De acuerdo con José Antonio Lara Duque, coordinador general del CDHZL, en los siguientes días deberá resolverse el recurso de apelación promovido contra la sentencia de 50 años de prisión impuesto a los últimos tres acusados por la muerte de un empresario español, en 2003, en condiciones aún no esclarecidas.
Axomalli Villanueva @1quiahuitl
Viernes 25 de enero de 2019
Los seis defensores indígenas que fueron presos por defender el agua de San Pedro Tlanixco, en el Estado de México, sentenciados a 50 años de prisión, podrían recuperar su libertad en las próximas semanas debido a las irregularidades en su proceso, las cuales fueron documentadas por varias organizaciones de derechos humanos.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) confía que los defensores del agua de San Pedro Tlanixco recuperen su libertad en las próximas semanas, debido a los errores procesales que incluso fueron documentados ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El primero de abril de 2003, once empresarios floricultores de Villa Guerrero ingresaron a Tlanixco para entubar el agua de los manantiales y del río Texcaltenco y utilizarla para la empresa de Isaak Basso.
Históricamente el agua de este río fue utilizada por la comunidad para uso doméstico y agrícola, pero en los 80 varias empresas florícolas, nacionales e internacionales, se asentaron en el municipio colindante de Villa Guerrero y formaron la Asociación de Usuarios del Río Texcaltenco, presidida por el empresario español Alejandro Isaak Basso.
En 2002, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anuló la concesión a la comunidad indígena de Tlanixco y la entregó al municipio de Villa Guerrero para uso comercial, “con el apoyo de actores gubernamentales e importantes empresas, mientras que la comunidad no fue consultada adecuadamente sobre el cambio de concesión y uso del agua”.
Los pobladores se movilizaron para denunciar la violación de este derecho y organizaron marchas y mítines. De manera infructuosa la Secretaría General de Gobierno del Estado de México convocó a mesas de trabajo con Conagua, los afectados y empresarios.
Después de La muerte de Alejandro Isaak Basso ocurrido el 1 de abril de 2003, cuando entró a la comunidad acompañado por 11 personas, en una acción de provocación hacia la comunidad de Tlanixco.
Basso, cayó al barranco y por cuya muerte culpan a los seis ejidatarios, “era un hombre fuertemente ligado al Grupo Atlacomulco y al gobernador del Estado de México, Arturo Montiel”. Se supone que las aguas tienen un uso público, indica González, “pero en 2009 otorgaron a Villa Guerrero una asignación de aguas por un total de un millón 500 y tantos mil metros cúbicos al año de unos manantiales conocidos como La Estrella. Hasta ese momento pensábamos que era concesión, no sabíamos que era una asignación”.
En los meses siguientes, hasta 100 policías entraron a la comunidad con órdenes de arresto, y actuaron “con gran violencia –tanto física como psicológica– hacía los habitantes… En algunos de los operativos realizados durante la madrugada, los policías habrían retirado de sus viviendas a personas desnudas o en ropa interior, sujetándolas contra el piso en las calles.”
En 2007, Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal y Rómulo Arias Mireles fueron sentenciados a penas de los 50 a los 54 años de prisión. En noviembre de 2017 Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Dominga González Martínez recibieron una condena de al menos cinco décadas para cada uno.
