La negación de datos científicos oficiales busca garantizar la explotación de la biodiversidad del “pulmón del mundo” en beneficio de la industria privada nacional y extranjera.
Martes 6 de agosto de 2019 00:00
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en rueda de prensa el jueves pasado en Brasilia, junto al ministro de Medioamibiente Ricardo Salles, el Canciller Ernesto Araújo y el ministro de Seguridad Institucional, General Augusto Heleno, desacreditó los datos oficiales que indican un aumento de la deforestación de la Amazonia.
Los datos generados por el DETER, sistema de alerta para apoyar la supervisión y el control de la deforestación, fueron proporcionados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE por sus siglas en portugués), y señalan un aumento de 88% de desmonte en la foresta amazónica comparativo con julio de 2018.
Los dichos resultaron en represalias al INPE y el despido de su director, Ricardo Galvão.
Esta negación de estadísticas del INPE es continuidad de la guerra de Bolsonaro contra datos científicos que reflejan los resultados de su política que busca favorecer la industria privada nacional y extranjera, en desmedro de los recursos naturales y las condiciones de vida de la población de Brasil.
Primero cuestionó los métodos de relevamiento del desempleo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Luego vetó la divulgación de los resultados de un estudio sobre el uso de drogas que le costó al Estado siete millones de reales (más de 1.7 millones de dólares).
A esto se suma su activa posición negacionista del calentamiento global, adhiriendo a las tendencias más oscurantistas de la extrema derecha internacional. De hecho, Bolsonaro envió una delegación diplomática a la 13a. Conferencia Internacional sobre Cambio Climático que se realizó el 25 de julio, un evento impulsado por The Heartland Institute que contó con la presencia de algunos de los más famosos exponentes de la negación del calentamiento global.
En este marco, le tocó el turno a las estadísticas relacionadas a la deforestación, que fueron desacreditadas por el Ejecutivo brasileño.
Los datos del INPE mostraron que aumentó el desmonte de la Amazonia en 88% en comparación con julio de 2018. Bolsonaro afirmó que los datos buscaban golpear la imagen del país. Según el presidente, “los datos fueron lanzados en un momento en que Brasil da claras señales de que va a recomponer su economía”, buscando engañar y encubrir la absurda deforestación de la mayor floresta del mundo.
En respuesta, el INPE declaró en una nota que los relevamientos y datos del instituto son de calidad y dicen bregar por la honestidad, excelencia y transparencia científica. Galvão había dicho al noticiero Jornal Nacional que Bolsonaro ”se comporta como si estuviese en un bar. O sea, hace acusaciones indebidas a personal del más alto nivel de la ciencia brasileña (…) Esto es un chiste de un chico de 14 años que cabe que haga un presidente”.
Tras estas declaraciones y luego de una reunión con el ministro Marcos Pontes, Galvão declaró que fue despedido porque “avergonzó el presidente Bolsonaro. Ante el hecho, la forma como me manifesté en relación con el presidente, se generó una situación vergonzosa insostenible. Entonces seré despedido”.
El desprecio de Bolsonaro por la Amazonia, cuya preservación ve como un obstáculo al desarrollo económico, choqueó al mundo y varios países amenazan la quita de envío de recursos multimillonarios al Fondo Amazonia, que costea políticas de preservación del medioambiente. Además, los datos sobre la Amazonia ponen de manifiesto su política entreguista y privatista, que favorece a los terratenientes, a las mineras, en detrimento del medioambiente y pueblos originarios. En ese sentido se expresó el presidente cuando reafirmó su deseo de legalizar la minería en tierras de pueblos originarios.
A pesar de que la deforestación, degradación, usurpación y minería se intensificaron en lo que va del gobierno de Bolsonaro, esas prácticas nunca fueron inhibidas, tampoco durante las gestiones del PT, de forma de proteger de hecho el medio ambiente y las tierras de los pueblos originarios. Para avanzar en una política de responsabilidad ambiental hay que luchar por la transformación radical de las relaciones agrarias, económicas, políticas y sociales, poniendo las tierras, la industria y el sistema financiero y político al servicio de la mayoría de la población y ya no en función de las ganancias de un puñado de capitalistas.
