Los partidos del régimen político se pelean por el manto de impunidad que representa, en estas circunstancias, el fuero.
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Jueves 13 de mayo de 2021
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, señala que la Cámara de Diputados se extralimitó en sus facultades, ya que aprobó su desafuero el pasado 30 de abril; por lo que presentó un amparo para anular dicha resolución, pues, comentó, le quita la inmunidad constitucional conferida por ser gobernador estatal.
Este recurso fue rechazado por el juzgado octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el argumento de que, según el Artículo 111 constitucional, los congresistas están facultados para resolver si procede (o no) retirar la inmunidad procesal de un servidor público para que sea juzgado por los delitos que se le atribuyan.
“Se concede acción popular para denunciar ante la Cámara de Diputados, los delitos comunes u oficiales de los altos funcionarios en la Federación, y cuando la Cámara mencionada declare que ha lugar a acusar ante el Senado, nombrará una Comisión de su seno, para que sostenga ante aquél la acusación de que se trate.” (Artículo 111, CPEUM)
El desafuero fue aprobado después de una audiencia pública por parte de la Sección Instructora, con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones. Se le acusa por presunto lavado de dinero, relacionarse con el cártel de Sinaloa y participar en La Estafa Maestra, demandas que el gobernador dice que se pone a disposición de las autoridades penales para que continúe el proceso correspondiente.
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Una vez que fue notificado el Congreso del estado, rechazó desaforar al gobernador por declararlo improcedente, comentan que esta decisión vulnera las garantías individuales de Cabeza de Vaca, viola el debido proceso y su presunción de la inocencia; además, señaló esta acción como parte del “linchamiento político y penal del presidente en su contra”. Por lo que le permitirá fungir en su cargo público hasta que se termine el periodo para el que fue electo.
Cabe destacar que, por más que el gobierno de la 4T repita que el problema es la corrupción, persiste el carácter antidemocrático y antiobrero del régimen; mientras los de arriba discuten en torno al fuero, sus cargos son irrevocables y cobran sueldos millonarios.
Inherente a esto, la política electoral proscriptiva impide la participación electoral de las organizaciones obreras y de izquierda, impidiendo que lleguen a millones en todo el país propuestas que realmente respondan a los intereses de la mayoría para mejorar nuestras condiciones de vida.
