El Juzgado de Garantía de Arica, en una revisión de cautelares, decidió cambiar la prisión preventiva de Yévenes por arresto domiciliario total y arraigo nacional y local, una decisión que fue ratificada por la Corte de Apelaciones ante la apelación de la Fiscalía, la Delegación Presidencial y el Servicio Nacional de la Mujer.
Sábado 24 de febrero
Yévenes enfrenta cargos por el delito de femicidio, luego de ser el principal sospechoso de la muerte de la matrona Fabiola Vargas, ocurrido en el valle de Azapa en 2022. Según la denuncia de la Fiscalía, habrían existido episodios de violencia en la relación de Yévenes y Faviola Vargas que no fueron denunciados previamente y durante la formalización del imputado, realizada el 24 de diciembre de 2022, el fiscal Manuel González informó agresiones contra la mujer en diversas ocasiones, causándole múltiples contusiones graves, atribuibles a su autoría.
El motivo de la decisión de la Corte de Apelaciones se debe a la determinación de “diversas complementaciones al informe médico legal de autopsia, así como el informe pericial maxilofacial y el informe histológico, agregados con posterioridad a la última revisión de la medida de prisión preventiva que debilitan las presunciones de participación del imputado en el delito de femicidio por el que se formalizó”.
Ante esto a través de redes sociales, diferentes grupos y colectivos de mujeres salieron a expresar su indignación, llamando a diferentes acciones en respuesta a la justicia patriarcal. Nuevamente esto expresa que el sistema nos quiere víctimas y desde esa posición nos ofrece una justicia que demuestra ser, con este caso y otros, tremendamente injusta para las mujeres. Pero la respuesta ante ello no ha sido pasiva, como expresan las diversas iniciativas. Hoy es más necesario que nunca convertir la rabia e indignación que producen casos como este en un motor de lucha.
Debemos acompañar el legítimo reclamo de justicia para las víctimas de femicidios, o agresiones de carácter sexual, al igual que exigir al Estado el cumplimiento de políticas de atención integral a las víctimas de violencia antes de que se transformen en víctimas fatales, al igual que denunciar constantemente la revictimización provocada por los propios agentes del Estado al momento de dar testimonios o en el curso de las investigaciones, al igual que continuar exigiendo la legislación de derechos de carácter fundamental de los que aún somos privadas millones de mujeres en estas democracias capitalistas, son una lucha legítima por mejorarla vida de millones de mujeres.
Hoy se abre la necesidad de enfrentar al sistema patriarcal y quienes lo sostienen, esta debe ser una perspectiva que el movimiento de mujeres debe tomar en sus manos, para que el #NiUnaMenos y el #VivasNosQueremos, deje de ser sólo una reivindicación legítima y necesaria, para también convertirse en una realidad, es que debemos pelear contra el patriarcado y capitalismo.
Es imperioso organizarnos entre mujeres de manera amplia, masiva e independiente del régimen político y sus partidos, así como del gobierno y sus instituciones, movilizándonos en las calles y levantar todas nuestras reales demandas y una auténtica igualdad. No han habido medidas de fondo ante este tipo de situaciones, en agosto del 2023, según datos del Ministerio Público, el tipo de femicidio que presenta la mayor frecuencia, corresponde al femicidio íntimo por Violencia Intrafamiliar (VIF) y entre las regiones de Chile, Los Lagos presenta la mayor tasa (1,8), seguido por Arica y Parinacota (1,6).
Es necesaria más que nunca una ley de Emergencia contra la violencia hacia las mujeres, que pueda dar respuesta ahora a quienes son víctimas y necesitan urgentemente salir del círculo de la violencia. Que garantice condiciones básicas para la autonomía social y económica de las mujeres, que responda con viviendas de emergencia, trabajo, cuidado de hijos, tratamiento psicológico y de salud en general, que incluya el derecho al aborto, pero además que promueva la educación sexual y no sexista de forma transversal para prevenir la violencia. Esto refleja un problema de Estado, y su responsabilidad frente a estos hechos, a la vez que medidas insuficientes del gobierno para prevenir y erradicar la violencia de género.
