de esta limpieza a las mujeres republicanas, a las que definía como seres feroces y con rasgos criminales, y las sometió a experimentos en la prisión en busca del ‘gen rojo’. En este ambiente, las presas republicanas y las maquis antifranquistas se convirtieron de nuevo en objetivo al arrebatarles a sus hijos e hijas para que no les ‘corrompieran’ con sus ideales.
Los hijos e hijas de las presas eran separados de sus madres a los tres años. Eran ingresados en instituciones de beneficencia bajo tutela de la iglesia o estatal como el Auxilio Social; muchos fueron directamente entregados en adopción a otras familias pudientes sin avisar a su familia biológica. Con la tapadera de adopciones legales unos 30.000 menores fueron robados entre 1940 y 1954.
Sin embargo, al Régimen del 78 y sus instituciones, herederos directo del franquismo no le interesa remover un episodio de la historia que le salpica y que no acaba en 1954, sino que se prolonga durante toda la dictadura franquista e incluso en los años posteriores. Así lo demuestra el caso de los miles de menores robados por instituciones eclesiásticas, hasta la primera mitad de la década de 1990, poniendo en evidencia la estrecha relación entre Iglesia y Estado.
Y justamente fueron estos partidos, los que participaron en la transición y sus herederos, los que garantizaron, no sólo una continuidad del antiguo régimen, sino la impunidad de sus crímenes.
Jorge Remacha
Nació en Zaragoza en 1996. Historiador y docente de Educación Secundaria. Milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.
