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Declaración. Debates por nueva Constitución en Chile: por una voz política independiente de las y los trabajadores y sectores populares

Presentamos a continuación la declaración políitca del Partido de Trabajadores Revolucionarios de Chile, parte de la Fracción Trotskista - Cuarta Internacional y de la Red Internacional La izquierda Diario, sobre los debates en torno al plebiscito por la nueva Constitución que se realizará el 4 de septiembre.

Miércoles 20 de julio de 2022 10:41

Con esta declaración desde el La Izquierda Diario Chile y el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) invitamos a todos los sectores que buscamos enfrentar el rechazo de la derecha, pero sin confiar en la propuesta de la Convención, a abrir un proceso amplio de debate público para expresar una voz independiente desde la clase trabajadora y los sectores populares. Todas y todos quienes vemos que el proceso constituyente y la nueva constitución no responden a los grandes problemas por los cuales nos rebelamos en octubre del 2019, tanto quienes aprobarán de manera crítica y quienes votarán nulo o blanco, debemos discutir públicamente qué hacer. Para eso abrimos una sección especial de nuestro diario digital como tribuna abierta para aportar a este intercambio colectivo.


A poco más de cuatro meses de asumido el gobierno de Boric, las ilusiones que generó su llegada en amplios sectores chocan con la realidad. Vivimos una situación internacional convulsa: inflación y crisis económica que golpea fuertemente a las familias trabajadores. Frente al alza del costo de la vida y del dólar, el gobierno entrega un bono invierno miserable mientras miles de millones de dólares van a los bolsillos de especuladores, banqueros y empresarios, a la vez que profundizan una agenda represiva con la aprobación de la ley de Infraestructura crítica, proyecto de la agenda securitaria del gobierno de Piñera.

En ese marco se aproxima el plebiscito de salida de la nueva Constitución. El debate público se ha concentrado en esa discusión y los partidos políticos se han ido alineando.

A favor de rechazar el texto de la nueva Constitución [conocido como "Rechazo"] se ha ubicado toda la derecha junto a algunas figuras de la Democracia Cristiana. No hay que olvidar que estos sectores estaban prácticamente en el piso, con un Piñera que estuvo a punto de caer, marcando un gran repudio de parte de la población, pero el gobierno de Boric le cedió en todos los terrenos y en la agenda, permitiendo que volvieran a tomar aire al calor de las discusiones de seguridad, represión y orden público.

Por el rechazo también están los principales gremios empresariales encabezados por Juan Sutil, presidente de la Corporación de Producción y el Comercio. Hablan de “rechazar para reformar” en un chantaje burdo para esconder su defensa a la constitución heredada de la dictadura militar. En el fondo buscan rechazar para mantener intactas sus ganancias, por algo Credicorp Capital determinó que el alza de las acciones de Aguas Andinas, Forestal Arauco (Angelini) y la CMPC (Matte) se debía a que el rechazo va ganando en las encuestas. Grandes agencias financieras internacionales como Fitch Group o JP Morgan y medios imperialistas como The Economist también se pronunciaron por el rechazo o alertando las “incertidumbres” de la nueva Constitución.

Nosotras y nosotros nos proponemos enfrentar al rechazo de la derecha y del gran empresariado, pero también las trampas del “apruebo para reformar” y sin confiar en que la Convención y la nueva Constitución van a entregarnos las demandas que por años hemos luchado en las calles.

Sabemos que en el "Apruebo" no está solamente “el pueblo” o “los movimientos sociales” como algunos han querido hacer parecer. Los partidos más importantes de la ex Concertación, el PPD, la DC y el Partido Socialista se plegaron al apruebo, y también empresarios y agencias internacionales financieras. Su principal preocupación es cómo se retoma a la “gobernabilidad” y la estabilidad política, indispensable para resguardar los negocios capitalistas.

Este sector llama a “Aprobar para reformar”. Quieren continuar la “cocina constituyente” iniciada en el Acuerdo por la Paz [acuerdo firmado por casi todo el arco político en 2019, en medio de las protestas, para evitar la caida de Piñera y convocar a una constituyente, NdE] y después en la propia Convención, para que en el Parlamento se modifique la nueva Constitución, reponiendo el Senado o limitando derechos a los pueblos originarios. El gobierno también se ha hecho parte y comienza a prepararse, abriéndose a una negociación común de puntos a reformar en caso de que gane el Apruebo, como dejan ver los dichos de Boric. De todas formas, de aprobarse la nueva Constitución será el actual Congreso el que implementará el nuevo texto y votará las leyes que bajarán a tierra las declaraciones generales del texto constitucional. Todos los partidos, incluyendo al Frente Amplio y el Partido Comunista, acuerdan en ir a una línea de “grandes consensos” con la Concertación y la propia derecha para moderar aún más los cambios.

Esta política, de una Convención alejada de las necesidades populares y de la agenda de la rebelión de octubre de 2019, ha jugado un rol clave en abrir el camino al fortalecimiento de la derecha y la extrema derecha, que después de estar en muy debilitados hoy vuelven a retomar la agenda con sus demandas reaccionarias. Millones de trabajadores, jóvenes y mujeres se han decepcionado y hoy les cala el discurso de la derecha.

Ese camino a la derecha también se lo abrieron aquellos que hablaban de “rodear la Convención” y que no “sesionarían con presos políticos”, como Movimientos Sociales Constituyentes o el propio Partido Comunista, ya que al llegar a instalarse en la Convención dejaron esas consignas de lado y se dedicaron a una práctica parlamentaria-institucional sin utilizar sus cargos para fortalecer la movilización extraparlamentaria para enfrentar a los sectores más reaccionarios y conservadores. Y para qué decir la burocracia sindical de la CUT que se metió de lleno a los mismos tiempos parlamentarios, sin mover un dedo en serio para movilizar contra las condiciones de precariedad de los trabajadores, integrándose cada vez más al gobierno y contentándose con un sueldo mínimo “histórico” que ya fue consumido por la inflación.

Una gran parte de la población tiene expectativas de poder de una vez por todas acabar con la Constitución de Pinochet. Pero también un significativo sector del pueblo trabajador que incluso participó en la rebelión, se ha ido desilusionando en el camino. Y es que hace casi 3 años que nos movilizamos y no hay ningún cambio. Al contrario, la situación económica es más adversa, la Convención Constitucional se subordinó a los poderes constituidos y la nueva Constitución no termina de responder a los problemas estructurales del Chile neoliberal. No hemos ganado las demandas que peleamos en octubre: salarios y pensiones dignas sin precarización; poner fin a las listas de espera por una salud gratuita y de calidad; educación pública y gratuita para todas y todos poniendo fin a las deudas como el CAE [prestamos para estudiantes]; fin de las AFP [jubilación privada] y pensiones dignas para nuestros abuelos. No hemos conseguido tampoco ni la libertad de lxs presxs de la revuelta, ni la cárcel a Piñera y los asesinos que están en impunidad.

El texto propuesto por la Convención reconoce una serie de derechos que fueron negados por décadas por los políticos empresariales, cuestión que se ganó a sangre y fuego producto de la rebelión y solo con la lucha en las calles. Esto genera expectativas de que podría terminar con los aspectos más irritantes de la herencia de la dictadura, aunque aquello choca con una situación económica compleja, con inflación, mayor desempleo y salarios que se pulverizan ante el costo de la vida.

Ni la Convención ni el gobierno de Boric han tomado medidas estructurales para que el pueblo trabajador no pague los costos de la crisis. De poco sirve que la Constitución hable de vivienda digna mientras el déficit habitacional sigue creciendo con precariedad y hacinamiento, o que se reconozcan derechos de los pueblos indígenas, pero no se le toque un pelo a la gran empresa forestal, responsables del robo de la tierra a las comunidades y de la destrucción del medioambiente.

El principal problema de la nueva Constitución es que deja en pie pilares importantes del Chile de los 30 años heredado de la dictadura y no entrega salidas sobre cómo financiar concretamente los derechos fundamentales que propone. No se toca ni el saqueo de recursos naturales como el cobre y el litio, no se termina con las AFP y su robo al bolsillo de los trabajadores, y mantiene un sistema político basado en el autoritarismo presidencial y una cámara alta oligárquica.

No debemos olvidar que la Convención Constitucional nace del “Pacto por la Paz y la Nueva Constitución” firmado entre cuatro paredes y a espaldas del pueblo por los partidos tradicionales y el Frente Amplio, como vía para salvarle el pellejo a Piñera, desmovilizar la rebelión popular y vaciar las calles en noviembre del 2019. Se pactó un proceso constituyente, que no era una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, para retomar la gobernabilidad que habían perdido producto de las movilizaciones populares. La Convención Constitucional, lejos de ser una conquista de la rebelión fue uno de los mecanismos claves para desactivar la movilización. Ni la convención ni los constituyentes fueron herramientas para fortalecer la organización independiente de la clase trabajadora y los sectores populares. De hecho, pasó lo contrario.

En ese marco es que necesitamos reagruparnos y organizarnos quienes consideramos que los motores más profundos de la rebelión no han sido resueltos y que no se resolverán por la institucionalidad de este régimen, sino que esos derechos los conquistaremos tocando los intereses de los grandes capitalistas y no avalando un pacto a espaldas del pueblo, negociado con los partidos tradicionales y este gobierno.

Justamente a lo que debemos apostar es a llevar a la realidad las demandas populares, y que esos derechos que se reconocen en la nueva Constitución sean un hecho y no un mero papel mojado, partiendo por pelear porque los costos de la crisis económica no los pague el pueblo trabajador. Y para eso hay que atacar las grandes fortunas del país que se enriquecieron durante estos 30 años a costa de negar las necesidades populares, saqueando el medioambiente, haciendo negocio con la salud y la educación o despojando a las comunidades mapuche.

A las organizaciones sociales, políticas e individualidades que vemos con profunda crítica este proceso constituyente, incluyendo tanto a quienes aprobarán de manera crítica y a quienes han decidido anular, el llamado es a desarrollar un posicionamiento político y programático propio, que enfrente consecuentemente a la derecha y su campaña por el rechazo que sólo favorece a los grandes empresarios así como también enfrente las trampas “institucionales” de los sectores del Apruebo que quieren montar un nuevo engaño como fue la “transición” cambiar algo para que nada cambie (una nueva “alegría ya viene”) , que sea independiente del gobierno y la ex Concertación, para retomar la agenda de octubre y la lucha por nuestras demandas, fortaleciendo la organización y unidad en las calles.

En este escenario apostamos a que los trabajadores tengan su propio posicionamiento, con una voz independiente y que se proponga dar solución a los problemas estructurales, luchando por medidas básicas para enfrentar la inflación y la recesión como la fijación de precios, salarios y pensiones no inferiores a 650 mil pesos, fin de los despidos, y ligando estas demandas a soluciones de conjunto como poner fin a las AFP y las pensiones de hambre, la nacionalización de los recursos naturales bajo gestión de las y los trabajadores y comunidades y particularmente el cobre para financiar las urgentes necesidades sociales de las grandes mayorías.

Es momento de reimpulsar y desarrollar la lucha de la clase trabajadora y el pueblo, y en la fuerza de la auto organización, tomando como ejemplo cientos de experiencias que nacieron al calor de la rebelión popular como las asambleas populares y territoriales o el Comité de Emergencia y Resguardo en Antofagasta. Son ejemplos de que podemos y necesitamos retomar, instancias que debemos luchar por recuperar, que se perdieron porque nos impusieron quedar a la espera de la Convención Constitucional, lo que sólo hicieron para desmovilizar. No podemos quedarnos ahora esperando a que la nueva Constitución vaya a resolver nuestras demandas, porque si nos dedicamos a esperar nos desmovilizan y postergan nuestras demandas.

En un escenario de crisis económica, es más urgente que nunca fortalecer la organización obrera y popular, impulsar un programa con independencia política de los grandes empresarios y sus políticos, para que la crisis la paguen los grandes capitalistas y afectando sus ganancias aseguremos las demandas del estallido que siguen sin resolverse.