Entrevistamos a Daniel Vargas, abogado y parte del Partido de Trabajadores Revolucionarios en Antofagasta, quien se postulará como candidato a constituyente.
Viernes 4 de diciembre de 2020
Entrevistamos a Daniel Vargas, abogado, titulado de la Universidad de Antofagasta (UA) donde comenzó su militancia y fue enérgico activista del movimiento estudiantil, organizando y luchando por el derecho a la educación gratuita universal. Actualmente se desarrolla como abogado laboralista de sindicatos y por los derechos de los trabajadores, se destacó durante la revuelta por tener un rol activo en la defensa de las y los detenidos por carabineros y FFEE. Y hoy, se postula a candidato a constituyente desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios.
Daniel, cuéntanos ¿cuál fue tu rol durante la revuelta y qué piensas del proceso constituyente actual?
Durante la revuelta fui parte del Comité de Emergencia y Resguardo, de la Comisión de DDHH, tomamos contactos con colegas abogados, organizaciones de estudiantes de derecho, para colaborar en las comisarías, para enfrentar con las herramientas de la legalidad la situación que se vivía en la ciudad, los ataques y represión de la policía, dando orientación jurídica a quienes eran detenidos, asistiendo a la vez a las familias, a favor de fortalecer la manifestación. Esto porque veíamos que la represión era un problema, no solamente de derechos humanos, sino que también impedía que el movimiento se desarrollase. Actualmente, esta red se ha conservado, y estamos trabajando para la conformación de una defensa que apoye a los presos de la rebelión y las familias.
Sobre el proceso constituyente en curso, no es lo que se gritó en las calles durante la revuelta, que era una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, sin Piñera, sino todo lo contrario, tras el "Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución", firmado desde la derecha al Frente Amplio, nace el proceso constituyente actual que tiene una gran cantidad de trabas y trampas que obstaculizarán cualquier transformación profunda a los pilares del neoliberalismo en Chile, tales como: el quórum de los ⅔; el impedimento para tocar los tratados internacionales; el sistema de elección de los convencionales que será a través del modelo D’Hondt; como también el hecho de que es un proceso que se está llevando adelante con presos políticos y una persecución política de la protesta.
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Lo anterior, ha sido destacado por intelectuales, de Derechos Humanos, como Claudio Nash, profesor destacado de la Universidad de Chile, quien señala que hay un uso político de la prisión preventiva, para perseguir a quienes se manifiestan, inclusive hay informes internacionales que dan cuenta de una política de amedrentamiento hacia la población. Estas circunstancias hoy instaladas, con jóvenes presos por luchar, con represión en las manifestaciones y mayor control, como también lo vemos en la extensión del estado de excepción, son un enorme límite al desarrollo de la convención constitucional, por lo que de entrada significa que la convención nace con un problema de legitimidad de origen.
¿Por qué ves la necesidad de participar como constituyente?
Junto con mis compañeros y compañeras del Partido de Trabajadores Revolucionarios, como Dauno Tótoro en Santiago, creemos que es importante por dos razones fundamentales. Primero, porque creemos que hay muchas demandas de la revuelta que están inconclusas y porque confiamos en que este principal hito del ciclo electoral en curso, nos puede entregar la posibilidad de abrir debates nacionales, que a nosotros nos interesa instalar, como las trampas del proceso constituyente y la lucha por la libertad de los presos políticos, poniendo el acento y la candidatura al servicio de organizar la más amplia movilización extraparlamentaria, pues solo retomando ese camino, con la máxima unidad entre trabajadores, juventud de primera línea y sectores populares, en la perspectiva de la huelga general es que podremos imponer una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, terminar con este gobierno criminal, para que sea el pueblo trabajador quien libremente decida su porvenir, de lo contrario la nueva constitución será cambiar algo para que nada cambie.
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En el año 2017, te postulaste como diputado, entre tus propuestas se encontraba la expropiación sin pago de Escondida y bajo gestión de los trabajadores, para poner esos recursos al servicio de las necesidades sociales, y no de las ganancias de un pequeño grupo de empresarios extranjeros. ¿Crees que esta es una demanda que sigue vigente? ¿Por qué?
Lo que decíamos en el 2017, hoy tiene aún más vigencia, es más palpable la necesidad de recursos ingentes y novísimos, que respondan a las necesidades urgentes de la población, no solamente porque hay problemas estructurales que se conservan del año 2017 hasta la fecha, como el problema de vivienda, que no hay viviendas ni planes; la educación tiene enormes falencias y hoy lo expresa la lucha de las y los profesores contra la Municipalidad por falta de pago; una atención de salud de calidad y gratuita, que hoy con pandemia queda más que claro los grandes problemas en infraestructura, recursos y personal, que existen en el sistema de salud público; entre tantas otras.
Debemos observar acá en la región de Antofagasta, aún con pandemia, como la minería no dejó de producir trayendo enormes riquezas a los bolsillos capitalistas y trasnacionales, aumentando el precio del cobre, aún así hubo despidos en el sector, rebajas de beneficios en contratos colectivos, o bajo las expectativas que venían teniendo los trabajadores. Todos esos recursos, en particular de la minería privada, deberían inyectarse directamente al grueso de la población que sufre despidos y hambre, solventando todas sus necesidades.
Mientras el Gobierno y los partidos de la cocina y los 30 años buscan que seamos nosotros quienes paguemos la crisis, celebrando el 10% como si nos estuvieran regalando algo, debieran ser los grandes empresarios y capitalistas, como Luksic y BHP Billiton, quienes paguen la crisis y no nosotros con nuestras pensiones, a través de un impuesto de emergencia, pero la clave pasa por la expropiación sin pago de los grandes negocios que están ligados a los recursos estratégicos del país.
