Elecciones 2023. Defender y transformar la Educación Pública de Mendoza

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Plataforma PTS Frente de Izquierda Unidad - Educación

En Argentina alrededor del 75% de la inversión educativa es gestionada por las provincias. Esta transferencia de responsabilidades de la nación hacia los Gobiernos locales comenzó en la última dictadura cívico-militar cuando en 1978 se transfirió a las provincias la educación inicial y algunos establecimientos hospitalarios, se profundizó en los 90 a través del traspaso del sistema de salud y de las escuelas secundarias e institutos de educación superior que quedaban bajo gestión nacional (exceptuando a las universidades) y se ha mantenido intacto durante el siglo XXI. Esto ha generado una profunda desigualdad y asimetría, ya que existe una gran heterogeneidad en las provincias en materia de recursos, necesidades, población y territorio.

En un estudio realizado por el CIEC podemos observar la inversión educativa de gestión estatal por estudiante. En el año 2021 (último de la serie) se destinaron en promedio $155.000 por estudiante, siendo Tierra del Fuego la provincia con mayor inversión, llegando a $370.000 por estudiante. En cambio, Mendoza destinó $118.600 por estudiante, compartiendo el podio de las provincias que menos invierten en su educación con Tucumán ($116.700) y Santiago del Estero ($103.900). Si tenemos en cuenta que Mendoza es la quinta jurisdicción de mayor Producto Bruto Geográfico del país, es decir que sus capacidades económicas son superiores a la de la gran mayoría de las provincias es alarmante que su inversión en educación sea un 23% inferior al promedio nacional. Entre 2015 y 2021 en promedio se redujeron los fondos por estudiante en un 31% a nivel nacional, siendo liderado el ranking por la provincia de Santa Cruz (67%) y secundado por la provincia de Mendoza (46%).

El 90% de la inversión educativa es destinado al salario de los trabajadores de la educación, por lo cual el desfinanciamiento no sería posible sin una caída en el salario real (descontado el efecto de la inflación) de las y los trabajadores de la educación.

Los salarios en Argentina han tenido una importante caída en términos reales desde el 2015 hasta la fecha. Los salarios del sector privado registrado de todo el país, en promedio, perdieron un 20% de su poder adquisitivo y los del sector público un 24%. Asimismo, los salarios docentes en Argentina y en Mendoza en el mismo período perdieron un 17% y 31% de su capacidad de compra respectivamente. Por lo tanto, si bien existió un empeoramiento salarial generalizado en nuestro país, el recorte sufrido en los ingresos de las y los trabajadores de la educación de nuestra provincia fue sustancialmente mayor.

En el 2015 Mendoza era la provincia 14 de 24 en pagar los sueldos más altos y tenía un valor inferior al promedio nacional del 5%. En el 2020, año en el cual la provincia no otorgó aumentos a sus empleados, pasó a ser la provincia número 20 de 24 en el ranking salarial y en el año 2022 bajó un escalón más, convirtiéndose en una de las 4 jurisdicciones que peor les paga a sus docentes, junto con Jujuy (22), Formosa (23) y Santiago del Estero (24). A su vez, a fines del año pasado una maestra mendocina cobró un 21% menos que el promedio nacional. Si lo comparamos con la Canasta Básica Total (CBT), que no contempla el costo de un alquiler. Es importante señalar que la mayoría de quienes trabajamos en las escuelas somos mujeres, sostén de hogar.

La Ley Nº 6.970 provincial de educación estipula que el financiamiento educativo debe representar el 35% de las erogaciones provinciales. Sin embargo, esta ley se infringe sistemáticamente. Los valores del presupuesto vigente del 2023 rondan la mitad de lo establecido por la ley, es solamente del 18,4%. Si solo se cumpliese con el piso establecido por la ley se podría duplicar el salario, duplicar la inversión en infraestructura, duplicar los fondos escolares, etc.

Además es importante señalar que el desfinanciamiento educativo se traduce en que millones de personas deban educarse con malas condiciones edilicias, hacinamiento en el curso y docentes sobrecargados de horas de trabajo por sus bajos salarios.

La contracara del ajuste presupuestario es el permanente ataque a las condiciones y derechos laborales de los y las trabajadoras de la educación: cierres de cursos, aulas, turnos; diferencias de derecho y acceso a licencias de salud entre titulares y suplentes; una profunda discriminación sobre los celadores; y un “ítem aula” impuesto por el gobierno de Cornejo que funciona como un doble presentismo que castiga a las docentes que padecen alguna patología e impone enorme descuentos ante los paros, siendo utilizado por el oficialismo para atacar el derecho a huelga y oponer a los padres a la docencia.

También a reformas permanentes en el sistema educativo que restringen la participación real de los y las trabajadoras en las decisiones y el gobierno de la educación: quita de incumbencias a las Juntas, decreto 530 de reforma en la educación superior, restricciones a la organización y participación sindical.

Junto a la caída de la inversión, el deterioro de edificios y las condiciones laborales y salariales de la docencia, se deteriora la calidad educativa. Los índices dan mal y las dificultades en la alfabetización es creciente. Ante esto asistimos a una improvisación permanente de planes pedagógicos y una visión cada vez más tecnocrática e instrumental de la educación: fluidez lectora, evaluaciones estandarizadas, secundaria 2030.

Desde el Frente de Izquierda proponemos:

• Más para Educación: Destinar el 35% del Presupuesto provincial a la educación y revertir el desfinanciamiento que los gobiernos vienen aplicando año tras año. Aumentar el conjunto del Presupuesto provincial en base a una escala de avalúo e impositiva progresiva y la administración por parte de los trabajadores de los recursos provinciales estratégicos. Basta de privilegios: ¿Por qué un legislador debe cobrar dietas que superan los 800.000 pesos, más viáticos, pasajes, “ítem desarraigo” y contratos para “asesores”? Que los funcionarios políticos cobren como una maestra de grado con 26 años de antigüedad y 30% de zona.

• Sueldos: Para la DEIE el costo de la Canasta Básica Total se elevó a $266.528,55 durante el mes agosto en Mendoza. El sueldo inicial de un cargo (o su equivalente de 18hs cátedras) debe ser igual de la canasta familiar. Ningún trabajador debe estar por debajo de la línea de pobreza, ni estar obligado a hacer doble turno para llegar a fin de mes. Traspaso de todos los ítems salariales no bonificables y/o no remunerativos al básico y el estado docente. Respeto a las escalas de antigüedad y zona, y la carga horaria real de cada trabajador de la educación. Restitución de la cláusula gatillo mensual y los aumentos adeudados. Respeto a la discusión paritaria, no a los decretazos. No más distorsiones ni trampas salariales.

• Plan de Emergencia Edilicia: relevamiento público, técnico y participativo de las condiciones de seguridad en la que se encuentran los establecimientos educativos. Plan de obras de infraestructura, reparación y remodelación escolar. Construcción de más Jardines Infantiles de 45 días a 3 años y salitas de 4 y 5 años, públicos y de la DGE.

• Prioridad Educativa: garantizar la provisión de meriendas saludables y alimentación escolar. Programa provincial de provisión de útiles, calzados y guardapolvos escolares. Boleto Educativo Gratuito para estudiantes. Plan Provincial de Conectividad Educativa, Escuelas con acceso libre a Internet y Notebooks. Formación docente permanente, continua y en servicio.

• Acompañamiento real a las comunidades educativas ante situaciones emergentes. Creación de nuevos equipos interdisciplinarios, DOAITE, SOE y ETI para abordaje de situaciones críticas. Reforzar con profesionales y creación de cargos los equipos y programas de protección de niñas, niños y adolescentes y prevención integral de la salud (pediatría, odontología, fonoaudiología, oftalmología, psicología, etc.).

• Basta de maltratos y precarización: No al Ítem Aula, por deshumanizante, discriminatorio y atentar contra el derecho a huelga. Eliminación de la media hora no paga en las escuelas primarias. Respeto de la jornada laboral, basta de sobrecarga y exigencias que vulneran el tiempo libre extra escolar. No a los contratos precarios. Límite de 25 alumnos por aula. Eliminación de las sobrecargas burocráticas de trabajo. Creación de cargos docentes, directivos y administrativos (equipos directivos completos, preceptores, tutores, secretarios, etc.) y horas con estabilidad laboral, y respeto al ingreso por concurso. Equiparación de las asignaciones familiares con la nación. Pago a término de los salarios y continuidad a todos los suplentes.

• Celadores: Reglamentación, cumplimiento y respeto de tareas en el estatuto del celador. Cobertura de todos los cargos. Funcionamiento pleno de la Junta de Celadores. Reconocimiento como trabajadores de la educación: jubilación digna con 82% móvil. Equiparación de la antigüedad.

• Cambio de Funciones: Capacitación en horario de servicio y creación de cargos específicos para alentar y acompañar el desarrollo profesional.

• Jubilación docente a los 25 años de servicio y 82% móvil ligado al sueldo del activo. Eliminación de las fórmulas, creadas durante el menemismo y replicadas con retoques por distintos gobiernos, que perjudican a nuestras jubiladas. Resolución urgente en todos los juicios.

• OSEP: Regularización de prestaciones en toda la provincia. Democratización de la Obra Social, directorio integrado por representantes de los trabajadores.

• Revalorizar y proteger todas las modalidades del sistema educativo: Ingreso a la docencia y Bonos de Puntaje todos los años en todas las modalidades. No a los cierres de cursos.Titularización en los Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT). No a la quita de presupuesto en la Educación Social, restitución del subsidio a la Escuela Campesina de Agroecología y el Bachillerato Popular Violeta Parra. Reglamentación, Titularización y Junta Calificadora propia de las Escuelas Artísticas Vocacionales (EAV). Provisión de instrumentos musicales y materiales de producción artística y audiovisual a estudiantes y docentes de EAV. Jubilación anticipada en la educación en Contexto de Encierro.

• Educación Especial: Por una verdadera inclusión y acompañamiento real del Estado en la integración de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en la educación, con presupuesto, capacitaciones, accesibilidad edilicia. No más negociados y precarización del personal de apoyo a través de las Obras Sociales e Institutos. Garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad integrados en todos los niveles, cuenten con docentes de apoyo a la inclusión que acompañen las trayectorias escolares, y que dependan de la DGE. Mayor presupuesto para escuelas de Educación Especial.

• Nivel Superior: No a Decreto provincial 530. Respeto al funcionamiento y autonomía los órganos colegiados de los IES y democratización de los mismos. Todas las carreras son prioritarias. No a los convenios con fundaciones y organizaciones privadas. Capacitación docente a cargo del Nivel Superior.

• SEOS: Ley propia propuesta por los centros educativos y su comunidad, que los incorpore a la órbita de la DGE. No a los cierres. No a los contratos precarios, iguales derechos que los demás sectores educativos.

• Por una Ley de Educación hecha desde las Escuelas. Congreso Pedagógico Provincial de trabajadores de la educación, profesionales, universidades públicas y las comunidades educativas para elaborar un nuevo plan educativo científico, crítico, laico, que respete la diversidad de identidades, etnias, culturas y pueblos originarios. Por una educación comprometida con la transformación social, por una sociedad libre de opresiones y explotación. Educación ambiental comprometida con la defensa del agua y el ambiente. No a los experimentos de reformas inconsultas y autoritarias, heredados de las leyes educativas nacionales y provinciales neoliberales. No al cierre de talleres y materias artísticas. No a la injerencia de las iglesias y las cámaras empresariales, como la minera, en los contenidos. Creación de cargos y más presupuesto para la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles y modalidades. Pasantías educativas realmente formativas, remuneradas de acuerdo a los Convenios Colectivos de Trabajo y compatibles con la trayectoria escolar. Elección directa del Director General de Escuelas.