En su último informe, la CIDH declaró a América del Sur como el lugar más peligroso para ser periodista. México, el país del feminicidio, el narcotráfico y la impunidad ocupa el primer puesto en crímenes a periodistas dentro de los países de esta región.
Miércoles 4 de noviembre de 2015
A propósito de que el día 2 de Noviembre se celebró, como desde hace dos años, el día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló una serie de datos donde asevera que el país con mayor número de asesinatos a periodistas en los últimos 5 años es México con 55 casos, siendo así el lugar más peligrosos para ejercer este oficio.
La CIDH denunció que en su mayoría estos asesinatos son realizados “por motivos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión, por informar, comentar u opinar sobre hechos y situaciones que se sucedían en su comunidad”. Además la CIDH aseguró que en los países que ocupan los primeros lugares, como Honduras, Brasil, Colombia y Guatemala, la gran mayoría de los casos no concluyen los procesos de investigación y en casi la totalidad, nunca se castiga a los culpables.
Sin duda, esto pone sobre la mesa temas que atañen a la condición actual de nuestro país, donde el falso discurso de "libertad de expresión" ha quedado al descubierto con casos como el de Regina Martínez, Moisés Sánchez Cerezo, y más recientemente el caso de Rubén Espinosa, asesinado a lado de la activista Nadia Vera, donde la intervención del gobierno veracruzano fue evidente no sólo para perpetrar los homicidios sino para entorpecer el proceso de investigación.
Recomendaciones que no llevan a ningún lado
Como denunció la CIDH, este fenómeno se expresa mayormente en lugares donde existe una fuerte presencia del Crimen Organizado. En México, el tema del narcotráfico y su asociación con las instituciones Estatales, en coalición con los partidos del régimen, es un fenómeno que mostró su expresión más degradada con la desaparición de los 43 normalistas, en septiembre del año pasado.
Ante este panorama la CIDH declaró que “cuando la situación de violencia en un país se vuelve un fenómeno estructural o vinculado al crimen organizado, es una obligación de los Estados adoptar mecanismos especiales de protección para periodistas, defensores de derechos humanos y líderes políticos o de movimientos sociales amenazados”.
Sin embargo, en medio de el clima de constante represión que se vive en México, donde los desplazamientos por cuestiones políticas, el acoso, hostigamiento y los asesinatos funcionan como métodos para disciplinar a todo aquel que decida cuestionar o evidenciar al régimen político, las ’recomendaciones’ emitidas por la CIDH resultan impotentes.
En el caso de México está claro que el juicio y castigo para los responsables políticos e intelectuales de los ataques a los periodistas, no vendrá por parte de las autoridades que provienen de los partidos del régimen quienes -como se ha demostrado en varias ocasiones- forman parte de la misma mafia encargada de operarlos.
Como bien declaró la CIDH, ‘‘el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento’’, sin embargo, conquistar esa libertad en México tendrá que venir de la mano de la movilización en las calles, encabezada por los trabajadores de la comunicación y en alianza con otros sectores, que alcen como demanda el castigo a los culpables de los homicidios y ataques a comunicadores perpetrados por el Estado o en complicidad con él y luche por la conquista de la libertad de expresión que este régimen asesino no puede garantizar.
Mariel Ochoa
Estudiante de la FCPyS
