Congreso. De madrugada, Diputados dio sanción definitiva a la reforma de la Ley de Alquileres

En la madrugada de este miércoles se dio sanción definitiva a las modificaciones a la Ley de Alquileres. Fue en Diputados, con 128 votos a favor y 114 en contra, aprobando los cambios introducidos por el Senado a la media sanción que, a fines de agosto, se había votado en la Cámara baja. Quedó así desechada la propuesta que había sido votada a instancias de Juntos por el Cambio y otros bloques provinciales, con la ayuda del quórum de La Libertad Avanza , que hubiese implicado legalizar prácticamente la dictadura del negocio inmobiliario.

Las modificaciones que se convirtieron en ley este miércoles son: que la actualización de los precios sean cada seis meses (en vez de cada un año), que se actualice por el índice Casa Propia (el más bajo entre el coeficiente de variación salarial que contempla a informales, o el de inflación), que va a reemplazar el índice vigente de alquileres (50 % salarios formales y 50 % inflación), y la prohibición de alquileres en dólares. Se mantienen los contratos por tres años y se incorporan beneficios impositivos a los propietarios.

La aprobación contó con votos positivos del Frente de Todos , del Frente de Izquierda , del Movimiento Popular Neuquino , parte del Interbloque Federal y de Provincias Unidas (que votaron divididos). En contra votaron Juntos por el Cambio , otra parte del Interbloque Federal y Provincias Unidas , y La Libertad Avanza .

Juntos por el Cambio pretendía insistir con la media sanción de Diputados que actualizaba precios cada cuatro meses, que el índice sea por “libre acuerdo” entre la partes (es decir, lo que impongan las inmobiliarias) y bajar a dos años los contratos. La bancada de Javier Milei quería que directamente se derogue cualquier legislación, para que el negocio inmobiliario imponga todas sus condiciones contra los inquilinos.

En el caso del Frente de Izquierda Unidad , cuestionaron que ninguna de las dos opciones era una solución para inquilinos e inquilinas, que se encuentran en una situación desesperante debido a la gran especulación inmobiliaria y la irracionalidad de casas sin gente y gente sin casas, el avance de la dolarización de alquileres, con familias muy golpeadas por la inflación y caída de salarios.

Desde el FITU denunciaron que el Gobierno permitió al negocio inmobiliario que avance y haga lo que quiera, sin siquiera cumplir la ley vigente, empeorando la situación de la vivienda los últimos cuatro años. De hecho, el ministro y candidato de Unión por la Patria Sergio Massa aseguró que la Ley de Alquileres fracasó tal como dice el lobby inmobiliario, proponiendo que no haya una legislación nacional que proteja a los inquilinos y que sean las provincias las que definan. En el debate presidencial, Myriam Bregman fue la única candidata que defendió a quienes alquilan y cruzó a Sergio Massa por sus declaraciones contra la Ley de Alquileres.

Como ya había planteado Myriam Bregman en la sesión anterior, los cuestionamientos a la ley de alquileres vigente de los demás bloques, no son por sus falencias para proteger inquilinos, sino que ceden a los reclamos del negocio inmobiliario que especula sobre un derecho humano. El Frente de Izquierda rechazó los artículos que le otorgan beneficios impositivos a los propietarios, y que se retroceda a una actualización cada seis meses porque implica un aumento mayor de los alquileres para más de 10 millones de personas. Acompañaron la media sanción del Senado a pedido de las organizaciones inquilinas para que no que se imponga la media sanción de Diputados (de Juntos por el Cambio y aliados) que pretendía avanzar en eliminar cualquier protección a los inquilinos para que las grandes inmobiliarias impongan todas sus condiciones.

Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Romina del Plá, les cuatro legisladores del FITU , vienen denunciando desde hace tiempo el lobby del negocio inmobiliario y reclaman que se tomen medidas urgentes a favor de quienes mes a mes deben afrontar el pago de un alquiler.

Entre las medidas que propone la izquierda están, la de gravar las viviendas vacías con impuestos progresivos, desalentando la especulación de las corporaciones constructoras e inmobiliarias. A su vez, que esas casas y departamentos deban ser ofertadas por sus propietarios, poniéndoles un tope a los precios iniciales de los contratos y a las actualizaciones, de acuerdo a la evolución de salarios formales e informales.

Otra propuesta del FITU es limitar los llamados “alquileres temporarios” promovidos por quienes tengan más de 100 metros cuadrados de inmueble o más de dos unidades funcionales (sin contar la vivienda propia). También prohibir que los precios se fijen en dólares.

Son medidas que pueden y deberían tomarse cuanto antes, con el objetivo de dar una respuesta estructural a la crisis habitacional, que inexorablemente debe ir en el camino de dar créditos baratos con tasa subsidiada y un plan de obras públicas para construir las viviendas necesarias y urbanizar los barrios populares que así lo requieran. Una planificación habitacional y urbana que sólo podrán llevar adelante seriamente las y los trabajadores, haciéndose cargo del control de esa planificación.

Como detalla Matías Hof en otra nota, la situación para las y los inquilinos es cada vez más crítica. Son más de diez millones de personas (alrededor de dos millones de hogares) que, al no tener vivienda propia, sufren las consecuencias del encarecimiento de los alquileres, motivado por la sed de ganancias de los grandes pulpos inmobiliarios que sólo ven en una vivienda una mercancía alejada de todo derecho humano. Más allá de los matices, la situación viene siendo legitimada desde hace años por el oficialismo y las oposiciones de derecha.

Más allá de las modificaciones a la norma vigente, la realidad es que desde hace mucho tiempo quienes tienen peso en el negocio inmobiliario y concentran las propiedades no cumplen siquiera con la ley vigente. Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza fueron voceros directos de ese lobby inmobiliario, para que tengan todo el poder contra los inquilinos. Por su parte, el gobierno del Frente de Todos ha dejado correr todo tipo de mecanismos usurarios y especulativos por parte de quienes lucran con el derecho a la vivienda.