Este viernes ha comenzado el juicio a Cristina Cifuentes por el “caso máster”. La defensa de la ex presidenta ha consistido en culpar a la Universidad Rey Juan Carlos I de la falsificación del acta sobre la defensa del Trabajo de Fin de Máster. Un documento que ella misma mostró como prueba de que había cursado el máster cuando se desató toda la polémica en 2018.
Viernes 22 de enero de 2021
Cuatro años después de que se desatará la polémica del “caso máster” a raíz de que eldiario.es sacara a la luz la noticia de que la Universidad Rey Juan Carlos I habría cambiado la calificación del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Cristina Cifuentes de "no presentado" a "notable" en 2014, supuestamente dos años después de haberlo aprobado.
Tras idas y venidas, Cifuentes terminaba dimitiendo, no por este escándalo, sino por la suma de otro: la filtración de un video de 2011 en el que la en ese momento líder del PP madrileño era “pillada” robando dos cremas en un supermercado vallecano.
Tras todo el bochorno, el falso Máster tenía poca defensa posible: el acta falsificada de defensa de su TFM, que según Cifuentes, falsificó la Universidad Rey Juan Carlos I; el hecho de que pagara las las tasas universitarias en noviembre de 2012, meses después de la defensa de su TFM; el hecho de que su único interlocutor con la universidad fuese Álvarez Conde a quién enviaba todos los trabajos sin comunicarse en ningún momento con ningún profesor; y el hecho de que no recuerde la defensa de su TFM; son todos elementos que difícilmente le convierten en inocente al menos ante la opinión pública. Lo de la justicia está por ver.
El caso de Cifuentes destapó ante muchos la realidad de la decadencia del sistema universitario y del régimen político que están ligados por lazos muy profundos, también a los poderes económicos.
Ya en ese momentos muchos estudiantes e investigadores denunciaron que lamentablemente, el caso de Cifuentes no era un caso aislado, sino la expresión de un régimen universitario y político caducos. El amiguismo, la endogamia y los tratos de favor que impregnan el funcionamiento de la universidad, conviven con la precariedad que padecen estudiantes, trabajadores y la mitad de la plantilla docente y con una enorme falta de democracia que impide a los estudiantes y trabajadores tener ninguna clase de poder decisión real, de la mano de la injerencia obscena de grandes empresas privadas en los órganos de decisión que, en alianza con la casta universitaria, han entregado las universidades a la privatización y el expolio.
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Pero la podredumbre del la casta política va más allá. Como denunciábamos esta semana en Izquierda Diario, Cristina Cifuentes recurría para su defensa a los servicios de peritaje judicial de Emilio Hellín Moro, el que fue integrante de la banda fascista Fuerza Nueva de Blas Piñar y que asesinó en 1980 a la joven estudiante y militante trotskista, Yolanda González.
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El juicio del "caso máster" continúa, y está por ver la resolución. Lo que no está en cuestión tras este escándalo y desde hace tiempo, es el grado de decadencia del régimen político y la casta universitaria.