La dirigente había sido condenada con una multa y la prohibición de ser electa en organizaciones sociales y políticas por tres años. Ayer el juez Isidoro Cruz anuló el proceso.
Verónica Valdez @valveritos
Miércoles 7 de junio de 2017 09:42
Ayer el juez de Control N° 4 de Jujuy, Isidoro Cruz, declaró la nulidad del juicio contravencional realizado en diciembre, en el cual se condenó a la dirigente de la Tupac Amaru a tres años y tres meses de inhabilitación a ser electa como dirigente en organizaciones sociales y políticas, y al cierre de la sede de la organización barrial por tres meses.
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Esa condena escandalosa originada en una causa que viola el derecho a la protesta se da en un marco de impunidad y represión creciente en la Provincia donde la coalición radical-massista instaló un régimen policíaco. En ese marco, el funcionario administrativo designado por Gerardo Morales como juez contravencional en enero de 2015, Matias Ustarez Carrillo, fue aún más lejos y dictó una condena que avanzaba en la proscripción política de la dirigente y la organización Tupac Amaru.
Por eso los abogados de Milagro Sala calificaron el fallo como un "horror jurídico" y pidieron la revisión integral del proceso, denunciando su inconstitucionalidad por atentar contra el derecho a la protesta.
En enero los abogados Ariel Ruarte y Paula Alvarez Carreras pidieron la revisión integral del juicio contravencional y señalaron que en la resolución el funcionario no fundamentó la condena y no presentó un solo argumento que permita sostener cómo llegó a sancionarla con la pena económica máxima y mucho menos a proscribirla por mas de tres años.
Sobre esa presentación se pronunció ayer el juez de control. Todavía los abogados no accedieron a los fundamentos del fallo.
Ruarte y Alvarez Carreras indicaron que "con esta resolución queda sin efecto la sanción" y agregaron que "si bien el departamento contravencional puede apelar, es una noticia importante. Ese juicio fue una vergüenza porque se condenó a una dirigente social por ejercer el legitimo derecho a la protesta".
Además los letrados insistirán con el pedido de inconstitucionalidad del Código Contravencional que también fue cuestionado por organismos de derechos humanos y la izquierda ante los organismos internacionales.
Recordemos que el acampe que origina la causa y juicio contravencional, también se inició un proceso penal contra la diputada del parlasur por el cual se encuentra detenida el 16 de enero de 2016, de manera ilegal como han denunciado y ratificado recientemente organismos de la ONU y OEA.
