La norma faculta a derribar aviones considerados “hostiles”. Autoriza a convocar a personal retirado de las fuerzas de seguridad. Rechazo desde el Frente de Izquierda.
Martes 19 de enero de 2016
La medida fue anunciada mediante un comunicado en el sitio oficial de la Presidencia de la Nación. El comunicado señala, entre otras cosas, que se declara la medida en todo el territorio nacional por el término de un año con el objetivo –señala- “de revertir la “situación de peligro colectivo” creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico, en una resolución que incluye un fuerte control del espacio aéreo”.
El mismo comunicado señala también que la Emergencia podría ser prorrogada a su término.
El decreto en cuestión autoriza además “al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, estén actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias”.
Así el decreto permite que ex integrantes de todas esas fuerzas puedan ser parte de estos operativos, fortaleciendo el aparato represivo del Estado. La salvedad sobre que los mismos no se encuentren procesados o condenados deja de lado el hecho de que, a pesar de los juicios de los últimos años, miles de genocidas se mantienen o se jubilaron impunes.
El decreto establece además la aprobación de Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las FFAA “orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo Argentino”.
Esta definición destila ambigüedad y deja en manos de las mismas FFAA la decisión de cómo actuar en esas situaciones. Según el comunicado “serán declaradas “hostiles” aquellas naves, cuando tengan entidad suficiente para “perturbar, poner en riesgo o causar un daño” en el territorio nacional”. Más ambigüedad.
El pedido de instaurar una norma que permitiera el derribo de aviones había sido uno de los pedidos en que más había insistido Sergio Massa, candidato del Frente Renovador. Ahora, el gobierno de Macri, con este decreto lo lleva a la práctica.
El comunicado señala “el decreto especifica delitos tales como “producción, tráfico y comercialización de estupefacientes (Ley 23.737), de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (Ley 22.415), los relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada (artículo 210 bis del Código Penal) o con una asociación ilícita terrorista (artículo 41 quinquies del mismo Código).
Del mismo modo los relativos a las asociaciones ilícitas (artículo 210), organizadas para cometer delitos con fines políticos o raciales, los de fraude contra la Administración Pública (artículo 174, inciso 5°) y contra la Administración Pública (todos del Código Penal).
Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil (artículos 125, 125 bis y 128), de financiación del terrorismo (artículo 306) y de extorsión (artículo 168, todos del Código Penal), los previstos en la Ley 24.769 (Régimen Penal Tributario) y de trata de personas (Ley 26.364”).
Demás está decir que, en la enorme mayoría de los delitos señalados, se ha demostrado complicidad de las diversas fuerzas represivas a lo largo de las últimas décadas. La nueva normativa decretada por el gobierno le da más poder a fuerzas que están profundamente imbricadas con esos negociados.
Rechazo desde la izquierda
La diputada nacional y ex candiddata a vicepresidenta del PTS en el frente de Izquierda se posicionó en su twitter.
#GRAVE Ley de derribo la quisieron aprobar en Congreso pero no pudieron x inconstitucional. Es PENA DE MUERTE sin juicio previo, x decreto
— Myriam Bregman (@myriambregman) enero 20, 2016
