Pese a una serie de acusaciones en contra de Alto Maipo SpA, donde se infiltraron en chats de activistas medioambientales y obtuvieron datos personales de opositores al proyecto, además de nombres y fotos de los trabajadores a los que catalogan como “potenciales terroristas internos”, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso ¿Justicia al servicio de quién?
Domingo 19 de diciembre de 2021
El pasado 8 de diciembre ingresó a la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección en contra de Alto Maipo SpA, donde una serie de recurrentes acusaron supuestos actos de espionaje en su contra. Activistas en contra del proyecto Alto Maipo, acusan a la empresa de una “conducta arbitraria e ilegal al ejecutar una operación de espionaje en contra nuestra, por medios y con objetivos ilegales”.
Los recurrentes citan a una investigación del medio Interferencia, que estableció que AES Andes -accionista mayoritario de Alto Maipo SpA- invirtió $3 millones mensuales en servicios de ciberinteligencia para conocer detalles de la vida de los opositores al proyecto hidroeléctrico.
Dichos informes de ciber inteligencia habrían sido elaborados entre febrero y junio de 2020, luego de 3 meses del estallido social en el marco de la consigna de la recuperación del acceso al agua, donde se habrían infiltrado a chats de ambientalistas y se cataloga a los trabajadores de Alto Maipo, como "Potenciales Terroristas Internos".
Se demostró además que obtuvieron información personal de ambientalistas, opositores al proyecto, como números telefónicos, direcciones particulares, correos y ocupaciones. También se entregaron nombres y fotos de trabajadores de la hidroeléctrica que participaban en grupos de redes sociales opositores al proyecto, grupos como Coordinadora No Alto Maipo, Red Metropolitana No Alto Maipo, Movimiento Por el Agua y los Territorios.
Pese a todos los datos expuestos y pruebas existentes el 10 de diciembre la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso. Y aunque los recurrentes volvieron a solicitar la reposición, el tribunal de alzada mantuvo la impugnación.
Cada vez es más común que activistas ambientales, que se levantan contra empresas poderosas, sufran persecuciones y hasta sean asesinados con una frecuencia cada vez mayor. Porque muerte de Alejandro Castro, ni de Macarena Valdés, ni de Juan Pablo Jiménez fueron casualidad y el Estado es cómplice de estas.
Estos casos no pueden quedar en la impunidad, pero ya está a la vista que mientras no acabemos con la justicia para ricos, sus aparatos represivos y el saqueo empresarial y medioambiental, jamás lograremos hacer justicia íntegramente para ellos, donde estos casos se pueden continuar repitiendo y los responsables quedan en total impunidad.
