Son trabajadoras y trabajadores de diferentes programas y sectores del ministerio de Salud, Desarrollo Social, Justicia y Derechos Humanos que desempeñan su trabajo a través de la modalidad de "contratos a término", "becas" y "monotributo".
Lunes 16 de diciembre de 2019 09:19
Hace años que trabajan bajo formas de contratación en negro y precarias con las que el PJ cordobés abarata la mano de obra para sostener sus políticas públicas. Ahora también les pide que ayuden a cubrir el rojo de las deudas provinciales, no renovando los contratos laborales.
El Presupuesto aprobado por la Legislatura Provincial para 2020, estima gastos inferiores a los $269.000 millones del año en curso ($ 253.000 millones). Esta disminución del gasto público garantiza una millonaria transferencia a los grandes empresarios junto a la reducción del déficit con un endeudamiento crónico.
Este no solo es un ataque directo a trabajadores y trabajadoras, también lo es a los sectores más vulnerables de la población (niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores) quienes se verán perjudicados por la suspensión de actividades por falta de personal en los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Justicia. Por la salida de los precarizados, áreas centrales de estos ministerios dejarían de funcionar por tiempo indeterminado. Por ejemplo en las residencias para niñas, niños y adolescentes dependientes de Senaf desafectarían a más de 70 profesionales cuyo trabajo es brindar contención y acompañamiento a personas de los sectores sociales que han sido más golpeados por la crisis social.
La igualdad social proclamada por el gobernador Schiaretti es abandonada con sus políticas de ajuste. Para los trabajadores estatales y jubilados hay una sostenida baja del salario real, para los trabajadores que el Estado provincial precariza a los magros salarios se suman incertidumbres, desvinculaciones y despidos encubiertos. En tanto que para los sectores sociales más vulnerables hay falta de atención y degradación de las condiciones de vida de quienes utilizan estos servicios.
El gobierno que hace gala de ponerse a la altura de los tiempos con un Ministerio de la Mujer, que conducirá Claudia Martínez, es el mismo que desvincula a casi todas las profesionales que acompañan cotidianamente a las mujeres que sufren violencia de género en el territorio provincial.
Este año se aplicaron recortes al Boleto del Adulto Mayor (BAM) y el año próximo se suspenderá por seis meses el PPP. También se prevé que el boleto educativo dejará de ser universal y cien por ciento gratuito. La tijera del gobierno provincial “avanza, avanza y avanza”. De 25 mil viviendas que propuso Schiaretti en la apertura legislativa de este año no cumplió ninguna y se estima que la obra pública volverá a ser una gran variable de ajuste el año próximo.
Ahora intentaría generalizar la vía de que las contrataciones de los profesionales que trabajan para el Estado sean tercerizadas por ONG’s e incluso colegios profesionales. Schiaretti impulsa el sueño de un menemismo tardío que ha perdido la poca sensibilidad de la que hizo gala hasta la última campaña electoral.
Ver: Protesta de trabajadores estatales precarizados en Córdoba
