López Obrador respondió a la afirmación de los ministros Loretta Ortiz, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán, que desde la FIL Guadalajara rechazaron la posibilidad. Cerró la conferencia acusando de provocadores a maestros que protestaron en Guerrero e impidieron su acceso a un acto oficial.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Lunes 27 de noviembre de 2023
Esta mañana las dos facetas del presidentes se reflejaron en la conferencia de prensa, y terminan ubicando en el mismo campo a la derecha que defiende el modelo neoliberal y autoritario que a las y los trabajadores y manifestantes que cuestionan su gobierno ante la pobreza que prevalece en distintos sectores.
Desde la icónica Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) tres ministros de la Suprema Corte rechazaron la posibilidad de que sus cargos sean elegidos por voto popular.
Estos altos funcionarios son defensores acérrimos de sus privilegios -salarios y prestaciones millonarios-, como lo manifestaron en la FIL. Según ellos, se necesita “tener un perfil específico y que ese perfil no se puede alcanzar en las urnas”.
La ex ministra Ortiz Ahlf, cercana a la 4T afirmó “No podemos, los que aspiramos a ser ministros, llegar por un voto popular”. La ministra Ríos Farjat, por su parte, declaró que la propuesta de López Obrador podría provocar incertidumbre.
“Cuando lleguen los jueces electos popularmente, ¿van a necesitar mantener ese apoyo popular o van a ser removidos? Si van a necesitar mantener ese apoyo popular, ¿eso va a condicionar sus decisiones?”, sostuvo.
Desde Palacio Nacional López Obrador respondió “¿Cómo no se va a poder elegir a jueces, magistrados y ministros? Hay un procedimiento en todos los casos, hay que reunir ciertos requisitos y ya se elige. El pueblo se equivoca menos que los potentados, influyentes y académicos del régimen”.
En este nuevo capítulo de la disputa entre el gobierno federal y el poder federal, destacan el autoritarismo y la defensa incondicional de sus privilegios por parte de las y los ministros.
La propuesta de que estos altos funcionarios sean electos por voto popular parece un paso adelante en la democratización del poder judicial. Sin embargo, esta institución no puede reformar. Constituye una "casta" creada para aplastar la voluntad popular y bregar por los intereses de la derecha.
Por eso los socialistas estamos por la disolución de la Corte Suprema, que los jueces de tribunales inferiores sean elegidos por el voto popular, sean revocables y cobren lo mismo que un trabajador o trabajadora, y que se implemente el juicio por jurados para que la clase trabajadora y los sectores populares tengan poder de decisión en los procesos judiciales.
Criminalización del magisterio
Durante la inauguración del primer Centro de Rehabilitación Infantil Teletón rural en Tlapa, enclavado en la Montaña de Guerrero, con mayoría de población indígena, una protesta de maestras y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) impidió el acceso a López Obrador.
Las y los maestros exigen el pago de un ajuste salarial con la medida de bienestar - $500 por mes- , ya que en Guerrero las y los docentes de Educación indígena, telesecundarias, educación física y especial fueron excluidos de ese beneficio, de acuerdo con un comunicado de la CETEG. Demandan también la reapertura de la mesa de diálogo, cerrada hace más de un año.
La respuesta de López Obrador ante los reclamos de las y los maestros, que con mucho esfuerzo y dedicación enseñan a leer y escribir a las y los hijos de la clase trabajadora y los sectores populares en condiciones materiales muy difíciles, fue acusarlos de "provocadores" y de "estar con la derecha", ambas por completo infundadas.
Justo fueron los gobiernos del PRI y del PAN los que durante décadas recortaron los presupuestos para educación e impusieron planes educativos al servicio de los planes neoliberales y más recientemente impusieron la mal llamada reforma educativa que avanzó en la precarización de las condiciones de trabajo del magisterio.
En el gobierno actual, aunque se cambia al modelo de la Nueva Escuela Mexicana, encuadrado en la pedagogía crítica y las epistemologías del sur, la precarización laboral ha avanzado, pues maestras y maestros de nuevo ingreso no tienen estabilidad laboral, y al mismo tiempo la orden de implementar el trabajo por proyectos sin condiciones para hacerlo solo termina incrementando la carga laboral administrativa de las y los maestros y poner dinero para conseguir los materiales necesarios para desarrollar los proyectos.
Si esto se suma a la criminalización de los sectores del magisterio que protestan por sus condiciones laborales, la retórica de reivindicación de los trabajadores de la educación se muestra como un discurso vacío que es todo lo contrario de la política educativa que se dicta desde Palacio Nacional hacia las escuelas de todo México.
