A 10 días de la aplicación del proceso de regulación migratoria impulsada por el gobierno, la publicación de las cifras del Censo indican un bajo porcentaje de población extranjera en comparación con los países desarrollados y del continente.
Daniel Vargas Antofagasta, Chile
Domingo 6 de mayo de 2018
Este viernes 4 de mayo se cumplieron 10 días desde iniciado el proceso de regularización migratoria que impulsa el gobierno de Sebastián Piñera, atendiendo a cerca de 80 mil migrantes que postularon a regularizar su situación.
En particular, según los primeros datos del gobierno, se han inscrito 38 mil mujeres y 43 mil varones. 28 mil de los inscritos proceden de Haití, 14 mil de Venezuela, 11 mil del Perú y 8 mil de Colombia.
El proceso se realiza a lo largo del país, involucrando a cerca de 100 locales de ChileAtiende, 54 gobernaciones provinciales y las oficinas de los Departamentos de Extranjería y Migración. Un enorme despliegue del gobierno que tuvo sus principales inscripciones en las regiones Metropolitana, de Valparaíso, de Tarapacá y Antofagasta.
Censo y migración
Esta semana se dieron a conocer los últimos datos del Censo 2017, el cual determinó que la población migrante en el país es de 746.464 personas, es decir solo un 4,3% de la población nacional “muy por debajo de los países desarrollados, y muy por debajo de países de América Latina” según señaló Guillermo Pattillo, director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
De estos 746 mil migrantes en el país, 25,3 mil provienen del Perú, 14,2 mil de Colombia, 11,2 mil de Venezuela , 9,9 mil de Bolivia y cerca de 38 mil de otras nacionalidades (entre Argentinos, Haitianos y otros).
Por su parte, Luis Eduardo Thayer, investigador de la Universidad Central, sostuvo en atención a las cifras de migración, “no estamos en ningún caso viviendo una crisis de la capacidad de la sociedad para absorber la fuerza de trabajo migrante, ni menos hay un desborde migratorio”.
Estas afirmaciones contrasta con la imagen que pretende proyectar el gobierno y sus políticos, y más bien sería un intento de imponer una agenda reaccionaria contra los inmigrantes, quienes han experimentado un sin número de atropellos y abusos por parte de empleadores y/o el empleo informal, además de la discriminación producto de discursos xenofóbicos y racistas. Incluso, las medidas del gobierno podrían aumentar la inmigración ilegal y la trata de personas, debido a los requisitos exigidos para entrar al país.
