Derecho a la vivienda. Déficit habitacional: problema que todos los gobiernos agravaron desde el fin de la dictadura

La cifra actual del déficit habitacional en Argentina se basa en el censo 2010, porque el de 2020 no se hizo por la pandemia. Según la información de hace once años, el “déficit cuantitativo”, es decir la cifra de casas faltantes, es de 1,3 millones. El “déficit cualitativo”, esto es, la cantidad de casas precarias o de mala calidad, es de 2,2 millones.

Así se compone un déficit habitacional total que alcanza a 3,5 millones de familias. [1].

Según un informe sobre condiciones de vida publicado en mayo de 2021 por el Indec, en base a la Encuesta Permanente de Hogares (APH) [2], casi el 10 % de la población habita en casas hechas con materiales de calidad insuficiente. Más de un millón (1.382.000 personas) viven en situación de hacinamiento crítico, es decir, con más de tres habitantes por cuarto.

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En 2015, las académicas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, Teresa Boselli y María Beatriz Rodulfo, dicen que el último censo muestra “la persistencia del déficit estructural” que según detallan, se redujo solo un 4,89 % entre 1991 y 2001 y un 0,83 % entre 2001 y 2010 [3]. Otros análisis coinciden en que desde 2001 en adelante, el déficit habitacional se mantuvo casi invariable.

En 2011, Cristina Fernández de Kirchner era presidenta y dijo en un acto que su gobierno había entregado 800 mil viviendas. El sitio Chequeado [4], habló con Boselli para verificar este dato.

Boselli explicó que la suma aproximada de 800 mil, se alcanzaba sumando viviendas nuevas entregadas y lo que se conoce como “soluciones habitacionales”. Esto es, subsidios o préstamos para realizar mejoras o ampliaciones en casas con déficit cualitativo.

Sin contar las soluciones habitacionales, de acuerdo a Chequeado, hasta 2011 los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández habían entregado 314.855 casas nuevas [5]. El sitio fundamenta su chequeo en el análisis de fuentes oficiales y con datos y reflexiones aportados por Boselli [6].

Chequeado además publicó la cantidad de casas nuevas terminadas que entregó cada gobierno desde 1983 hasta 2011. La cifra de todo el período no llega al millón: 960.415 casas:

Solo el déficit cuantitativo registrado por el censo 2010, de 1,3 millones de casas faltantes, supera la cantidad de casas entregadas en 28 años y a lo largo de 6 gobiernos constitucionales.

Déficit habitacional: problema estructural como la precarización y la pobreza

Antes de la dictadura de 1976 la pobreza afectaba al 4 % de la población. En 2021 supera el 40 %. Como cuenta el sociólogo y dirigente del PTS, Christian Castillo, el trabajo no registrado afectaba a un 20 % de los asalariados en 1974. Ahora ronda el 40 %. La desocupación que era del 2,7 % en los 70, hoy está en un 9,6 %. En 2021 el poder adquisitivo del salario compra la mitad de lo que compraba en 1974 y acumuló un 20 % de caída en los últimos 6 años.

Este deterioro de las condiciones de vida de las grandes mayorías, es consecuencia de que todos los gobiernos descargaron cada crisis nacional sobre el pueblo trabajador, para honrar la deuda externa y proteger las ganancias empresarias. Así, el acceso a la casa propia se volvió un sueño cada vez más inaccesible.

La Investigadora del Conicet, Daniela Gargantini dice en un ensayo sobre la historia de la política de la vivienda en Argentina, que la recuperación democrática en 1983 fue un “hecho relevante para la historia nacional, aunque el proceso de acumulación del capital y el modelo de desarrollo continuaron siendo los mismos: de neto corte neoliberal- capitalista”.

Diversos investigadores coinciden en marcar la dificultad del acceso a la tierra como uno de los principales límites de las políticas de todos los gobiernos en materia habitacional.

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Según el arquitecto y urbanista Marcelo Corti, la política de construcción masiva de viviendas sociales “es un paliativo pero no un remedio a esta situación”. “Sin un marco de política urbana y de suelos, la construcción de viviendas no solo no resolverá el problema de fondo sino que lo agravará” asegura su par, Raúl Fernández Wagner.

¿Por qué? porque las viviendas terminan construyéndose en zonas poco favorables, contaminadas y desconectadas de los servicios básicos de infraestructura, generando nuevos desequilibrios ambientales y sanitarios.

Lejos de promover la generación de suelo urbano con infraestructura, los gobiernos han reprimido sistemáticamente a las comunidades originarias y ambientalistas en favor de los negocios agroganaderos, mineros, forestales. La demonización de las comunidades y la impunidad represiva de los gobiernos en favor de los terratenientes, tiene en Santiago Maldonado y el pueblo mapuche un ejemplo actual. La misma respuesta represiva reciben los reclamos de las familias sin techo, como se vio en 2010 en el Parque Indoamericano y en 2020 en Guernica y otros puntos del país.

Un informe publicado por el CIPPEC en 2019 [7], en base a entrevistas a directores de entidades provinciales de vivienda, sostiene que estos organismos aceptan “el único suelo al que pueden acceder”. “Esto redunda en que el parque de vivienda pública se siga desarrollando en tierras periféricas”.

Otro aspecto clave, es que los gobiernos que impulsaron la construcción masiva de casas, lo hicieron como respuesta a las necesidades del mercado de la construcción e inmobiliario. Los análisis marcan el rol “contracíclico” de la construcción, es decir, la promoción de los negocios inmobiliarios como vía de “recuperar la economía” y “generar empleo genuino” tras las crisis.

El ejemplo más reciente es la crisis del 2001. La construcción fue uno de los sectores que lideró la recuperación económica junto con el boom de las commodities. Después de una fuerte caída, “el crecimiento anual del sector en 2003 ascendió al 34,4 %, muy por encima de Industria (16%) y Comercio (12,9%)” sostiene un informe de la Universidad Nacional de Rosario del año 2011. El sector creció entre 2002-2010 un 184 % [8].

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Mientras esto sucedía, en 2003 la informalidad alcanzaba al 78,3 % de los trabajadores de la construcción. En 2010 había bajado pero se mantenía casi en un 60 % (58.4 %). Así lo asegura un informe publicado por la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). En 2019 la informalidad estaba más cerca del 60 % aún: 58.8 % [9] del sector.

Además, según Boselli y Rodulfo, en el período 2001-2010, el déficit habitacional se redujo menos de un 1 % (0,83 %).

Mientras los empresarios se enriquecen entonces, el problema habitacional se sostiene como un problema estructural que se profundiza al mismo tiempo que la precarización, el desempleo y la pobreza. La política habitacional de construcción masiva de casas no resuelve el problema por sí misma y la política de acceso a la vivienda mediante créditos como ProCreAr, deja afuera a millones que no tienen el suficiente poder adquisitivo.

Así planteaba el resultado de este proceso el titular de un organismo de vivienda provincial en 2019: “Pese a que todos sabemos que el 60 % del déficit a nivel nacional está por debajo de la línea de pobreza, todavía la gran mayoría de los recursos se siguen derivando hacia los sectores medios y medios-altos”.

Problema irresuelto hasta en momentos históricos en materia de vivienda

Entre 2003 y 2013, el kirchnerismo alcanzó, contando la entrega de casas nuevas y los mejoramientos, el promedio de 62 mil soluciones habitacionales anuales, "el más alto de la actuación pública hasta la fecha” dicen Boselli y Rodulfo [10].

En 2009 se registró la mayor producción, con un total de 91.630 soluciones habitacionales terminadas [11]. Sin embargo, “la gran deuda de ‘los años K’ (y del cuarto de siglo transcurrido en democracia) es sin duda la nula producción de suelo urbano y ciudad para los sectores medios y medios bajos”, asegura Marcelo Corti en un artículo publicado en 2009 [12].

Al analizar el período a partir de 2003, la arquitecta de la Universidad Católica de Córdoba, Daniela Gargantini, sostiene que "sólo en dos oportunidades anteriores (Primer Plan Quinquenal de Perón y en los años ´70) se construyeron tantas viviendas anuales con fondos públicos en las grandes ciudades".

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“Paradójicamente a esta inversión, el conflicto en torno a las condiciones de habitabilidad de los sectores menos aventajados mostró serias evidencias de agravamiento. (...) La construcción masiva de vivienda sin una política de suelos y planificación urbana (...), provoca una serie de consecuencias no previstas o no deseadas, vinculadas a la escasez de suelo de propiedad pública disponible para la construcción de las viviendas, la especulación inmobiliaria y la segregación urbana”, asegura [13].

Según el arquitecto Raúl Fernández Wagner [14], a los 25 años del retroceso socioeconómico que desembocó en la crisis de 2001, "le sucede una espectacular recuperación" económica.

Tal reactivación a partir de 2003, dice Wagner, gracias al “boom de la soja, el turismo internacional, la recomposición de las condiciones para la producción” (sobre la base de la devaluación de 2002 y un brutal abaratamiento de los salarios) disparó los mercados inmobiliarios y un gran aumento del precio de los suelos. [15]. Esta suba del valor del suelo dificultó más el acceso de los sectores populares a la vivienda.

¿Qué pasó después del “boom” de los gobiernos kirchneristas? Miguel Ángel Barreto, investigador de la Universidad Nacional del Nordeste, analiza la política habitacional de Cambiemos [16]. El consumo de cemento tuvo la mayor caída anual desde 2002 en 2016 “y las provincias periféricas, más dependientes de la obra pública, registraron los peores indicadores. Solamente subió el monto total de créditos hipotecarios asignados en 156 %”, sostiene Barreto.

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Entre 2017 y 2018 Nación transfirió a las provincias 1.967 millones de pesos menos para vivienda, lo que según CIPPEC implicó un ajuste del 24 %. Las transferencias del gobierno nacional a los provinciales en 2018 alcanzaban un tercio del valor que tenían en 2013.

Según ACIJ, el presupuesto para los programas de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda se redujo en términos reales un 47 % entre 2018 y 2019.

¿Y cómo continuó la situación durante el gobierno de Fernández? En septiembre La Izquierda Diario denunció que el presupuesto 2021 destinaba para las fuerzas armadas el doble de recursos que a políticas de vivienda, mientras que para el pago de la deuda externa destinaba 4 veces más.

Las palabras y los hechos: promesas y represión en campaña electoral

En agosto, el presidente dijo en un acto de campaña que estaba entregando la casa número 20 mil de su gestión. Durante la campaña el ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi, habló del objetivo de entregar 75 mil casas por año. Después de la derrota del Frente de Todos en las PASO, desde el oficialismo se dejó trascender el posible anuncio de un plan Quinquenal de vivienda, que tendría el objetivo de construir unas 100.000 casas por año entre 2022 y 2026. Fueron solo rumores, porque nunca lo anunció.

¿Suficiente? Dado el déficit existente, según un informe de la secretaría de vivienda del 2019 como mínimo el Estado debería realizar 200.000 respuestas habitacionales por año [17].

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La consecuencia ante la falta de soluciones al drama de la vivienda, es el crecimiento de los reclamos de tierra para vivir. “Todos los santos días tenemos intrusiones; y no se trata de gente mala. (...) Es gente que no tiene dónde ir a vivir, y nosotros no tenemos la posibilidad de darle una alternativa”, confesó un funcionario provincial de vivienda al CIPPEC. [Frente a eso, la respuesta de todos los gobiernos - de Nación, de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias - fue y es la represión.

Mientras los gobiernos hacen promesas en campaña y reprimen, las familias que en 2020 fueron desalojadas del predio de Guernica, en el partido bonaerense de Presidente Perón, salieron a las calles nuevamente. Denuncian que Axel Kicillof incumplió los plazos que había fijado en un acta compromiso, para la entrega de lotes con servicios donde poder construir su barrio.

Basta de pensamiento mágico: los gobiernos capitalistas no van a resolver esto

Así describe el trabajo de Gargantini la situación previa al estallido del 2001: "Mientras por un lado se alcanzó una recaudación récord y las cuentas fiscales cerraron sin déficit, la desocupación trepó, por otro, al 15,4 % y casi cuatro de cada diez argentinos siguieron viviendo en la pobreza. Las diferencias de performances radicaron en que los recursos que ingresaron a las arcas del Estado por vía de los ajustes no se asignaron a los sectores más vulnerables de la sociedad, sino a cumplir los compromisos asumidos con los organismos financieros internacionales” (Rodríguez- Boyadjián, 2000).

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20 años después, mientras el oficialismo paga dólar sobre dólar y ajusta la economía en función de la deuda externa, el mismo Mauricio Macri reconoce que en 2018 tomó deuda a niveles históricos con el FMI para dársela a los bancos. Para que la fuguen.

Fernández promueve el empleo precario en la construcción, subsidiando vía planes sociales los bajo salarios que pagan las constructoras. Esto es para el Gobierno "recuperar la economía" con "empleo genuino".

A la vez reprime comunidades en lucha por la tierra, mientras dice que el extractivismo y el agropower son necesarios para recaudar dólares para pagar deuda. Si la cosa sigue así, ¿cuál será la situación habitacional y ambiental en 2030?

“Si estamos acá es porque hace 40 años que venimos de ajuste en ajuste, de una espiral de endeudamiento y fuga.(...) Pensamiento mágico es creer que lo mismo que se hizo hasta ahora, va a dar otros resultados”, aseguró en TN la candidata a diputada nacional del Frente de Izquierda Unidad por la Ciudad de Buenos Aires, Myriam Bregman.

El Frente de Izquierda Unidad es la única fuerza que plantea una propuesta de avanzada, que es abrazada por referentes de luchas por vivienda que son parte de sus listas en todo el país: