Una carta pública, difundida ayer, intenta “explicarle” a la titular del Fondo las consecuencias del ajuste. Sin embargo, entre los firmantes se cuentan activos “dadores de gobernabilidad” al Gobierno de Macri. Hay que debatir cómo se enfrenta y derrota el ajuste.
Martes 17 de julio de 2018
Este martes se conoció una carta dirigida a Christine Lagarde, titular del Fondo Monetario Internacional. La misiva, que tiene firmas de numerosos representantes políticos, de los derechos humanos, sociales y de la cultura, propone una suerte de “diálogo” con la titular del organismo de crédito internacional. ¿El objetivo? Hacerle conocer las consecuencias del brutal ajuste que se impulsa en el país.
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La idea presenta una primera contradicción. Entre los firmantes están muchos de quienes han garantizado la gobernabilidad macrista. Para graficar, ahí están las firmas de Juan Carlos Schmid y Héctor Daer, dos de los dirigentes de la “prudente” y pasiva CGT. Allí están, también, diputados y referentes del peronismo que, en sus distintas alas, votaron varias de las leyes de ajuste impulsadas por Cambiemos.
La misiva evidencia, de entrada, la ausencia de una perspectiva de lucha para enfrentar el actual ataque contra el conjunto del pueblo trabajador.
“El propósito de esta comunicación es informarle que dicho acuerdo es rechazado por la mayoría de la sociedad argentina, la oposición política con representación parlamentaria mayoritaria y casi la totalidad de las organizaciones sociales y políticas del país”, señala uno de los primeros párrafos.
Renglón seguido afirma “comprenderá Usted que se trata de una decisión no sólo inconsulta sino que además configura una clara violación de los compromisos asumidos por actual gobierno con una sociedad”.
Es claro que Lagarde -y todo el staff del FMI- comprende el carácter antipopular del ajuste acordado. Ahí hay que buscar una de las razones, quizá la más importante, de la visita de la titular del Fondo al país. Para la representante del gran capital imperialista se trata de garantizar explícitamente la subordinación del peronismo al acuerdo firmado.
Su intento de reunirse con gobernadores y referentes de la oposición busca soldar una mayor unidad política patronal alrededor del ajuste. Esa unidad por arriba, entre las distintas fracciones capitalistas, se propone sortear el enorme descontento que existe a nivel social.
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Sin embargo, se impone una aclaración. La carta afirma el rechazo de “la oposición política con representación parlamentaria mayoritaria”. Así presentadas las cosas, no se ajustan del todo a la realidad.
En el Congreso Nacional conviven posiciones de rechazo consecuente al acuerdo y al endeudamiento –como la del Frente de Izquierda- y otras que ni siquiera aceptan discutirlo. Hace apenas unas semanas el Frente Renovador y el Bloque Justicialista boicotearon una sesión especial convocada para discutir alrededor de esta cuestión.
La carta insiste en “explicarle” a Lagarde las consecuencias del acuerdo. “Más allá del llamativo esfuerzo comunicacional por aclarar que el plan económico es una decisión del señor Macri y no una imposición del organismo que Usted preside, consideramos que de no tomar inmediatas medidas ello no excusará a usted y al Directorio de su corresponsabilidad en el desfalco que se realiza”.
Resulta difícil creer que la amenaza tenga efecto real. El staff del FMI ha estado detrás de ajustes brutales como el practicado en Grecia en los últimos años, de la mano de la coalición Syriza. Esa fuerza, que supo ser conceptuada “de izquierda”, fue reivindicada por el kirchnerismo y algunos otros sectores. Hoy garantiza un brutal ajuste en el país helénico.
La carta denuncia la política de endeudamiento que se llevó a cabo bajo el gobierno de Cambiemos. Sin embargo, ese proceso fue posible, entre otras cosas, por el acuerdo con los fondos buitre. Acuerdo suscripto con aval del Congreso Nacional. En ese entonces diputados y senadores que respondían al Frente para la Victoria, al FR y al Bloque Justicialista dieron su voto positivo. Hasta el Peronismo Para la Victoria (PPV) ha sido parte de esa colaboración a la gobernabilidad, por ejemplo votando a favor del Presupuesto 2017.
Hacia el final, en la carta se lee “los abajo firmantes no tenemos otro camino que repudiar este Acuerdo ya firmado y considerar a la nueva deuda contraída bajo sus condiciones como "odiosa o execrable". Bregaremos, además, para que los compromisos suscriptos en el Acuerdo sean sujetos a revisión tanto de la Justicia como del Parlamento”.
La definición deja implícita una cuestión. ¿La deuda pública contraída por anteriores gobiernos es reconocida? ¿Aquella que el macrismo contrajo hasta abril pasado es menos “odiosa o execrable”?
Como se ha reiterado desde la izquierda, el mecanismo de la deuda pública implica un permanente saqueo. Si se contabilizan -groso modo- los pagos realizados desde la dictadura, los montos superan largamente los U$S 500 mil millones.
A pesar de eso, descontando la deuda ahora contraída con el FMI, el cálculo indica que, a fines de 2018, la cifra a pagar ascendería a más de U$S 380.000 millones.
Ese gigantesco número implica asumir la deuda estatizada por la dictadura beneficiando a las grandes empresas. Para decirlo llanamente, no repudiar la deuda pasada implica, entre otras cosas, reconocer aquella contraída por el grupo Macri y estatizada por Cavallo en 1982.
Los firmantes de la carta no proponen que la deuda sea desconocida. Se limitan a plantear que “bregarán” por ese objetivo. La cuestión no es meramente terminológica.
Entre otras, allí se encuentran las firmas de Agustín Rossi y Felipe Solá. Ambos diputados nacionales ya anunciaron su deseo de competir electoralmente en 2019 por la candidatura presidencial. ¿Qué ocurriría si eventualmente la mecánica electoral los deposita en el sillón de Rivadavia? Se infiere que reconocerían la deuda contraída desde 1976 en adelante.
Señalemos que la carta deja muy atrás y a la izquierda el documento leído en la concentración del pasado lunes 9 de julio. Allí, entre otras cosas, se planteaba desconocer la deuda contraída por Macri, así como nacionalizar la banca y el comercio exterior.
Silencios y responsabilidades
Son decenas las firmas que acompañan la misiva a Lagarde. Sin embargo, dos ausencias hacen ruido por su propio peso.
Por un lado, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La actual senadora nacional viene sosteniendo completa coherencia a la hora de guardar silencio. La ausencia de su firma podría no sorprender si se recuerda que reivindicó el carácter de “pagador serial” del kirchnerismo. Por esa vocación de garantizar ganancias a los grandes especuladores se fueron del país más de U$S 200 mil millones. Cabe recordar que durante esos años la Argentina no abandonó el FMI y pagó, religiosamente, las cuotas correspondientes.
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El otro gran ausente es Hugo Moyano, el hombre que dirige uno de los gremios más poderosos del país y fue convocante a la movilización del pasado 21F. En esa calurosa jornada cerca de 150.000 personas coparon la avenida 9 de Julio.
En el listado de quienes sí firmaron están, entre otros, Pablo Moyano, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer, Roberto Baradel, Roberto Pianelli, Sergio Palazzo, Juan Grabois, Esteban Castro y Daniel Menéndez. Se trata de los dirigentes de algunos de los gremios más poderosos del país y de referentes de los llamados movimientos sociales. Muchos de ellos activos convocantes a la jornada del 21 de febrero.
Tanto aquella movilización como el paro nacional del pasado 25 de junio mostraron la enorme fuerza de la clase trabajadora. Una fuerza que puede ser puesta al servicio de enfrentar y derrotar el ajuste en curso. Sin embargo, esa dirigencia se opone a darle continuidad en las calles, con medidas de fuerza, a esa enorme demostración que tuvo lugar hace menos de un mes. El poder social y organizativo para hacerlo está. Sin embargo, apelan a una misiva para “convencer” a Lagarde.
Precisamente, la gobernabilidad macrista, que permite la continuidad del ajuste en curso, tiene su sustento en la pasividad de esa dirigencia sindical y social. Una dirigencia que limita las respuestas ante los despidos, el salto inflacionario de los precios o ataques patronales contra las condiciones de vida de sectores de la clase trabajadora.
Más allá de las intenciones de muchos de sus firmantes, en los hechos, la carta termina empujando como salida el camino hacia las elecciones de 2019. Aunque no aparezca mencionado de manera explícita, la ausencia de una perspectiva de lucha en las calles limita la opción a esta dinámica.
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Este es el objetivo más general al que apuntan las distintas variantes del peronismo, sean estas más “moderadas” –como es el caso de los gobernadores- o más opositoras, como ocurre con sectores del kirchnerismo. Esa fuerza política, más allá de sus divisiones internas, apuesta a una salida electoral dentro de un año. Y eso ocurre mientras se degradan las condiciones de vida del conjunto de la población trabajadora.
La respuesta al ajuste en curso tiene carácter de urgencia. Desde el PTS y el Frente de Izquierda se ha insistido y tratado de avanzar en desarrollar la enorme fuerza que se expresó en las calles el 21F y en el paro nacional del 25J. O la enorme fuerza que mostró el movimiento de mujeres que impuso la media sanción por el derecho al aborto en Diputados. Esa enorme potencia social puede enfrentar y derrotar el ajuste ahora. No es necesario esperar a 2019.
Eduardo Castilla
Nació en Alta Gracia, Córdoba, en 1976. Veinte años después se sumó a las filas del Partido de Trabajadores Socialistas, donde sigue acumulando millas desde ese entonces. Es periodista y desde 2015 reside en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace las veces de editor general de La Izquierda Diario.
