Un nuevo aniversario del natalicio de Emiliano Zapata trae, necesariamente, a debate la experiencia del Ejército Libertador del Sur y su política agraria, y su comparación con la experiencia más reciente del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

A fines de 1911 la agresión militar por parte del gobierno maderista contra los zapatistas fue respondida con el Plan de Ayala. [1] El mismo marcaba una ruptura con Madero y planteaba una radicalización que iba mucho más allá del Plan de San Luis Potosí. En particular los artículos 6 a 9 del Plan de Ayala se basaban en dos principios fundamentales: el primero de ellos, la expropiación y nacionalización de tierras; el articulo 8, al sostener que las mismas se realizarían contra “los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente a este Plan” e implicaba en los hechos a todas las clases propietarias en el campo sin ningún tipo de indemnización. El segundo elemento era que los campesinos despojados deberían tomarlas basados en el poder armado de los pueblos insurrectos, y eran los terratenientes quienes posteriormente deberían probar ante los tribunales su derecho a las tierras, y no al revés, como se sustentaba en la legislación burguesa.

El Plan de Ayala fue, sin duda, la formulación programática más avanzada, respecto a la cuestión de la tierra, que surgió en el transcurso de la revolución mexicana. Aunque orientado a la cuestión agraria, le dio al zapatismo un sesgo tendencialmente anticapitalista. Esto se expresó también en el terreno político: si al inicio de la revolución aquél se alió con el maderismo —cuyo programa se limitaba a reformas institucionales—, el cual respondía a un sector de la clase dominante, los zapatistas finalmente rompieron con éste y adoptaron una postura independiente, cuyo sustento fue tanto el Plan de Ayala como el rol de los pueblos de Morelos como pilar de una organización militar propia.

Los zapatistas intentaron llevar a la práctica el Plan de Ayala durante los años siguientes, al fragor de la guerra civil. Sin embargo, fue hasta el año de 1915 cuando se pudo ampliar y profundizar a gran escala la política agraria radical de Emiliano Zapata y el Ejército Libertador del Sur. Fue entonces cuando se puso en pie lo que el historiador Adolfo Gilly denominó la Comuna de Morelos, en obvia referencia a la Comuna de Paris de 1871, cuando los obreros se dieron su propio gobierno e iniciaron la construcción de un estado propio. Como entonces, con su Comuna, los campesinos y obreros agrícolas de Morelos tomaron, también, el cielo por asalto.

La Comuna de Morelos

Cuando los zapatistas abandonaron la Ciudad de México y regresaron a Morelos, Álvaro Obregón optó por ir al encuentro de la División del Norte de Francisco Villa. Una decisión acertada en términos de estrategia, en tanto Villa era el adversario militar más poderoso, y vencerlo abriría el camino al triunfo del constitucionalismo. Sin embargo, esta decisión le permitió a Emiliano Zapata y sus partidarios poner en pie, durante todo ese año, una de las experiencias sociales y políticas más avanzadas de México, profundizando lo hecho desde 1911 y en particular desde la derrota de Victoriano Huerta en el territorio de Morelos.

El reparto agrario se realizó con el objetivo de devolver a los dueños originarios sus propiedades ancestrales, a través de las comisiones agrarias, que levantaron los planos topográficos y los linderos de todos los pueblos del estado, asignándoles la posesión de las tierras fértiles para el cultivo, los recursos como los pozos de agua, los manantiales, las fuentes y los bosques. [2]

Esto puso culminación a una gran transformación social: la expropiación sin indemnización de las haciendas y la eliminación de la clase económicamente dominante en la entidad se articuló con el reparto agrario. Se mostraba además que el punto 8 del Plan de Ayala, como decíamos antes, ponía en cuestión a toda la clase terrateniente. Por ejemplo, “en sólo dos meses, entre enero y marzo de 1915, 105 pueblos morelenses recuperaron sus tierras, como informó Zapata a Roque González Garza, encargado del Poder Ejecutivo del gobierno convencionista”. [3]

Esto fue acompañado de la creación de un Banco Nacional de Crédito Rural, se planteó la construcción de una Fábrica de Herramientas Agrícolas y de Escuelas Regionales de Agricultura. El objetivo de estas medidas era fomentar la sustentabilidad de la explotación agrícola facilitando el acceso a créditos, educación y herramientas e impulsando la modernización del campo y una planificación colectiva. Aunque esto se concentraba en los hechos en Morelos y los estados aledaños donde el Ejército Libertador del Sur tenía influencia militar, en particular Manuel Palafox —uno de los secretarios de Zapata— perseguía con estas iniciativas un alcance mayor del Plan de Ayala. En este punto, es importante considerar la política zapatista ante los ingenios:

Aún más, las unidades productivas más avanzadas del estado de Morelos, por su tecnificación y productividad, y por su concentración de fuerza de trabajo asalariada, fueron nacionalizadas sin pago: nos referimos a los ingenios y destilerías. [...] Los ingenios, además de las haciendas, eran el principal sustento económico del estado [...] había 24 ingenios establecidos, que operaban con maquinaria de punta y un sistema de riego bien sofisticado. El grado de desarrollo de la industria azucarera se puede medir si consideramos que Morelos proveía la tercera parte de la azúcar que se consumía a nivel nacional, y era la tercera región productora de azúcar en el mundo. [4]

El desarrollo de esta profunda transformación económica no estuvo exento de contradicciones. Mientras Zapata y sus allegados preferían que proliferara la producción de caña de azúcar para alimentar los ingenios y así obtener recursos para mantener la “economía de guerra”, las comunidades se inclinaban por garantizar su sustento mediante la producción para el autoconsumo, decisión que fue, en líneas generales, respetado por la comandancia zapatista.

La expropiación y nacionalización de las haciendas y de los ingenios fue la comprobación de la dinámica anticapitalista que se desplegó en Morelos, que, en los límites impuestos por la estructura económico-social del estado y restringido regionalmente, puso en cuestión la propiedad de la antigua clase dominante sobre los principales medios de producción de la región. La transformación económica fue acompañada de un cambio en el terreno de las relaciones sociales. Como plantea una autora citada previamente:

La expropiación y nacionalización de la tierra en Morelos tuvo su correlato en formas de poder específico que preservaron las conquistas y la consecución de los mandatos programáticos del Plan de Ayala. Según Adolfo Gilly y John Womack Jr., la toma de decisiones y la organización colectiva de los pueblos sirvió para recrear un tipo de poder democrático en el estado, que fue sustento de las medidas anticapitalistas que llevaron a cabo los zapatistas. [5]

Otro autor lo define como una “experiencia de autogobierno, de libertad para las comunidades y de avance en la transformación de las relaciones sociales, económicas y políticas a nivel local [...] un poder regional autónomo —un Estado regional, en sentido estricto”. [6]

Hay que considerar entonces que la experiencia de la Comuna y el gobierno zapatista [7] fue radicalmente opuesto a todos los gobiernos que emergieron durante el proceso revolucionario: destruyó —localmente— el estado capitalista y sus bases económicas, lo cual se sustentó en la expropiación y nacionalización de los latifundios y los ingenios. Sobre esto es que, nutrido por sus formas propias de organización, las masas rurales (trabajadores agrícolas de los ingenios y campesinos) edificaron su propio poder que finalmente sucumbiría ante la ofensiva militar constitucionalista. Marcar esto, y el carácter revolucionario de la acción de las masas insurrectas de Morelos, no implica negar los límites que se evidenciaron.

Particularmente que, aunque Zapata y Palafox propusieran extender su legislación a nivel nacional, su estrategia política, en los momentos esenciales de la revolución, mostró la primacía de una perspectiva regionalista, expresión de un movimiento con base campesina. Y que, aunado a ello, la inmadurez política y social de la joven clase obrera (así como el rol pernicioso del constitucionalismo) privó al campesinado insurgente del aliado urbano que podría haber motorizado una lucha revolucionaria contra la burguesía y por el poder político nacional. Sin embargo, como veremos a continuación, la comparación entre la política del EZLN y la del zapatismo original, muestra que los aspectos más avanzados y revolucionarios de Zapata y sus allegados no son retomados.

El neozapatismo del siglo XXI

Es indudable que la experiencia de “autogobierno” de la Comuna de Morelos no se hubiera podido sostener ni un día sin las medidas de expropiación contra los terratenientes y de reparto agrario. Podemos decir que la autodeterminación de los pueblos y comunidades encabezados por el Ejército Libertador del Sur sólo podía hacerse real a partir de una profunda transformación económica y de atacar —en este caso, regionalmente— el viejo poder de la clase dominante. Y justamente al no contar con una perspectiva para luchar por el poder a nivel nacional y transformar el conjunto de la estructura capitalista del país, el autogobierno zapatista no logró encontrar un punto de apoyo mayor ni evitar ser derrotado.

Merece contrastarse la acción del Ejército Libertador del Sur y la Comuna de Morelos, uno de los actores más radicales de la revolución mexicana, con la experiencia y el programa del EZLN. Sin duda, las Juntas de Buen Gobierno (creadas en 2003) y las acciones de las comunidades zapatistas son parte de un proceso de resistencia de muchas décadas contra el Estado burgués, y expresan las aspiraciones de los pueblos indígenas. Su defensa ante la represión estatal —independientemente si gobiernan neoliberales o “progresistas”— es una cuestión de principios para los revolucionarios.

Sin embargo, a 16 años de iniciada la experiencia de la autonomía y de autogestión en las comunidades zapatistas, es necesario sacar conclusiones. Según se dio a conocer el 19 de julio de 2003, en un comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y por los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas de Chiapas, anunciaron que “el EZLN decidió suspender totalmente cualquier contacto con el gobierno federal Mexicano y los partidos políticos, y los pueblos zapatistas ratificaron hacer de la resistencia su principal forma de lucha (…) Los pueblos indígenas zapatistas y rebeldes han preparado una serie de cambios que se refieren a su funcionamiento interno y a su relación con la sociedad civil nacional e internacional”.

Era su ruptura con el régimen mexicano, y ese fue el paso previo a la creación de sus propias instituciones y la búsqueda de un camino hacia la autonomía al margen del sistema capitalista, alineado con la idea de Toni Negri de un “comunismo aquí y ahora” que deja incólumes las relaciones de producción que imperan y no enfrentan a los actores políticos que garantizan ese status quo —como la burocracia sindical, las ONGs, las instituciones religiosas, como las iglesias evangélicas, etc.—, que así como mantiene el yugo de la explotación sobre las y los trabajadores, mantiene la dinámica de saqueo y rapiña de la tierra contra las comunidades indígenas.

El caso de las cooperativas de cafeticultores es un ejemplo. Si bien prima la producción para autoconsumo, y el excedente siempre es pequeño y alcanza apenas para adquirir algunas de las mercancías que no producen —sal, jabón, ropa, algunos alimentos, medicinas, cal—, el sector cafetalero está dominado por las multinacionales Starbucks y Nestlé, que son las que imponen los precios de mercado. [8] Las cooperativas zapatistas no pueden sustraerse a ese contexto.

“Sería un error argumentar que los campesinos zapatistas se encuentran fuera de las relaciones capitalistas. Como muchos estudios lo han demostrado, los zapatistas han sido afectados directamente por la reestructuración neoliberal del campo. Además, la gran mayoría de ellos han tenido numerosas experiencias de trabajo asalariado en los ranchos y las ciudades de la región y hasta de migración temporal a otras regiones de México. En los términos utilizados por los nuevos ruralistas, las familias que conforman el EZLN han sido plurifuncionales desde varias décadas ya”, señala el académico Leandro Vergara-Camus. [9]

Lo que está en el fondo de esta discusión y de los límites de la política de la comandancia del EZLN es que ésta ha disociado la justa reivindicación de autonomía respecto a la necesidad del acceso a la tierra y a los recursos naturales. Esta disociación se encuentra en los Acuerdos de San Andrés, que fueron adoptados por la dirección del EZLN como un verdadero programa.

La enseñanza de la experiencia de la Comuna de Morelos es que la autonomía sólo puede ser real en la medida que las comunidades tengan la posibilidad de acceder realmente a la tierra y al usufructo de las riquezas del suelo, derechos históricos arrebatados en una historia de robo y saqueo —una acelerada acumulación de tierras comunales sobre la que se abrió paso el capitalismo mexicano— cuyo último gran capítulo se inició con la reforma al artículo 27 constitucional por parte de Carlos Salinas de Gortari. Esto, junto con la entrada en vigencia de la Ley Agraria de 1992 con la promesa de la “seguridad jurídica”, transforma a los ejidos de propiedad social en propiedad privada con los certificados de derechos parcelares que otorga el Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RAJA). Así es que ahora la parcela ejidal puede arrendarse y venderse si el ejido accede al dominio pleno, [10] con el agravante de que en el caso de Chiapas es uno de los estados donde existe menor infraestructura y medios de producción (bordos para riego, abrevaderos, pozos, salas de ordeña, aserraderos, tractores, vehículos y maquinaria), lo cual trae como consecuencia la asfixia económica de los ejidatarios, que se ven orillados a vender sus parcelas.

La autodeterminación es impensable sin la restitución de las tierras arrebatadas a los pueblos indios y la consecución de una reforma agraria radical que les dote de tierras suficientes, a expensas de los terratenientes —que acaparan 41 % de los 196 millones de hectáreas que integran México— [11] y las trasnacionales, que han sido y son beneficiadas por los gobiernos de turno con la asignación de contratos para edificar megaproyectos como el Tren Maya que se viene.

De igual forma, la lucha por una real autonomía conduce al enfrentamiento con el Estado, el cual difícilmente tolerará que se cuestione la gran propiedad terrateniente. Sin embargo, la dirección del EZLN ha planteado una y otra vez que su estrategia no es acabar con el poder de los capitalistas ni luchar por un gobierno de los explotados y oprimidos. En este punto también difiere de la propia experiencia de la Comuna de Morelos. Aunque la misma se limitó a una región, la realidad es que en ese ámbito concentró el poder estatal y el mismo se basó en el pueblo armado y la expropiación de los terratenientes. La perspectiva de la dirección del EZLN, en cambio, implica la coexistencia con el poder del Estado y la construcción de espacios (o “islas”) de autonomía, que evade la lucha por la expropiación de los medios de producción y liberar al conjunto de la humanidad de las cadenas de la esclavitud asalariada.

Retomar la obra de Emiliano Zapata

Una perspectiva verdaderamente anticapitalista —considerando que el EZLN se reclama como tal— debe plantear la lucha por un gobierno de los trabajadores, los campesinos e indígenas pobres y el pueblo. Una alternativa de poder que rompa con la dominación imperialista y tienda una alianza con los millones de trabajadores y campesinos inmigrantes en Estados Unidos —muchos de ellos pertenecientes a las comunidades y pueblos originarios—, que expropie a los capitalistas y terratenientes, a las trasnacionales y las empresas del agrobusiness. Sin eso, no hay forma de resolver hasta el final las demandas de las grandes mayorías. Sólo un gobierno de los trabajadores y el pueblo podría, por ejemplo, brindar los créditos baratos y los recursos técnicos que necesitan los campesinos pobres, expropiando a la banca y la industria para ello. Podría detener el despojo, la devastación ambiental, la entrega del agua a grandes empresas nacionales y extranjeras, garantizar el derecho a la autonomía y el acceso a la tierra que niega el actual régimen político.

Eso implica, sin lugar a dudas, buscar una alianza revolucionaria con la clase trabajadora, que ponga en pie a los explotados y oprimidos del campo y la ciudad, cuyo norte sea la lucha por un estado de nuevo tipo, basado en organismos de autodeterminación de las masas, cuyo objetivo estratégico sea el comunismo, entendido como una sociedad de productores libres asociados. Si en los tiempos de Zapata esa necesidad chocó con las propias limitaciones del desarrollo del joven capitalismo mexicano y sus clases fundamentales, en el México actual, donde se profundiza la opresión y expoliación de las masas rurales, y donde ha surgido un poderoso proletariado, es una perspectiva por la cual luchar para retomar la obra de Emiliano Zapata y llevarla hasta sus últimas consecuencias.