Mar del Plata. De espía durante la dictadura a fiscal general de Mar del Plata

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Entre los organismos que realizaron la presentación de juicio político se encuentra la Comisión Provincial por la Memoria junto al SERPAJ, el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Judicial Bonaerense y la Federación Judicial Argentina.

El pedido fue presentado ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires y lleva las firmas, entre otros, del presidente de la Comisión Provincial por la Memoria y premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; la presidente de Abuelas de Plaza de mayo, Estela Carlotto y Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

Entre las pruebas, que justifica esta solicitud, se encuentran los documentos desclasificados de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), hallados recientemente, donde se menciona que el actual fiscal fue miembro de este organismo, al menos entre los años 1978 y 1981.
Estos documentos, que fueron presentados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en noviembre de este año ante la justicia de San Isidro y San Martín, comprueban, entre otros hechos, que Fernández Garello fue Oficial de Inteligencia con el rango de Subinspector de la DIPPBA. Desde este puesto el espía, y actual fiscal general de Mar del Plata, se infiltraba en organismos de derechos humanos durante la última dictadura militar.

Gracias al hallazgo de estos archivos secretos Fernández Garello hoy está imputado en dos causas por crímenes de lesa humanidad. Una de ellas es en la que se investiga la desaparición y asesinato de la militante del PST, Ana María Martínez, quien estaba embarazada al momento de ser secuestrada en la zona norte del Gran Buenos Aires. La joven Martínez militaba en la regional Mar del Plata hasta que prosiguió su actividad política en la provincia de Buenos Aires. El cuerpo sin vida de Ana María fue hallado una semana después de su secuestro, en febrero de 1982, en un descampado entre Tigre y Escobar. La otra causa en la que también se investiga al fiscal es por el secuestro y tortura de militantes comunistas.

Juicio político

Los organismos de derechos humanos sostienen, en la presentación que hacen para pedir el juicio político del fiscal de Mar del Plata que “la continuidad y permanencia en sus cargos de funcionarios judiciales que han participado de secuestros ilegales, espionaje, seguimiento y determinación de ‘blancos’ para su posterior secuestro, infiltración y efectiva participación en los secuestros y torturas, debe ser revisada con celeridad”. Además, los integrantes de los organismos solicitan que así como se debe investigar los crímenes de lesa humanidad en los que participó el fiscal, del mismo modo debe investigarse el ocultamiento y falsificación de sus antecedentes para obtener su designación como fiscal general en el sistema judicial, “constituyen hechos graves que violan la Constitución Provincial y toda la normativa internacional”.

Asimismo se conoció, a través de una entrevista al secretario de la CPM Roberto Cipriano García había publicada en el diario Página/12 dice sobre el fiscal Fernández Garello que “este funcionario dirige en la actualidad la política criminal en Mar del Plata, y durante estos años los casos de violencia policial y penitenciaria nunca fueron investigados por los fiscales, no cumplían con la acordada que establece que en casos de personas muertas por policías o penitenciarios no puede intervenir la policía sino directamente los fiscales, ni tampoco se cumplía con la disposición de la Procuración que ordenaba investigar todas las muertes ocurridas en contextos de encierro”. Y agregó que el fiscal general de Mar del Plata “protegía el accionar policial ilegal, nunca generó políticas destinadas a perseguir esas violencias”.

Por todo esto los organismos de derechos humanos exigen la inmediata conformación de un jurado de enjuiciamiento para que “se aboque con carácter urgente al tratamiento de la presente denuncia procediendo a la remoción del mencionado funcionario, dada su probada condición de imputado en delitos de lesa humanidad así como también su falta de idoneidad por haber sido parte de la estructura represiva”, que incluye la suspensión de su cargo hasta mientras se tramite el proceso.