El juez Bonadio lo procesó en la causa que investiga desvío de fondos en la compra de gas natural licuado entre los años 2008 y 2015. El segundo del ex ministro en su cartera, fue detenido ayer.
Juana Galarraga @Juana_Galarraga
Viernes 20 de octubre de 2017
Ayer, el juez Claudio Bonadio procesó a Julio de Vido y a quien fuera el número dos del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta. Ambos procesamientos fueron acompañados de un pedido de prisión preventiva, bajo los cargos de "defraudación a la administración pública y administración fraudulenta".
La causa que investiga el juez, es por irregularidades en las contrataciones de buques con gas natural licuado (GNL). Según la investigación, en las operaciones de compra de estos buques, se realizaron maniobras fraudulentas y desvíos de fondos, que costaron más de 6900 millones de dólares a las arcas estatales, entre los años 2008 y 2015.
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Roberto Baratta se desempeñó como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, en la cartera que condujo De Vido durante la administración anterior. También fueron procesadas en esta causa, sin prisión preventiva, a otras 23 personas, entre ellos ex ministro menemista y asesor de De Vido Roberto Dromi. En la lista de procesados se encuentran a su vez, quienes estuvieron a cargo de ENARSA (empresa a través de la cual se compraba GNL).
Las compras de buques tenían como fin el abastecimiento de las plantas radicadas en Bahía Blanca y Escobar. Cada barco tenía un valor aproximado de 30 millones de dólares. La sospecha de negociados ilegales en estas operaciones, surge a partir de que en la compra de casi 500 barcos de GNL, se pagaron 15.300 millones de dólares. Esto implica un sobreprecio detectado de 6.900 millones.
Según la resolución del juez, Fueron De Vido y Baratta quienes "tuvieron en sus manos el diseño de todo el plan delictivo y la estructura que concretó la importación de GNL". Ellos habrían sido quienes "diagramaron y mantuvieron en el tiempo la maniobra mediante la cual se perjudicó las arcas del Estado".
El juez además, consideró necesaria la prisión preventiva dado que los dos ex funcionarios, representan "un riesgo de entorpecimiento de la investigación". Roberto Baratta quedó detenido ayer por la tarde y fue trasladado a la Comuna 12 de la Policía de la Ciudad. En los próximos días será trasladado a una de las cárceles del Servicio Penitenciario Federal.
La avanzada judicial se da en el marco de la campaña electoral y va en sintonía con el discurso del oficialismo contra "las mafias" y "el pasado". Mientras la "corpo judicial" ataca la más que evidente corrupción del gobierno anterior, hace la vista gorda y beneficia a Cambiemos con faltas de méritos o resoluciones express de causas por corrupción que salpican a la administración actual.
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De Vido enfrenta ahora la discusión por su desafuero que iniciará el martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales, por orden del juez Luis Rodríguez. La decisión se conoció el martes. La Sala II de la Cámara Federal definió pedir el desafuero y la detención del ex ministro de Planificación y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria.
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El juez Rodríguez investiga a De Vido en el marco de la causa por presunta defraudación millonaria al Estado nacional en el acondicionamiento y puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio, provincia de Santa Cruz. El pedido de prisión preventiva de Bonadio se suma al de Rodríguez, complicando aun más la situación del ex ministro K.
A diferencia del circo montado previo a las PASO, cuando Cambiemos intentó desaforar a De Vido por "inhabilidad moral", de aprobarse su desafuero en esta oportunidad, la medida sí tendría repercusiones concretas. Al ser exigida por el Poder Judicial, el ex ministro que ya cuenta con pedido de prisión preventiva podría ir preso.
Como ya se expresó en este medio, "el Frente de Izquierda en el Congreso Nacional, como lo había anunciado en debates previos, afirma que la Cámara de diputados debe, en este caso particular, proceder a desaforar a De Vido ante el requerimiento del Poder Judicial. No cabe la menor duda sobre el profundo entramado de corrupción que existe desde hace décadas en Argentina en la obra pública, y que atraviesa a lo largo del tiempo a distintos gobiernos, partidos políticos del régimen capitalista y grupos empresarios".
