Desde noviembre de 2018 los referendos sobre la monarquía se suceden en universidades de todo el Estado. Jóvenes estudiantes autoorganizados, construyendo consultas en sus centros para expresar el descontento de las nuevas generaciones con la corona, para traer un debate presente en la sociedad a la universidad, con el objetivo de exigir, junto a las consultas barriales y el movimiento democrático catalán, nuestro derecho a decidir.

Razones que expliquen la posición de cada vez más jóvenes y amplios sectores de la población contra la institución monárquica hay muchas: destacan los casos de corrupción que, presentes desde hace décadas, han estallado durante los últimos años, sin afectar legalmente a una familia real blindada bajo su condición de “inviolable”. De la misma manera, la exposición de la íntima amistad de los monarcas con regímenes reaccionarios y autoritarios como el de Arabia Saudí que han contribuido a su enriquecimiento personal ya durante el franquismo, ha seguido horadando la imagen de la institución. Otro episodio que ha aumentado exponencialmente el rechazo a la corona fue el discurso del 3 de octubre del año pasado en el que Felipe VI salió a avalar la brutal represión contra el pueblo catalán. Un mensaje para todos los pueblos del Estado español, dejando claro que no permitirá ningún cuestionamiento al Régimen.

Ineludible la herencia del franquismo que supone la monarquía, puesta a dedo por el dictador genocida Francisco Franco en 1969 bajo el paraguas de su Ley de Sucesión del 47, nunca votada, como reconoció el propio expresidente Suárez en la famosa entrevista de 1995 con su “hacía encuestas y perdíamos. Motivo por el que se evitó a toda costa el referéndum sobre la monarquía, incluida directamente en el “pack” de la Constitución del 78, que desde entonces quedó cerrada con candado.

La monarquía resulta uno de los actores que evidencia más claramente la continuidad con el franquismo que se impuso a base de represión y desmovilización de los sectores críticos y combativos durante la Transición. [1] Una monarquía sostenida económicamente con los impuestos que pesan sobre la población trabajadora, mientras condenan a amplios sectores de las mujeres, la juventud o los migrantes a la precariedad. Detrás de los besamanos, recepciones y la última joya que estrena la reina Letizia y llena portadas de revistas, hay 8 millones de euros del presupuesto del Estado que se lleva directamente la Familia Real, pero que ascienden hasta 60 millones anuales si sumamos las minutas que salen de asuntos exteriores o defensa, sin contar por supuesto con los negocios multimillonarios legales e ilegales off the record.

Tras décadas de bonanza, al calor de la crisis económica -y del régimen político- la monarquía se desnuda cada vez más como una casta feudal y parasitaria que solo responde a sus propios intereses, que son los del imperialismo español, los grandes empresarios y sus negocios multimillonarios. Y esa es precisamente la cuestión central, que la Constitución y su corona, como piedra angular del Régimen del 78, lejos de emanar de la soberanía popular o vehicular la voluntad popular como reza el credo oficial desde la Transición a esta parte, es abiertamente contradictoria con ella.

Aunque el Artículo 1º de la Constitución contemple que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, esos poderes del Estado son contrarios a los intereses de la mayoría de la población obrera y popular; aunque su Artículo 23 afirme que “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes”, la realidad es que cualquier iniciativa de participación popular y democrática, incluso cualquier expresión crítica que se proponga cuestionar la “institucionalidad” vigente, es considerada un acto ilegal, sedicioso o directamente de “rebelión”. Sirvan de ejemplo los jóvenes músicos o tuiteros juzgados por injurias a la corona o las y los presos políticos catalanes que llevan un año en prisión preventiva por el acto “subversivo” de haber puesto urnas.

En estos momentos en que se profundiza la “crisis orgánica” del Régimen del 78 [2], con una monarquía cada vez más cuestionada y un persistente movimiento democrático del pueblo catalán exigiendo su derecho a decidir, se ven más claramente las costuras de la “democracia borbónica” que diría el periodista Alberto Lardiés [3]. Un régimen que reprime brutalmente la libertad de expresión, que quiere enviar 20 años a la cárcel a los jóvenes de Altsasu para criminalizar a sectores de la población, que castiga las críticas a la corona con cárcel, que persigue a activistas y sindicalistas, dotado de legislación como “la Ley Mordaza” o el artículo 155 de la Constitución.

No es ningún secreto que a las clases dominantes les preocupa la participación política de las mayorías. Un informe realizado por The Economist en 2015 afirma taxativamente que muchos dirigentes “consideran, con frecuencia, la participación del público en la democracia como un problema e incluso como una amenaza. Esto ha ocurrido, sobre todo, con el ingreso de las masas en política en los países más avanzados a comienzos del siglo XX. Las élites dirigentes se han manifestado con frecuencia más alarmadas por la amenaza de la extensión del derecho de voto a las clases trabajadoras que empeñadas en desarrollar nuevas ideas, métodos e instituciones democráticas” [4].

El análisis de la tradicional revista imperialista británica expresa la reivindicación de la democracia en términos abstractos (especialmente cuando su degradación es mala para los negocios). Pero la “democracia” sin adjetivos no existe. Como escribió Lenin, la democracia liberal es la “mejor envoltura de la dictadura del capital”, es decir, la manera en que la burguesía presenta su dominación de clase de una forma más aceptable para las masas trabajadoras y populares.

Durante las últimas décadas del siglo XX, la democracia capitalista como régimen político y como ideología -con formas más o menos degradadas- se extendió más que nunca en la historia, incluso más allá de los centros imperialistas. [5] Junto con ello, se expandieron también las ilusiones en la democracia burguesa. Esta extensión de la democracia liberal, sin embargo, no llevó a la emancipación social. Por el contrario, actuó como cobertura de la contraofensiva neoliberal, la justificación ideológica de guerras imperialista. El impacto de la crisis capitalista internacional en las condiciones de vida de las masas mostró claramente que bajo las formas institucionales democráticas puede desarrollarse una gran “contrarrevolución” económica y social. Y, sobre todo, que al calor de los golpes de la crisis sobre las formas parlamentarias lo que se impone por parte de gobiernos de diferente signo es el despotismo del capital, dando paso a regímenes cada vez más bonapartistas y autoritarios.

La Constitución y el gobierno de los muertos sobre los vivos

Cuanto menor sea la participación política de la clase trabajadora y las masas populares, mejor para la minoría privilegiada de los capitalistas. Por ello, los guardianes del Régimen -en el Estado español como en tantos otros-, pretenden imponernos una Constitución inmutable, como una verdad ad eternum que debe regir nuestras vidas por siempre, eliminando de la ecuación cualquier intento de ejercicio efectivo de la voluntad popular. Pretenden que los muertos gobiernen sobre los vivos [6], que cualquier acto de cuestionamiento a su institucionalidad perimida sea considerado un crimen; algo que se muestra profundamente absurdo para aquellos que ni si quiera votaron aquella constitución impuesta: ¿por qué las nuevas generaciones deberían pagar el precio de una institucionalidad inmutable consagrada en un tiempo, un espacio y una relación de fuerzas específicos y pasados?

Incluso Thomas Jefferson, un terrateniente esclavista poco sospechoso de ser un radical izquierdista, que fue el principal autor de la Declaración de independencia de Estados Unidos, sostuvo que “ninguna sociedad puede hacer una constitución perpetua o incluso una ley perpetua. La tierra pertenece siempre a la generación en vida”. Para el padre de la Declaración de independencia norteamericana, cualquier constitución o ley expiraba después de 19 años y si se prolongaba más tiempo era “un acto de fuerza y no de pleno derecho”, llegando a sostener que una revolución cada veinte años habría beneficiado la salud de la República. ¡Cuánto de acto de fuerza tiene la prolongación incuestionable de esta Constitución que cumplió 40 años hace unos meses!

La criminalización y persecución de cualquier expresión e iniciativa que cuestione la institucionalidad de este Régimen somete a la voluntad y la movilización popular a jugar un papel, como mucho, de petición a las autoridades, siempre y cuando estas no se salgan de los marcos establecidos por los poderes constituyentes de 1978, cuando militares del franquismo escribían artículos para la constitución a puerta cerrada. El ejercicio de la soberanía popular que aparece con bombo y platillo en el primer artículo de la Constitución, queda reducido a una participación puntual en las elecciones cada cuatro años [7]. El poder económico, sin embargo, vota todos los días, cambia fallos judiciales a su antojo, los políticos capitalistas regalan altos cargos públicos obscenamente bien pagados e intercambian puestos directivos en grandes empresas o instituciones públicas por favores.

Este es el business as usual que ha caracterizado al régimen político nacido de la Transición. Que ha tenido en la monarquía un pilar fundamental, pero también en el bipartidismo del PP y el PSOE, alternándose en el poder desde hace 37 años para que nada cambie, con la inestimable colaboración de las burocracias sindicales y su rol pasivizador sobre el movimiento de masas.

Ilusiones democráticas, procesos constituyentes y democracia obrera

La crisis del Régimen del 78 y las consecuencias de la crisis capitalista han comenzado a poner en cuestión el engaño del “traje nuevo del emperador”. Amplios sectores populares se hacen cada vez más conscientes de que la historia de la soberanía del pueblo es un cuento [8] y salen a las calles a exigir la libertad de los presos políticos catalanes u organizan consultas sobre la monarquía en universidades y barrios -que ya alcanzan alrededor de 120 mil votos-, en las que una mayoría aplastante se pronuncia a favor de abolir la monarquía y de abrir procesos constituyentes “para decidirlo todo”.

Sin embargo, a pesar de estas claras demostraciones de la creciente desafección de amplios sectores con la monarquía y las aristas más reaccionarias del régimen español, la creencia en la democracia capitalista como expresión de la soberanía popular sigue presentándose ante las grandes mayorías como el máximo de libertad al que se puede aspirar. Este es quizá, junto con el papel de contención que juegan las direcciones oficiales del movimiento obrero, el principal elemento que favorece que la burguesía mantenga su hegemonía en estos tiempos crecientemente convulsos.

Desde un punto de vista revolucionario, esta dinámica exige pensar toda una serie de problemas programáticos, tácticos y estratégicos. En particular, el papel de las consignas democrático-formales, o más precisamente, las democrático-radicales (como la Asamblea Constituyente, entre otras) y como se articulan con la lucha por la democracia obrera, es decir, el gobierno de las y los trabajadores. [9]

Las y los socialistas revolucionarios luchamos por “terminar con la monarquía y el corrupto régimen heredero del franquismo conquistando una democracia muy superior a la más democrática de las repúblicas burguesas. En un estado plurinacional como el español, luchamos por una federación de repúblicas basadas en consejos obreros elegidos democráticamente, para que la clase trabajadora gobierne en el sentido más amplio del término: expropiando a los capitalistas y planificando racionalmente la economía en beneficio del conjunto de la sociedad. Esta es para nosotros la única forma de lograr íntegra y efectivamente todas las reivindicaciones sociales y democráticas de la clase trabajadora y el pueblo”. [10]

Somos conscientes, sin embargo, de que aún somos una minoría quienes defendemos esta perspectiva. La mayoría del pueblo trabajador mantiene ilusiones en los mecanismos del sufragio universal como vía para lograr una democracia sustantiva. Por ello, la lucha por imponer asambleas constituyentes libres y soberanas en todo el Estado, la institución más democrática concebible dentro de la democracia representativa, tiene una importancia cardinal.

Que las asambleas constituyentes deben ser libres y soberanas significa en primer lugar que ninguna institución del régimen burgués debe poder limitarla, revisar o vetar sus decisiones. Es decir, que tengan plenos poderes para abordar todos los grandes problemas sociales y democráticos sin restricciones ni “moderadores”, como el actual Parlamento, el Senado, la Audiencia Nacional y su Tribunal Constitucional y, sobre todo, la monarquía. En este sentido, tienen como objetivo sustituir no sólo el gobierno, sino también todas las instituciones del régimen político.

Asambleas constituyentes en el Estado y las naciones que lo componen, con un representante elegido democráticamente cada 20 mil habitantes, que sean revocables y tengan el salario de un trabajador cualificado, como instituyó la Comuna de París de 1871, para que decida la mayoría del pueblo y no un contubernio de la “casta” privilegiada de diputados, senadores y jueces tutelados por una monarquía decadente. Solo así se abre la posibilidad de acabar con este régimen, evitando una reforma cosmética fruto de modificaciones pactadas en despachos por arriba.

Nada de esto puede hacerse con la “casta” política y judicial gobernante y en el marco de las reglas de juego del Régimen del 78. Como escribió en 1977 en un breve opúsculo titulado “Qué son la constitución y el proceso constituyente” Ignacio de Otto, un joven constitucionalista socialista apenas conocido, el proceso constituyente “implica no reconocer ningún vínculo jurídico con el pasado, negar toda validez a las anteriores leyes y constituciones. Se trata, por tanto, de la más radical expresión de ruptura de la continuidad”.

Evidentemente los poderes fácticos del imperialismo español harán todo lo posible para evitar un proceso constituyente de este tipo. Así lo vimos en el referéndum en Catalunya, un proceso pacífico que ni siquiera se proponía cuestionar el capitalismo sino sólo ejercer el derecho democrático elemental de la autodeterminación nacional y sin embargo fue reprimido brutalmente. Pero también nos enseñó el “otoño catalán” que solo con una movilización que tenga en el centro la clase trabajadora autoorganizada y mantenga una clara independencia política de las direcciones burguesas y pequeñoburguesas, se le podría torcer el brazo al Régimen e imponer estas demandas democráticas.

En ese caso, cuanto más avancen las asambleas constituyentes libres y soberanas en tomar medidas radicales, mayor será la resistencia de los capitalistas. Por ello sólo podrán ser impuestas mediante la lucha de clases y la autoorganización obrera y popular sobre las ruinas del régimen actual. Sin embargo, cuanto más fuerte sea la resistencia de los capitalistas a las resoluciones democráticas de asambleas constituyentes libres y soberanas, también quedarán expuestos ante las masas los límites de la democracia capitalista que los capitalistas están dispuestos a aceptar; y mayores serán los sectores del movimiento de masas que van a llegar a la conclusión de que es necesario construir un verdadero poder propio del pueblo trabajador.

En este sentido, la lucha por la asamblea constituyente cumple una enorme función pedagógica: cuanto más conscientes son las masas de su “poder constituyente”, más se abre el camino para la democracia obrera soviética y la perspectiva del poder obrero.

La lucha por el derecho a “decidirlo todo”

Un proceso constituyente que no sea una farsa como el del 78 sólo puede ser efectivo si permite debatirlo y “decidirlo todo”. Este lema, que fue el eje articulador de la mayoría de los referendos universitarios y ya se ha instalado como una idea fuerza en amplios sectores, tiene mucho más contenido del que parece a simple vista.

¿Qué significa luchar por asambleas constituyentes libres y soberanas en las que pueda expresarse verdaderamente la soberanía popular para decidirlo todo? En primer lugar, que puedan votar libremente el fin de la monarquía y que los pueblos decidan si quieren formar parte de un mismo Estado o autodeterminarse como repúblicas independientes. Pero al mismo tiempo que puedan resolver el impago de la deuda; que tengan el poder de decretar la estatización bajo gestión de los trabajadores y control popular de la banca y las grandes empresas estratégicas, de energía y transporte; que terminen verdaderamente con todos los privilegios de la casta política y judicial, imponiendo una asamblea única -un órgano ejecutivo y legislativo el mismo tiempo-, basado en diputados elegidos por voto universal y, de la misma manera que los jueces, revocables por sus electores, con el salario de un trabajador calificado; que puedan anular todas las leyes antiobreras, reaccionarias y liberticidas votadas por los gobiernos anteriores; que decreten definitivamente la separación efectiva de la Iglesia del Estado; que puedan debatir y satisfacer las demandas del movimiento de mujeres; que ponga fin a los CIEs, las leyes de extranjería y el racismo institucional; que impongan a los capitalistas el reparto de las horas de trabajo sin disminución salarial para terminar con el paro y la precariedad, para terminar con un sistema que en un año -como ocurrió 2017- haya 16.500 familias más que no perciben ningún tipo de ingreso hasta llegar a las 617.000, mientras el número de ultramillonarios, cuyos activos superan los 40 millones de euros, aumente el 4%.

En el marco de un proceso así, muchas de estas medidas que hoy son consideradas “utópicas” en los marcos de la democracia capitalista, se volverían ampliamente populares, mientras cada vez más sectores de la clase trabajadora y el pueblo se harían conscientes de que su poder real para transformar la realidad no está en el voto cada dos o cuatro años, sino en su propia autoorganización. Una experiencia que permitirá avanzar en la comprensión de la necesidad de luchar por un gobierno de los trabajadores y trabajadoras que rompa con el capitalismo, expropiar a la burguesía y socializar los medios de producción bajo control democrático de la clase obrera, que es la perspectiva estratégica por la que luchamos los socialistas revolucionarios.

Perspectiva revolucionaria y alternativa política de clase

Un nuevo “poder constituyente” sólo puede surgir de la movilización popular, enfrentando al “poder constituido”. Un poder que se sustenta en la antigualla de que “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes” y que, como dijimos, considera un acto criminal cualquier cuestionamiento al actual régimen institucional.

Esta perspectiva, la única verdaderamente democrática, es a la que se oponen no sólo el PSOE, sino también Podemos y sus socios de Izquierda Unida, que en los últimos años han sido crecientemente domesticados e integrados al Régimen. Unidas Podemos pretende llevar el hastío y el rechazo a la extrema derecha de millones detrás de un nuevo pacto con la “casta política” para regenerar esta “democracia para ricos”.

Por ello, en estos tiempos electorales en los que el “malmenorismo” explícito gana espacio en la prensa progre y los discursos de campaña, la necesidad de pensar una nueva hipótesis política que supere la impotencia del ciclo neorreformista se torna aún más urgente.

Ante el crecimiento de Vox, es decir de la salida de extrema derecha a la crisis orgánica del régimen monárquico español, lo que hace falta no es optar por “males menores”. Hace falta luchar por que la clase trabajadora se erija en sujeto hegemónico, en alianza con las y los estudiantes, el movimiento de mujeres y todos aquellos que no quieren seguir siendo súbditos de este Régimen impuesto, para luchar por una salida de independencia de clase a la decadencia del Régimen del 78.

El principal desafío que hoy se nos presenta es unir estas fuerzas tras una perspectiva política revolucionaria, de extrema izquierda, anticapitalista y de clase. Si lo logramos, entonces sí que podremos decidirlo todo.