La UPN es la institución pública de educación superior más importante en la formación de profesionales de la educación y en la elaboración de investigaciones en el sector educativo en todo el país. A continuación, nos permitimos esbozar algunos puntos para aportar a la reflexión sobre el debate respecto a su autonomía como casa de estudios. Consideramos en primer lugar preguntarnos ¿qué implica la autonomía?

A lo largo de este año se ha desarrollado en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) un nuevo proceso para alcanzar la autonomía, en ese sentido, nos parece pertinente iniciar una discusión sobre lo que se ha entendido por eso, cosa que nos evoca a los movimientos estudiantiles vistos durante el siglo XX. Así, la autonomía se entendió en la época moderna como “la no-intervención de la autoridad política respecto del trabajo universitario con miras a no interferir en este y garantizar la necesaria libertad que ha de existir a fin de resguardar la diversidad intelectual, científica y objetiva”.

Incluso se entendió como pensar el autogobierno de las instituciones educacionales y lograr tener una cierta separación frente al poder político, representado por el Estado moderno que reclama para sí el monopolio legítimo de la fuerza y del imperio de la ley, sin embargo, los Estados no pueden prescindir de la mano de obra instruida. Por lo que el peso que el estudiantado comenzó a tener dentro de la sociedad al desarrollar debates intelectuales y usarlos para construir conocimiento fue importante, pero también al surgir movimientos que cuestionaban los aspectos más conservadores de la sociedad.

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Un antecedente histórico: la Universidad Nacional de México alcanza la autonomía

En el caso mexicano esto se expresó con mayor vigor en la entonces Universidad Nacional de México (UNAM), que comenzó su reclamo de autonomía universitaria en gran medida influida por la Reforma Universitaria de Córdoba (Argentina) de 1918 [1], el cual fue un movimiento de proyección internacional entre el estudiantado para democratizar la universidad y otorgarle un carácter más científico, libre y plural a la educación, que se inició con una rebelión estudiantil en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) entre marzo y octubre de aquel año y que formuló en buena medida lo que hoy entendemos por autonomía universitaria

Esto fue posible gracias a estructuras y sujetos que constituyeron redes de solidaridad a nivel internacional y especialmente latinoamericano, por ejemplo, el 15 de septiembre de 1901 se celebró en Guatemala el Primer Congreso Centroamericano de Estudiantes Universitarios, que abrió el juego para discutir estos temas. En 1908 se llevó a cabo otro congreso en la ciudad de Montevideo, Uruguay, que tuvo por primera vez la perspectiva visión de integrar a todos los países de América [2].

Estas experiencias contaron con importantes personajes como el argentino Manuel Ugarte, quien hizo un viaje por América Latina, en 1912 llevó sus ideas a los estudiantes mexicanos durante el gobierno de Francisco I. Madero. Ante las declaraciones hechas contra las actitudes imperialistas de Estados Unidos por Ugarte, el gobierno de Madero lo atacó. Esto propició que el estudiantado mexicano lo defendiera y comenzara a adoptar algunas de sus ideas, así Ugarte pudo dejar el país en paz y continuar con su campaña por América.

En 1917, durante la Revolución Mexicana, los estudiantes ya eran conscientes de las ideas de democracia universitaria que se habían generado en el continente, enviando delegados a los congresos que les fueron posibles [3]. Fue así como el 29 de julio de 1929, durante el gobierno de Emilio Portes Gil, la Universidad Nacional de México se convierte en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tras una serie de protestas intensas y una huelga que se desarrollaron en mayo.

Dichas protestas estaban respaldadas por la Confederación Nacional de Estudiantes que fue el modo en el que se organizaron los alumnos para luchar por sus demandas, como era la no injerencia del Estado en la vida interna de la Universidad, financiamiento público y poder decidir sobre el destino de su centro de estudios eligiendo a sus autoridades [4], aunque en el caso de la UNAM esto último nunca llegó a lograrse.

Ahora, si bien es cierto que muchos dirigentes estudiantiles provenían de clases medias conservadoras —entre ellos Manuel Gómez Morín, fundador del Partido Acción Nacional (PAN)—, que en su momento se opusieron a la implementación de la educación socialista [5], la llegada de la autonomía representó un gran salto porque en lo inmediato buscó poner un freno al creciente autoritarismo del Maximato, que representaba el dominio de la vida política de Plutarco Elías Calles.

Dentro de los logros democráticos que la autonomía trajo consigo a partir de este momento y a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, es la limitación del ingreso de los cuerpos represivos del Estado (corporaciones policíacas y Fuerzas Armadas) a las instalaciones universitarias. Dicha medida aún es vigorosa en las universidades autónomas de la capital del país, no obstante, en otras entidades como Sinaloa o Zacatecas, se ha normalizado su violentación, en el marco del proceso de militarización del territorio nacional, de la pasividad de las comunidades universitarias producto de la represión así como de la propaganda en contra del estudiantado organizado, y de que las cúpulas burocráticas que controlan a dichas instituciones educativas permiten regularmente el ingreso de elementos policíacos para inhibir cualquier indicio de activismo democrático de estudiantes, trabajadores y docentes.

También en el caso de la UNAM, debemos recordar que en 1968 el Estado violentó la autonomía universitaria, lo cual repitió frente a la huelga de 1999-2000, con la detención de más de 1000 estudiantes el 6 de febrero del 2000 y la ocupación de Ciudad Universitaria por la militarizada Policía Federal Preventiva, lo cual fue enfrentado por el movimiento estudiantil organizado en el Consejo General de Huelga.

A largo plazo, la satisfacción de demandas como la libertad de cátedra dieron paso a crear condiciones para que germinara el pensamiento crítico y revolucionario en las universidades mexicanas que se manifestó en la década de 1960 y 1970 [6] y que fue una fuente de inspiración para movimientos posteriores.

Autonomías universitarias democráticas y autonomías universitarias antidemocráticas

No obstante, hay que mencionar que la interpretación de la autonomía universitaria por parte del estudiantado, de trabajadores y docentes, que allí donde se logró tiene un carácter progresivo en la medida que marca autonomía respecto al Estado capitalista y sus fuerzas progresivas, generalmente ─aunque no siempre- ha sido distinta que la de las cúpulas burocráticas que controlan a las instituciones de educación superior.

Los primeros sectores tienden a entender en mayor o menor medida el autogobierno no sólo como la facultad de que las instituciones se normen a sí mismas a través de sus propias instancias, sino que los representantes que ocupen espacios en dichas instancias emanen de los tres sectores de la comunidad, o sea, estudiantes, trabajadores y docentes, y que puedan ser electos por la totalidad de la propia comunidad universitaria.

Por otro lado, el segundo sector, al que pertenecen castas doradas y/o cacicazgos que controlan a las universidades, solo interpreta la autonomía universitaria como la limitación de cualquier cosa que consideren una “injerencia externa” y que tenga que ver, sobre todo, con transparentar el ejercicio de recursos financieros, manteniendo formas totalmente antidemocráticas de elección y designación de autoridades y órganos de gobierno.

Para ser más exactos habría que hablar de que hay distintas concepciones de autonomías universitarias, unas más democráticas que otras; históricamente ha habido casos en los que la lucha por la autonomía ha articulado al movimiento estudiantil con el popular, logrando, a través de dicha alianza y de potentes procesos asamblearios, experiencias de autogobierno mucho más democráticas que las de la UNAM.

Algunos de los ejemplos más emblemáticos de esto son los de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde durante varias décadas se tuvo el voto universal para la elección de autoridades y representantes en los Consejos Universitarios. No obstante, después de la despolitización y desmovilización de sus comunidades en el contexto de la embestida neoliberal, ambas universidades perdieron dicho derecho para sus comunidades a finales de los 1990’s e inicios de los 2000’s, generando cacicazgos universitarios sumamente violentos como el de Melesio Cuén en Sinaloa y el de José Doger, en Puebla que se amparan en modelos de autonomía universitaria totalmente antidemocráticos que sólo buscan hacer de las universidades sus feudos personales.

Así, podríamos decir que las autonomías universitarias y su progresividad alcanzan un mayor grado de democracia ─representación tripartita y capacidad de elegir a sus representantes a través del voto universal─ en la medida en que las comunidades de las instituciones educativas logren una mayor acumulación de fuerza política a través de su alianza con sectores populares para dar la batalla en las calles y arrebatar el control de las universidades a las castas doradas y cacicazgos universitarios [7].

La discusión actual: ¿Qué proyecto de universidad?

La UPN se fundó en 1978 como un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), formalmente opera bajo la Rectora de Subsecretaria de Educación Superior. Es la última universidad pública que se creó a nivel nacional desde entonces, en un primer momento con 64 unidades y actualmente con 70 unidades en todo el país, para 1992 una reforma de corte neoliberal durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, trasladó varias unidades a los estados donde se constituyeron cacicazgos universitarios estatales, que funcionan como estructuras de control y cotos de poder regionales.

Tras 40 años de ofensiva neoliberal, la UPN también ha enfrentado autoritarismo, antidemocracia y un ataque a su presupuesto (el cual no ha estado exento de corrupción y mal manejo), eso ha creado la necesidad de una reforma a la casa de estudios que la democratice y la fortalezca, cuestión que es muy progresiva ante el yugo que ejercen las autoridades. Sin embargo, si analizamos el proyecto de ley con respecto al tema encontraremos varias cosas que debemos precisar para pelear por el desarrollo de este proceso.

La lucha por la autonomía viene desde 2007, resultado de un profundo malestar gestado entre sectores de académicos y trabajadores administrativos que tiene que ver con:

1. La asignación y distribución del presupuesto, que no creció en el sexenio pasado ni en los anteriores, provocando fenómenos como el vaciamiento de la Universidad. El cambio de rectoría con la llegada de MORENA a la presidencia y el nombramiento de Rosa María Torres de Morena generó expectativas ante décadas de desmantelamiento de las rectorías priistas, pero no ha cambiado este aspecto, lo que implica preguntarnos en qué se utiliza el presupuesto, puesto que incluso en las unidades de los estados las cuotas de inscripción oscilan en los $3,000 pesos ¿Dónde queda el derecho a la educación gratuita?

2. La representación, que implica como explicamos antes, el control de la institución por una élite académica que no consulta a la comunidad sobre las decisiones.

3. En diversos momentos se han tratado de imponer por la vía de decretos la desaparición de Unidades UPN

4. Se ha permitido el deterioro permanente a las condiciones de trabajo

5. El control charril de las delegaciones sindicales en beneficio de sus intereses. En este punto podríamos reflexionar sobre la importancia de la democratización de las delegaciones sindicales, que han sido controladas en su mayoría (aunque no todas) por los charros que dominan el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Por eso opinamos que la autonomía no necesariamente va a acabar con los cacicazgos o castas doradas, ahí tenemos el ejemplo de la UNAM (o el resto de las universidades autónomas del país con los casos destacados que mencionamos), en donde se conquistó, pero eso no trajo automáticamente la democracia al régimen universitario, claro que puede ser un paso, pero es necesario retomar las lecciones que han dejado otros procesos en las demás universidades públicas del país.

De hecho, en la UNAM se caracteriza por su autoritarismo, pues las burocracias académicas hicieron de la autonomía un instrumento para implantar su dominio. Por otro lado, los rasgos progresivos de la autonomía fueron conquistados a partir de procesos de organización por abajo, tanto entre los estudiantes como entre los trabajadores académicos y no académicos, algo que no parece estar ocurriendo al interior de la UPN, ya que una ley orgánica en sí misma no establece la democracia, sino la establece quienes participan en las decisiones.

Esto lo consideramos así porque en los artículos 13, 14 y 15 [8] de la Ley Orgánica establece la composición del Consejo Universitario, en la que exige dos representantes académicos por unidad dictaminados por concurso de oposición y con antigüedad de dos años, lo que de entrada excluye de representación a la mayoría de los profesores, que, como el resto de las universidades, son de asignatura, es decir, precarizados. Además de que contempla un predominio de los académicos sobre los estudiantes, cosa que ocurre en otras universidades como la propia UNAM, cuyo funcionamiento no se caracteriza por ser democrático.

Asimismo, sobre la base de esa composición antidemocrática del Consejo Superior Universitario es que se elegirá a rector y titulares de unidades o sedes universitarias, con la aprobación de las dos terceras partes de dicha instancia para cada caso. Es decir, la autonomía que está establecida en el proyecto de Ley Orgánica de la UPN es una donde no habrá voto universal para elegir autoridades. Como hemos visto en los mencionados casos de la UAS o la BUAP, eliminar el voto universal en la elección de autoridades ha sido algo indispensable para los cacicazgos; la ausencia de este elemento democrático favorece ampliamente el surgimiento de ese tipo de estructuras tiránicas de control en las universidades.

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Esa ley tampoco contempla a los administrativos y personal de intendencia, a pesar de ser trabajadores y de que su labor también es fundamental para que la universidad funcione, ni se plantea la mejora de condiciones laborales para todos los y las trabajadoras de la UPN, que es lo que se necesita, que todos tengan plenos derechos laborales.

En cuanto a la cuestión sindical, por años el funcionamiento de la UPN ha estado sometido a los intereses de las autoridades de la SEP, los charros del SNTE y la Rectoría. En las unidades de la CDMX, las delegaciones sindicales pertenecen a la sección X del SNTE, la cual agrupa a trabajadores de de los sistemas de secundarias, educación física, telesecundarias, educación media superior y superior, esta sección sindical hoy es codirigida por los charros del SNTE, pero también por el magisterio democrático de la CNTE, producto del voto masivo que hubo en las elecciones sindicales de junio de 2023 donde la Planilla Roja que agrupa a los sectores que reivindican y forman parte de la Coordinadora, dejó un precedente contra los charros sindicales y dio representación de 6 de las poco más de 50 carteras sindicales a la CNTE con más de 5500 votos que se asumen como disidentes de los charros del SNTE, frente a 7000 de la planilla charra de Arturo Salazar.

En ese sentido, hay que aclarar que, la autonomía de la Universidad es un hecho muy importante, lograr su independencia del Estado no puede condicionar el funcionamiento sindical, son las y los trabajadores los únicos que pueden decir libremente cómo organizarse estatutariamente. Si bien la mayoría de las delegaciones sindicales están burocrátizadas, vemos que hay que pelear por su democratización junto a la Coordinadora, es parte de la enorme tarea de recuperar por completo la sección X del SNTE, exigiendo mejores condiciones para las y los trabajadores de la UPN y la Escuela Normal Superior de México.

Es necesario velar por la no injerencia del Estado en los sindicatos, lo que implica que, si la UPN al conquistar la autonomía formalmente ya no sea parte de la SEP, tenga el derecho de continuar en el SNTE, como parte de avanzar en la unidad por democratización del sindicato más grande de trabajadores de la educación y evitar su fragmentación.

Opinamos que esa lucha por cuestionar las malas condiciones tendría que empezar por poner a discusión, el bajo presupuesto que se le otorga a la institución (y a la educación superior en general) y cómo se designa. La CNTE puede y debe retomar la pelea de las y los trabajadores de la UPM por la democratización y ganar así espacios para fortalecer la organización independiente en la sección X. Además, hay que reflexionar qué proyecto de universidad existe en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y la apuesta nacional de la Universidad Rosario Castellanos, para expresar qué proyecto universitario queremos y necesitamos desde abajo.

Las burocracias sindicales durante la ofensiva neoliberal también han sido cómplices de la división de las y los trabajadores, pensar en una alternativa sindical ante el yugo que ejercen los charros puede ser una vía para combatirlos, pero también puede ser un factor de fragmentación, puesto que nos orilla a pelear aisladamente y sin capacidad real de levantar y dirigir las peleas necesarias para enfrentar los ataques. Por lo que habría que observar cuales serían las potencialidades que tendríamos las y los trabajadores bajo la unidad de acción para luchar. Una unidad que permitiría sentar las bases de la más amplia unidad de la organización sindical, la organización democrática en cada centro de trabajo y con libertad de tendencias. Donde los dirigentes puedan ser revocables sino representan nuestros intereses y dónde se respeta a las mayorías y minorías. Pero sobretodo que la organización sindical nos aporte en la construcción de una gran fuerza política para pelear por todas nuestras demandas.

Por una salida independiente del Estado y la rectoría

Por lo que consideramos que el planteamiento de autonomía universitaria, que es progresiva respecto a la injerencia del Estado y en la medida que permita la ampliación (y no la limitación o el cercenamiento) de los derechos de las y los trabajadores y los estudiantes, para imponerse de manera efectiva e íntegra no debe quedarse solo en una reforma legal. Para conquistar la autonomía en clave democrática es necesario la organización y la lucha del conjunto de los integrantes de la comunidad de la UPN ─estudiantes, trabajadores administrativos y de intendencia, así como a docentes─, de forma independiente del gobierno y los partidos del congreso, mediante un proceso de auto organización.

Del cual participen los actores mencionados en la perspectiva de la lucha por un gobierno tripartito, que decida en forma democrática, desde las bases, qué se estudia y se investiga en la universidad para poner la producción de saber al servicio de la mayoría de la población, cómo utilizar los fondos de la universidad (para infraestructura, becas estudiantiles, aumentos salariales, basificación y lo que defina de forma soberana la comunidad universitaria).

Un gobierno tripartito que luche por aumento del presupuesto educativo con base al no pago de la deuda externa e impuesto progresivos a los magnates como Slim, Salinas Pliego y las trasnacionales que operan en México, que además busque combatir y eliminar la precarización laboral, porque aquí se muestra que la exclusión de los derechos de los trabajadores también implica exclusión política, como ocurre en las universidades autónomas del país, en las que las burocracias académicas, las castas doradas y los cacicazgos utilizan sus recursos para tener privilegios excluyendo a la mayoría de los beneficios, como es el caso de los profesores de asignatura, excluidos de los derechos laborales, de la participación sindical y de la elaboración de los planes y programas de estudio.

Consideramos que es necesario pelear por una autonomía de clase, que se constituya mediante el gobierno tripartito, y que se articule tanto con organizaciones obreras como populares para poner el conocimiento científico y técnico al servicio de las mayorías trabajadoras, rechazando las concepciones burguesas de la autonomía que buscan aislar a la universidad del resto de la sociedad, convirtiéndolas en una burbuja que ignore los problemas sociales y las penurias de las masas laboriosas, haciendo de ella un espacio de disputas de poder y trampolines políticos de las élites universitarias en alianza con los partidos patronales.

Las jornadas de la marea roja magisterial nos demostraron que podemos conseguir demandas que los charros del SNTE han negado defender, a partir de maniobras para controlar los cargos sindicales. Sabemos que las discusiones que están por delante sobre la democratización del sindicato son profundas, que implica luchar por recuperar los espacios de organización y las representaciones sindicales que nos permitan generar una fuerza suficiente para conquistar todas nuestras demandas, en vez de que el gobierno nos imponga sus condiciones y termine negociando migajas con los charros traidores que hoy tienen la representación legal. Luchemos en unidad para que el SNTE sea una herramienta fundamental para la resolución de nuestras justas exigencias e impulsemos acciones en común y espacios de organización para fortalecer la participación desde básica hasta superior.