Transporte público. De las manifestaciones de taxistas al problema del transporte en la Ciudad de México

Desde el lunes, miles de taxistas, agrupados en la Asociación Nacional Taxista, iniciaron jornadas de manifestaciones que arrancaron de los cuatro puntos de la Ciudad de México hacia el Zócalo para instalar una mesa de diálogo con las autoridades, partiendo de la denuncia de que éstas no han cumplido con las demandas que habían planteado desde el año pasado, particularmente la relacionada con las plataformas digitales.

Además de sostener esta demanda central (producto de direcciones políticas que promueven la división entre el trabajador Uber y el trabajador taxista convencional) aseguran que, desde el año pasado que inició su movimiento, los gobiernos locales y federales han hecho caso omiso a sus demandas, como la condonación de impuestos en recargos a trámites extemporáneos.

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De la movilidad sustentable y la precariedad del trabajo transportista
A finales del mes pasado, la Secretaría de Movilidad presentó el proyecto de corredor elevado para trolebuses y una serie de proyectos de movilidad sustentable en la zona oriente de la capital del país, cuyas colonias cuentan con la mayor densidad de población de la Ciudad.

En este anuncio se resaltó el aspecto sustentable sobre usar energía eléctrica como propulsor de estos vehículos, lo cual a simple vista pareciera ser un aspecto positivo de la política del gobierno de la 4T en este rubro; sin embargo, la “sustentabilidad” del proyecto no abarca la seguridad social de los trabajadores de las rutas concesionadas, quienes, durante décadas, han tenido estos derroteros como fuente de trabajo.

Hablamos de más de ocho rutas concesionadas de la zona, con miles de trabajadores que, si bien hasta el momento no se ha anunciado su eventual desplazo, como lo fue en años pasados con el Metrobús, siguen quedando fuera de estos proyectos, porque en el plan no se recupera una alternativa ante la pérdida de su trabajo.

Aunado a lo anterior, el anuncio de las nuevas formas de transporte resulta absolutamente insuficiente en proporción a la densidad de población; pues el proyecto inicial de trolebús elevado solamente contempla 50 unidades, dejando en el olvido cuestiones fundamentales como la sana distancia para este proyecto y de hecho para el transporte en general, condiciones de distanciamiento e higiene que el Estados es responsable de garantizar y que ahora son inexistentes.

Si bien el gobierno ha anunciado algunas políticas de transporte público bajo su tutela, con participación del sector privado para el armado de las unidades, no resuelve las problemáticas que enfrenta este sector, porque obvia que actualmente el grueso del transporte se divide en concesiones a empresas e individuales, lo que implica que cuando se trata de las primeras, hay una puerta abierta a la privatización del transporte que les genera jugosas ganancias; mientras que las segundas, destacamos que, por la vía de los hechos, son quienes no pueden sostener el costo del mantenimiento de las unidades por la excesiva carga tributaria que sufren; lo cual tiene un impacto directo en la calidad del servicio y en la capacidad del mismo, además de que también hay dueños de unidades que dejan de laborar y contratan choferes bajo condiciones todavía más precarias.

¿Qué alternativa tienen las y los trabajadores del transporte hoy?

El transporte urbano, tanto de la capital como en los estados, es un trabajo altamente precarizado, con excesivas jornadas laborales y sin ningún tipo de derecho social o contratación colectiva en la mayoría de los casos. En la Ciudad de México, el transporte concesionado está mayoritariamente en manos de las empresas privadas de transporte de pasajeros, cuyos dueños sostienen esas condiciones precarias contra sus trabajadores.

Desde mi experiencia como trabajador del transporte e hijo de trabajadores en este rubro, considero necesario que los trabajadores del transporte, en unidad con los usuarios, exijamos la estatización como bien público de carácter esencial y la puesta en funcionamiento del servicio bajo nuestro control democrático. Es la única forma de acabar con el negocio infame a costa de las necesidades populares y asegurar un servicio de calidad y condiciones de trabajo dignas. Si el Estado tiene dinero para financiar a las empresas de este sector, que lo ponga al servicio del pueblo trabajador en una empresa pública con gestión obrera y control de usuarios. No basta con implementar un proyecto sustentable para resolver las problemáticas del transporte.

Hay que comenzar a pelear por esta perspectiva en unidad con otros trabajadores que padecen la misma situación de precariedad laboral en las plataformas digitales, confiando únicamente en nuestras propias fuerzas e, inclusive, empezar a plantearnos la posibilidad de construir nuestras propias representaciones políticas en defensa de nuestros derechos y los de los usuarios, que también son trabajadores.

Se requiere una representación independiente para potenciar la lucha por todos nuestros derechos laborales y que ningún proyecto de transporte público se convierta en la pérdida de la fuente de trabajo, sino que nos garantice derechos plenos.