OPINIÓN. Debate por la vuelta a clases: entre la demagogia y la falta de soluciones de fondo

Horacio Rodriguez Larreta -quien disputa el liderazgo nacional de Juntos por el Cambio, luego de la derrota electoral de Mauricio Macri- parece buscar poner en valor la fracasada impronta (neo)liberal de este proyecto político, adelantándose a la vuelta a la presencialidad en los colegios porteños para el mes de febrero. "Abran las aulas", gritó Macri para no quedarse afuera. Aperturismo ante todo y ataque directo y frontal a la organización sindical, para no perder la costumbre.

No es que Nación no tuviera estos planes entre manos, el ministro de Educación Nicolás Trotta, venía avanzando en acuerdos con los gobernadores provinciales para "maximizar la presencialidad" y volver a clases entre los meses de febrero y marzo, porque según él, "no hace falta la vacuna para regresar" a las aulas. Pero Larreta se adelantó a la reunión del Consejo Federal de Educación con los 24 ministros provinciales que se espera para éste viernes: presentó su "plan de vuelta a clases" y prorrogó el decreto 147, que define a la Educación como “actividad esencial”.

"Hicimos valer nuestra autonomía", explicaron desde el Gobierno de la Ciudad. Como buscando recomponer el orgullo porteño, luego de que Alberto Fernández decretara el recorte al fondo de coparticipación, para pagarle a las policías que acecharon la Quinta de Olivos en el mes de septiembre. Lo que ni una fuerza política ni la otra estuvieron dispuestas a tocar fueron lo U$S 1339 millones para el pago a lo buitres de la deuda: por el contrario, en el presupuesto 2021 presentado por el oficialismo, se votó -sin ninguna oposición firme por parte de Juntos por el Cambio-, el recorte del 9% en Salud y destinar 8 veces menos a Educación que a intereses de deuda.
Por eso aún nadie se explica cómo pretenden implementar la presencialidad sin destinar recursos para la ya empobrecida y golpeada educación pública.

A pesar de estos potentes acuerdos entreguistas en los que se alían el Frente de Todos y Juntos por el Cambio: el debate ultra mediatizado sobre la vuelta a clases y la presencialidad, en medio de la segunda ola y pico de contagios por coronavirus, pone a la Educación, a las niñas, niños y jóvenes, en medio de los fuegos adversarios de esta previa veraniega a la contienda electoral.

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El Twitter de Larreta lanzó: "Es fundamental que, como sociedad, nos comprometamos para que las clases empiecen el 17 de febrero con la mayor presencialidad posible. Se lo debemos a los chicos y a las chicas. La educación siempre es el punto de partida para construir el futuro que soñamos".

Y el Frente de Todos pareció responder: "No somos ajenos a las demandas de la sociedad: el retorno a las aulas es una necesidad. Pero tampoco podemos hacernos los distraídos ante las críticas de quienes consideraban a la escuela pública un lugar de caída en desgracia".

Protocolos, testeos y vacunas

La suerte está echada para cada provincia, Nicolás Trotta plantea intensificar la presencialidad y que cada jurisdicción decida, pero los recursos son insuficientes y el plan y protocolos no fueron acordados con los docentes y la comunidad educativa -que incluye a todos los trabajadores de la educación, a los estudiantes y a las familias.

El "plan" de Ciudad consiste en un kit de limpieza, una guía de cuidados y barbijos para los docentes, y un aún desconocido protocolo de contingencias ante casos sospechosos o confirmados de coronavirus. El 8 de febrero comenzarían con el testeo quincenal, no al conjunto de la comunidad, si no sólo a docentes -recordemos que el testeo es una medida elemental de control de la pandemia que no ha sido aplicada de manera preventiva por ninguno de los Gobiernos y a la que hoy es muy difícil acceder por la situación de colapso del sistema de Salud. De las vacunas ni hablan. La impronta de Juntos por el Cambio la marca su agresividad ante el asunto: aquellas escuelas que no cumplan con los protocolos y medidas de seguridad para abrir las aulas, "deberán presentar una propuesta alternativa" y garantizar "como mínimo 4 horas de clases presenciales”. Arreglensé como puedan.

Para concretarlo, quieren llevarse puesta la opinión de los sindicatos y en el camino, la de los miles de docentes que sostienen la escuela a diario y a los que no se les quiere permitir decidir. Soledad Acuña, la ministra de Educación porteña -que ya caía pesada por haber insultado a la docencia y decir que los pobres no tienen futuro- fue concreta: “no les vamos a pedir permiso a los gremios para empezar las clases”. Quien expresa sin asco la política anti-obrera de Juntos por el Cambio, es Patricia Bullrich- quizás porque ahora sin cargo, luego de su complicidad en la desaparición de Maldonado, se dedica a la rosca interna del armado electoral. "La sociedad argentina tiene que terminar con estos sindicatos obstruccionistas de una vez por todas" -dijo en una entrevista- "Docente que no va, tendrá que ser reemplazado". Ninguno de los suyos salió a contradecirla; así que desde Pinamar remató: "Yo no soy pecho frío". Bien puesta la camiseta de gorila.

En el Frente de Todos, donde "no quieren hacerse los distraídos", están preocupados de mostrar interés en dialogar con la reticencia de los sindicatos y la preocupación de la comunidad educativa. Aunque con la otra mano, en la Provincia les está pagando la miseria de entre $1000 y $6000, a los docentes encargados de revincular a los chicos que no tuvieron conectividad: raro entonces que Alberto Fernández diga estar preocupado porque “perder un año de educación y conocimiento es muy grave para cualquier sociedad”. Hechos y no palabras, pide dicho popular.

Kicillof aclaró que la idea es ir a una "presencialidad combinada con virtualidad" y "dividir grupos, en una aula donde antes cabían 30 chicos, ahora si ponen 30 se corren riesgos. Entonces probablemente se hagan turno y se modifiquen los días de asistencia". Lo dijo luego de hacer público que se había vacunado: el oficialismo viene haciendo campaña con los escasos cargamentos que van llegando de la Sputnik V, la única ilusión que logró agitar a través de una pandemia para la que no tienen un plan serio, ni control. Anunciaron que en febrero empezarán a vacunar sólo al personal docente.

Pero, sin claridad sobre la llegada de más dosis y habiendo advertido Trotta que no son necesarias para abrir las aulas, la pregunta es: ¿cómo van a lograr vacunar a todos los trabajadores de la educación, antes del 1° de marzo? Si más de 1 millón, son sólo los docentes. Y ¿a los casi 12 millones de alumnos? Porque tanto niños como jóvenes, aunque suelen ser asintomáticos, pueden portar y esparcir el virus igual que los adultos. No les importa que se contagien docentes, alumnos, madres, padres y abuelas y abuelos.

¿Planes o promesas de campaña?

Protocolos, testeos y vacunas: parecen promesas de campaña. Tanto el Frente de Todos, como Juntos por el Cambio, ensayan discursos donde se muestran preocupados por los límites educativos que plantea de la educación virtual; pero ninguno ha planteado una partida presupuestaria para implementar los planes que anuncian por televisión y redes sociales. Es que no la hay: el presupuesto 2021 es un ajuste a medida del FMI.

Para esta nueva modalidad, que exige extremar medidas de seguridad e higiene y garantizar el distanciamiento social, se necesitan obras para la adecuar los edificios escolares y destinar recursos que no están contemplados.

Unos más agresivos, otros con más diálogo: ambos se apuran a empujar a los trabajadores de la educación y a los hijos del pueblo trabajador, dentro de escuelas con paredes electrificadas y riesgos de derrumbes, instalaciones de gas deficiente como la que se cobró la vida de Sandra y Rubén y comedores que no alcanzan la nutrición básica para los niños y jóvenes. Sin vacunas, quieren exponer a millones de niños y jóvenes a circular en transporte público, "en buscar del virus", como le gusta decir al Presidente.

La educación, los niños y las familias son rehenes en la disputa aperturista

Lejos están de pensar en estas necesidades o ni siquiera plantear algún esquema pedagógico que compense las dificultades del 2020, su preocupación frente a la educación es pura demagogia. Parece que para ellos, la Escuela es una guardería de pibes, que le deja tiempo disponible a los adultos para salir a laburar. Por eso Gobierno Nacional anunció la suspensión de licencias para el cuidado de hijas e hijos en edad escolar.

Ya muy dispersas en el viento han quedado las palabras de Alberto Fernández al respecto a poner la Salud por delante de la Economía. Cuando la crisis dejó a un 44% de la población en la pobreza y el sistema de Salud está saturado por el pico de contagios. Los discursos del "cuidado" se fueron corriendo a un lado ante las demandas aperturistas de los sectores concentrados de la economía, que cuentan con Juntos por el Cambio y con los medios de comunicación hegemónicos para chuparles las medias. Pero que reciben a diario beneficios por parte del Estado y ante quienes el Frente de Todos, sólo ha mostrado derrotistas amagues a la hora de intentar afectar mínimamente sus ganancias.

La disputa aperturista frente al problema de la Educación parece ser un nuevo capítulo de esta puja, mientras millones de familias ven su derecho a la Salud y a la Educación vulnerados.

La decisión al respecto de los planes para volver a la presencialidad y sobre los recursos que se necesitan para llevarlo adelante, tiene que estar en manos de los que realmente están interesados: docentes, trabajadores de la educación y familias que hacen a la comunidad educativa. Cualquiera que intente coartarles su derecho a decidir, está en la vereda de enfrente de los intereses de las mayorías populares y de la Educación.