Con esta nota abrimos un espacio para difundir distintas miradas sobre la situación de crisis en la cultura, hoy escribe Lucas Martelli
Lunes 17 de agosto de 2020 20:37
La actividad artística y cultural atraviesa una crisis muy profunda, variados debates se abren para pensar las formas de sustento de la actividad. Desde La Izquierda Diario abrimos este espacio de "tribuna abierta" para expresar distintas miradas sobre el tema. Hoy compartimos esta opinión de Lucas Martelli, documentalista y realizador audiovisual.
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En nuestro país están en debate temas como la soberanía cultural, la fragilidad y precariedad de los trabajadores de la cultura y el análisis de la distribución de productos culturales en tiempos de las nuevas tecnologías de la información: el servicio de libre trasmisión de videos, audios y otros contenidos u OTTs (Over the Tops, según sus siglas en inglés), VOD (Video on demand) o las TICs (Tecnologías de Información y Comunicación).
En el sector cinematográfico esta preocupación llega hasta el INCAA porque la transformación del modelo de consumo de los productos audiovisuales impacta de lleno en las cuentas del instituto y podría agudizar una crisis a futuro.
Obviando el modelo de EEUU y la India, el cine argentino compite de igual a igual con el cine europeo y asiático gracias al Fondo de Fomento cinematográfico creado en 1968 y que fue incorporando nuevas vías de financiación a medida que la tecnología evolucionaba.
Hoy en día este fondo se compone por dos fuentes principales: un porcentaje pequeño (entre el 2% y el 5%) de lo facturado por la TV abierta y el cable así como un impuesto 10% a las entradas de cine y la facturación de los videoclubes (que hoy no existen pero que tiene importancia en algunas de las opciones de financiación que se están evaluando)
Para entender la lógica de lo que estamos planteando en esta nota es importante señalar que el primer impuesto no lo paga la productora original (por ejemplo HBO, Warner, Discovery Channel, cuyas casas matrices están en el exterior) sino el canal” de emisión local de esos productos culturales extranjeros. Y en el caso del impuesto aplicado a las entradas tampoco es la productora original sino un impuesto sobre la facturación de la sala que exhibe la película.
Cabe aclarar que el porcentaje correspondiente a la publicidad en radiocomunicación (regulada por la ley de servicios de comunicación audiovisual, hoy administrada por el ENACOM) no sólo es la principal fuente de ingreso del INCAA. Sostiene también al Instituto Nacional de Teatro, al Instituto Nacional de la Música y a un Fondo orientado a servicios comunitarios, de frontera y pueblos originarios, cuestión que abre este conflicto a la totalidad del universo de la cultura.
Si no se formulan readecuaciones ese fondo irá disminuyendo en la medida que los antiguos sistemas de comunicación audiovisual sean reemplazados por diversas formas de consumo de productos culturales a través de internet.
Perspectiva a futuro, la propuesta del INCAA
Hoy el INCAA quiere ampliar la ley de cine para aplicarla al Video On Demand (VOD… Netflix, Flow, Amazon Prime, Qubit) pidiéndole al estado que ceda ese 10% del cobro del IVA en el pago que se hace a estas plataformas. El argumento es que es una continuación natural de la ley original; el Videoclub de ayer es el Video on demand de hoy. Sin embargo los detractores argumentan que para esto el estado tendría que renunciar a un 10% de impuestos coparticipables y esto podría generar un conflicto con las provincias y la institución que expresa sus intereses, el Senado nacional.
El principal jugador del mercado (Netflix) parecería estar de acuerdo con el planteo del INCAA porque el impuesto no afecta sus ganancias (saldría del IVA que ya se grava a esta actividad comercial, es decir lo aportarían los consumidores). Además porque abre la puerta para que esta corporación participe del Fondo de Fomento del instituto para financiar sus propias producciones hasta en un 50% sin poner un peso (la línea de “subsidios de audiencia masiva” instituido por el macrismo) sumándole el apoyo de toda la infraestructura de control del INCAA para una empresa que no tiene esas oficinas en el país.
Esta readecuación plantea una salida rápida al problema de desfinanciación, pero deja de lado al resto de las OTTs que incluye a todos los productos culturales comercializados en internet. Las OTTs incluyen las películas (el VOD, Video on demand) pero también el Streaming sin abono (publicidad en Youtube), la música (Spotify, Soundcloud, Apple music) la actividad autoral de los escritores (Amazon, 24Symbols), las artes escénicas en general (Broadway on demand, Teatrix) y hasta el periodismo (todos los portales periodísticos online)
La mayor parte de estas plataformas tienen sus empresas fuera del país. En el momento que un consumidor hace un pago ese dinero sale a una cuenta en el exterior (usualmente en lugares con beneficios fiscales) y ya no está bajo el control del estado Argentino. Por como funciona el capitalismo globalizado en la actualidad solo se puede gravar el pago en el momento que sale de la Argentina porque después entra a la jurisdicción de otro país. Esta dificultad no invalida la posibilidad de una financiación por estás vías pero señala una gran complejidad para aplicarla.
Más interesante parecería ser una opción que nadie está discutiendo y que eventualmente puede sumarse a los puntos en debate.
Las TICs, una opción no explorada
Hay un concepto que engloba a todo lo demás y que implica un volumen de dinero mucho más grande en la Argentina. Se trata de empresas física, y jurídicamente, asentadas en la Argentina, y que son parte de un universo mayor que se designa, usualmente, como las TICs (tecnologías de Información y Comunicación).
El concepto incluye al conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de la información. Concretamente, todos los medios de transmisión de contenidos (Internet, TDA, TDT, Cable, Celulares y los que se están por inventar), puntualmente nos interesan los proveedores de internet en Argentina. Hablamos de las empresas que físicamente proveen el soporte de ADSL, cable, fibra óptica, la distribución mayorista del servicio existente y las tecnologías por venir (5G por ejemplo).
El proponer un pequeño impuesto a las ganancias de las empresas que proveen internet tienen mas similitud con la idea original que llevó a poner un impuesto a la TV abierta o al cable. En aquel momento el “medio” que transmitía el producto cultural era el cable y las que pagaban eran las cableras. Hoy el lugar del cable de TV lo ocupa la señal de internet y esas son empresas muy grandes que tienen facturaciones descomunales. No todo adulto paga una OTT (además usualmente se usan cuentas compartidas) pero prácticamente todos pagan abonos mucho mas caros por internet en alguna de sus formas y usualmente por varias vías que se superponen según donde uno se encuentre. Al servicio de internet en los hogares, se superpone el de internet en los celulares, el del trabajo, el wi-fi en la calle, en entes gubernamentales etc.
El gran elefante que usufructúa nuestra voracidad por consumir productos culturales son las TICs, rara vez mencionadas en las discusiones acerca del financiamiento cultural y que deberíamos incorporar porque nos impacta a todos y es una realidad que va a mantenerse a largo plazo mientras las formas de canalizar la producción y el consumo adquieren nuevas formas que hoy ni siquiera imaginamos.
Ahí puede estar la solución a la endeble situación de tantos trabajadores culturales precarizados y darle fuerza y perspectiva de futuro a la producción cultural Argentina: a la producción audiovisual (no solo el cine, también el streaming, las series, las cooperativas), las artes escénicas, la música, la literatura y el periodismo independiente.
Una industria que tiene ventajas comparativas enormes, que da trabajo, que puede tener una perspectiva de crecimiento enorme en un futuro que donde la producción de contenidos y servicios tendrá un peso enorme a nivel mundial.