En un burdo intento de atender las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre racismo, el gobierno de la Ciudad de México anunció un decálogo dirigido a servidores públicos cuya finalidad es “erradicar conductas de exclusión”.
Nancy Cázares @nancynan.cazares
Martes 19 de julio de 2016
En la ceremonia “Acciones contra el racismo en la Ciudad de México”, Miguel Ángel Mancera apareció ante diplomáticos de Sudáfrica y Argelia para anunciar la emisión de un “decálogo contra la discriminación”. Dirigido principalmente a funcionarios de la Ciudad de México, este decálogo constituye una verdadera carta de buenas intenciones, sin una sola medida concreta para avanzar en estos objetivos de “inclusión”.
El jefe de gobierno reconoció que en México, “en pleno siglo XXI” persistían actitudes discriminatorias y racistas contra los pueblos originarios. Al tiempo que señaló que en otros estados se discrimina “a Tarahumaras y Yaquis”, apuntó que en la Ciudad de México existían también estas conductas.
El decálogo incluye una “petición” a los servidores públicos para “identificar y reconocer el racismo, difundir y promover acciones de inclusión, respetar y valorar los derechos de los demás, trabajar y garantizar la imparcialidad en sus funciones, proteger y fortalecer la cohesión social, incluir y fomentar procesos de interacción social así como sensibilizar y enseñar valores”. En resumen, una burla para las más de 122 mil indígenas que habitan en la Ciudad de México.
La Ciudad de la Esperanza ¿para quién?
Estas recomendaciones son a todas luces insuficientes para solucionar los problemas que enfrentan los pueblos originarios, no sólo los que habitan en las zonas más alejadas de las sierras en Puebla, Oaxaca o en Chihuahua sino, en concreto, los que habitan en la Ciudad de México y para quienes “la Ciudad de la Esperanza” no es sino una frase que escuchan en tiempos electorales.
Nahuas, otomíes, mixtecos y mazatecos, muchos de ellos orillados a migrar por el hambre y el desempleo, habitan una ciudad pensada únicamente para hispanohablantes alfabetizados. El gobierno ha sido incapaz de encontrar las vías no ya sólo para hacer respetar los derechos de los indígenas (violados principalmente por las mismas instituciones y sus autoridades), sino para preservar otros aspectos que constituyen la totalidad de una cultura y de los cuales la lengua es sólo uno más: instituciones sociales, económicas, políticas, religiosas, tradiciones, usos y costumbres.
Este conjunto de rasgos son los que han sido históricamente ignorados por el gobierno y no sólo eso, han sido frontalmente atacados, principalmente en casos en donde la rapacidad de las empresas ha fijado la vista en sus recursos. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el ataque que ha sufrido el pueblo tlalteco de San Bartolo Ameyalco, en disputa desde hace varios años por el intento de saquear el manantial “ojo de agua” para llevar el vital líquido a grandes proyectos inmobiliarios, en detrimento de la población originaria.
Este decálogo busca reducir el problema de la discriminación a una actitud individual de parte de algún funcionario, invisibilizando el papel de las instituciones para perpetuar el abuso y las injusticias cometidas en contra de la población indígena. ¿Cómo si no con una política de franco desinterés y hasta de exterminio se pueden explicar los más de 8 mil indígenas presos en las cárceles mexicanas, la mayoría de forma injusta, sin haber tenido acceso a una defensa en su lengua y en el 80% de los casos, sin hablar ellos mismos español?
La criminalización de la pobreza tiene en la población indígena una de sus más cruentas expresiones, pues al estar en un país en donde hay más de 2.5 millones de indígenas en situación de pobreza extrema, la imposición de multas que llegan hasta los 12 mil pesos por delitos del fuero común, expone aún más a este sector a caer en la cárcel durante años.
Los apoyos al campesino son botín para el cacique del pueblo y, hoy por hoy, el acceso a la educación para las poblaciones indígenas está en peligro más que nunca, con el intento de imposición de la reforma educativa, que no contempla la imperiosa necesidad de maestros bilingües y que mucho menos se preocupa por las condiciones en las que un niño indígena acude a la escuela.
En un país en el que los pueblos indígenas están invisibilizados por los gobiernos en turno existe un cerco militar y paramilitar en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, en Michoacán contra los indígenas de Ostula y en Oaxaca con la desplazamiento del pueblo Triqui. Las declaraciones de Mancera y su decálogo son, en realidad, una continuidad de los planes de despojo a los pueblos indígenas implementados a nivel nacional.
