Audiencias públicas. De los tarifazos de Macri a las subas del FMI: nacionalizar el sistema energético es la alternativa

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de esta semana coincidirá con la realización de las audiencias públicas organizadas por el Gobierno para aplicar los nuevos aumentos tarifarios. En las audiencias de este martes y miércoles se discutirán los nuevos precios en la cadena de producción, transporte y distribución del gas natural y la energía eléctrica. En tanto, el jueves se debatirá la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios a los usuarios de estos servicios por parte del Estado. Para la mayoría de las personas se esperan incrementos superiores al 20 %, un nuevo ataque a los bolsillos de los sectores de menores ingresos y una presión más al alza de la inflación.

Martín Guzmán pactó con el Fondo Monetario un sendero de disminución de subsidios que equivalga este año al 0,6 % del PBI, lo que implicaría subas superiores a las que están en discusión. El cambio en las condiciones internacionales (guerra en Ucrania) y el aumento de los precios de la energía hacen todavía más difícil cumplir con dicho compromiso. Son las grandes empresas que intervienen en la cadena productiva quienes se apropian de estas subas.

Alberto Fernández se había comprometido a revertir los tarifazos aplicados por el macrismo. Entre 2015 y 2019 la tarifa a los usuarios residenciales de Edenor aumentó 3.222 % (731 % en términos reales) y a los de Edesur 3.178 % (720 % en términos reales) según datos publicados por el ENRE. Para el gas las subas en ese periodo fueron de entre 1.500 a 1.900 %. Gracias a esto, en 2019 Edenor ganó $ 12.134 millones y Edesur $ 12.681 millones.

Esas mismas empresas se encuentran entre las principales responsables de la fuga de capitales que fue financiada con el préstamo solicitado al FMI en 2018 y convalidado este año por Alberto al concretar un nuevo programa con el organismo internacional. El mismo Fondo que durante la presidencia de Menem impuso que se privaticen los servicios públicos a precios regalados.

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Los empresarios y el Fondo Monetario priorizan sus intereses, presionando por el alza de las tarifas, haciendo imposible garantizar servicios de calidad y a bajo costo para el conjunto de la población. La luz y el gas son un derecho esencial y su provisión no puede estar regida por la lógica de la ganancia capitalista. El sistema energético nacional tiene que estar bajo gestión y control de los trabajadores y técnicos, que voten los órganos de dirección y administración; incluyendo la participación de comités de usuarios populares.

Se hace cada vez más urgente avanzar en planificar todo el sector energético en todas las etapas productivas, desde la extracción de los recursos, la generación eléctrica, el transporte y distribución a los usuarios, en función de las necesidades de las mayorías. Desde el Frente de Izquierda vienen planteando esta necesidad que se hace cada vez más urgente con la agudización de la crisis social y el avance del ajuste del FMI y el Gobierno nacional.

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