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Mundo Obrero. De Menem a Cristina: la salud de la clase obrera siempre fue un negocio

La doctora Marcela Ripullone es especialista en medicina del trabajo. Aquí analiza la evolución del negocio de la salud de los trabajadores y cómo los empresarios siempre lucraron con el mismo.

Miércoles 24 de agosto de 2016

Marcela Ripullone se recibió de médica en la Universidad Nacional de La Plata. Es especialista jerarquizada en clínica médica y especialista en medicina del trabajo. Exjefa de servicio de emergencia en el hospital Alejandro Korn, en la localidad de Melchor Romero y a cargo del servicio de toxicología de adultos (único en La Plata). Actualmente es perito de oficio de los tribunales de trabajo de La Plata.

En conversación con La Izquierda Diario cuenta cómo fue evolucionando el negocio de la salud de los trabajadores y cómo los empresarios siempre lucraron con el mismo.

¿Cómo impactó en los años noventa el cambio en la aseguradora de riesgos de trabajo?

  •  Previo a la creación de las ART y AFJP cuando los trabajadores se accidentaban no había retribución alguna, te tratabas por obra social o en el hospital y, a lo sumo, ibas y le hacías juicio al fisco o al ente privado. Después, en 1996, Menem creó las ART y dispuso que todos los fondos de los jubilados pasaran a manos privadas. Esto, se suponía, traería beneficios para los trabajadores ya que a partir de la creación de las ART si te accidentabas las empresas se tenían que hacer cargo y pagar un porcentaje, de acuerdo al nivel de lesión.

    Además, a partir de las resoluciones tratadas y aprobadas entre 1995 y 1996, también se obliga a las empresas a hacer un estudio previo para entrar a trabajar, conocido hoy normalmente como “preocupacional”. También se adoptaron las convenciones internacionales sobre el Baremo (forma de medir el grado de lesión o incapacidad relacionado con la actividad laboral) y se obliga al empleador a realizar estudios, cada seis meses o un año, para determinar si hay lesiones relacionadas con la actividad particular. Por ejemplo exámenes auditivos, espermogramas, etc.; todo dependiendo de la actividad, fuera manufactura, químicos o aeropuertuarios, por decir algunos casos.

    Pero eso se cumple poco y nada, ¿no es cierto?

  •  Nada de eso se cumple efectivamente. Es que al pasar el cuidado de la salud a manos privadas simultáneamente se convirtió en un negocio, porque la empresa les paga a las ART un porcentaje per cápita fijo por cada empleado a cargo. Entonces mientras menos trabajadores manda la empresa a la ART, menos tiene que pagar. Por eso hasta el día de hoy, inclusive, las patronales les informan poco a sus empleados sobre la existencia de las ART y cómo se manejan. Ni hablar del servicio médico en planta, que es altamente deficiente en la abrumadora mayoría de las fábricas y establecimientos. Para no hablar del trabajo rural donde directamente no existe.

    Esto lo puede constatar cualquier trabajador o trabajadora que alguna vez haya ido a la enfermería de su trabajo (si es que la encuentra) donde la respuesta a cualquier dolencia física es siempre la misma “descansá un poco y volvé a la línea” o “tomate esta aspirinia y volvé a trabajar”.

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    ¿Qué rol desempeña la Superintendencia de Riesgos del Trabajo?

  •  Ese nuevo sistema privatizado también creó la SRT, mediante la cuál, supuestamente, el Estado supervisaría a las ART. La SRT está compuesta por una Comisión Médica de tres doctores magistrados. Si el trabajador o la trabajadora está disconforme con la resolución de la ART tiene que dirigirse a la SRT que trata su caso. Es decir que en lo esencial tampoco cambió mucho con respecto a cómo te manejabas antes de las ART, ya que también dependía del trabajador o trabajadora tener que moverse para conseguir un trato justo.

    Además, la comisión médica siempre está designada en conveniencia entre las empresas y las ART, por lo que se termina en un círculo vicioso donde la superintendencia responde a los intereses de la ART, que a su vez responden a los intereses de los empresarios.

    El otro gran problema que trajo la privatización fue que las empresas que manejaban las ART o las AFJP cuando decidían que ya no era rentable el negocio declaraban la quiebra, fugaban todo lo que habían ganado y uno se quedaba sin fondos y a nadie a quién hacerle juicio, ya que la sociedad anónima ya no existía.

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    ¿Qué cambios hizo en la materia el kirchnerismo?

  •  Lo que hizo el kirchnerismo es traer de vuelta al Estado los fondos de las ART que habían quebrado a la caja de jubilados, tanto de Nación como de la Provincia de Buenos Aires (Anses e IPS). En ese sentido repatrió el dinero. Pero lo que no hizo fue terminar con el negocio de las aseguradoras. De hecho obliga a privados y estatales a realizar convenios con las ART.

    Por eso desde 2009 hay una explosión de las aseguradoras (de hecho Mapfre, Sancor Salud y otras crecieron exponencialmente). Por ejemplo cuando yo trabajaba en el hospital hace diez años, si a mí me pasaba algo el que se hacía cargo era el hospital, ahora es una aseguradora que trabaja con la aseguradora de Provincia.

    ¿Y qué cambió con la ley de contrato de trabajo de 2013?

  •  Ahí, por un lado, hubo algo positivo, que fue el agregado de algunas enfermedades laborales que antes no estaban contempladas, por ejemplo várices, hernias inguinales y crurales, hernia de disco L5ss1, etc.

    Pero de conjunto empeoró todo el sistema. Por ejemplo, cambió el sistema de Baremo. Al modificar el decreto del año 96, lo que hace la nueva ley es incorporar la ley de incapacidad restante, es decir que mide la incapacidad que te queda para trabajar pero no la incapacidad real que tenés. Esto es algo por lo que varios abogados vienen luchando, ya que lo consideran inconstitucional.

    En definitiva, cada nuevo cambio en el sistema benefició aún más a las corporaciones

  •  Justemente hay otro punto importante que introdujo la nueva ley: la reclasificación del aspecto dinerario. A partir de esta modificación por más que la SRT o tu ART te den la incapacidad y te firmen que la empresa te tiene que reasignar tareas livianas, la empresa puede aducir que no tiene para darte tareas livianas. Y en ese caso la ley solo obliga a la empresa a pagarte seis meses del sueldo básico en tu casa y después puede echarte sin indemnización. Insisto, la empresa está cubierta por ley para echarte sin pagarte después de haberte lesionado trabajando para ellos.

    Además ahora, con la ley de 2013, la prestación dineraria por incapacidad la pagan una sola vez en la vida y puede ser en cuotas, es decir que estas modificaciones fueron un gran apretón de manos del gobierno con las empresas para seguir lucrando con la salud de los trabajadores y las trabajadoras.