El pasado martes el presidente Mujica adelantó que se propone enviar un informe a la Suprema Corte de Justicia sugiriendo la liberación de militares torturadores de la dictadura militar.
Viernes 31 de octubre de 2014
En Uruguay, el número de militares procesados por violaciones a los derechos humanos es ínfimo y por decisión del propio Frente Amplio se encuentran presos en una cárcel especial y rodeados de privilegios. Pero no conforme con esto, ahora “sugiere” a la Justicia que pasen al régimen de prisión domiciliaria, o sea que vivan cómodamente en sus casas.
Ya Mujica se había pronunciado por no condenar a los “viejitos”; como él mismo denomina a un conjunto de torturadores y asesinos que aún hoy reivindican el golpe de estado y sus accionar en esa época.
Luego de realizadas las elecciones y en un reportaje televisivo el presidente avanzó en su política de reconciliación y perdón anunciando que recomendaría a la Justicia la prisión domiciliaria de al menos 5 militares por motivos de salud. En el día de hoy nuevas declaraciones de integrantes del gobierno confirman que la gestión ante la Corte Suprema ya fue ejecutada.
Este accionar constituye un nuevo paso de todo el Frente Amplio por “cerrar las heridas” (léase mantener la impunidad) de la dictadura mostrándose, una vez más, confiable para la burguesía.
Mientras el número de presos sociales es uno de los más altos de América y se hacinan en condiciones inhumanas en cárceles denunciadas por los propios organismos internacionales, Mujica propone la liberación de los pocos presos que hay por violaciones a los derechos humanos.
Entre los “candidatos” propuestos para acceder al privilegio, figura José Gavazzo uno de los torturadores emblemáticos de la dictadura quien finalmente podría terminar en su casa gracias a esta gestión de José Mujica.
El presidente intenta presionar a la justicia aun sabiendo que la ley prohíbe expresamente la prisión domiciliaria para este tipo de delitos. Un hecho vergonzoso, una traición a sus propios compañeros militantes salvajemente torturados, pero también un desprecio a la propia justicia uruguaya y a la memoria y una clara señal de que los genocidas asesinos tienen en Mujica un activo defensor. Se confirma nuevamente que el Frente Amplio fue desde la salida negociada del pacto del Club Naval garantía “por izquierda” de la impunidad que se acordó en ese momento.
