PANDEMIA Y AJUSTE. Del Pacto Social por la "liberación" al acuerdo "histórico" de Alberto Fernández

Cuando Juan Domingo Perón y el peronismo regresaron al poder en 1973 su política central fue el el llamado Pacto Social, diseñado por su ministro de economía José Bel Gelbard. En aquellos años el acuerdo tenía por objetivo poner fin a un ascenso revolucionario de la clase obrera y la juventud, que desde el Cordobazo en 1969 cuestionaba los cimientos del capitalismo. El objetivo del Pacto Social consistía en reconducir a la clase trabajadora a la disciplina fabril y aumentar la productividad del trabajo, favoreciendo las chances de la burguesía industrial. Se lo presentaba como un instrumento para conquistar la soberanía nacional y la recuperación del ingreso de los trabajadores.

Sentencia de muerte

El “Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, la Liberación Nacional y la Justicia Social” suscripto por la CGT, la CGE y el Estado nacional, establecía un congelamiento de los precios y salarios que recibirían un aumento previo por única vez de $200 mensuales. El acuerdo suspendía por dos años las discusiones de paritarias. El complemento de dicho acuerdo será la ley de Asociaciones Profesionales, que reforzaba el poder de la burocracia sindical y una legislación represiva que prohibía expresamente las huelgas salariales y perseguía a la militancia de izquierda.

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Uno de sus firmantes, el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, al rubricar el pacto sostuvo estar “firmando mi sentencia de muerte”. Intuía que su papel como jefe de las bandas contrarrevolucionarias para sostener el acuerdo lo exponía al peligro. De hecho, la sentencia sobre su propia suerte se cumplirá en septiembre de 1973, cuando un supuesto comando montonero lo asesinó en la llamada Operación Traviata.

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El problema que tenía el peronismo en 1973, era que debía lidiar con una clase obrera que había protagonizado la semiinsurrección de mayo del 69 en Córdoba, quebrando a la dictadura de la Revolución Argentina. La radicalización política de la clase obrera y la juventud, el crecimiento por la base del movimiento obrero de posiciones clasistas y antiburocráticas y la emergencia de comisiones internas democráticas que disputaban el mando fabril a las patronales, eran las fuerzas fundamentales que ponían en jaque al capitalismo criollo.

Si bien en un comienzo el Pacto social contó con el aval de Montoneros y la JTP, fue la burocracia sindical la herramienta que usó Perón para poner un freno al proceso de insurgencia obrera. La llamada Tendencia revolucionaria del peronismo no se pronunciará públicamente contra el acuerdo, sino una vez muerto Perón.

Bajo el gobierno de Héctor Campora se producen 500 tomas de empresas y edificios públicos solicitando demandas postergadas para los trabajadores y el pueblo.

Señalado por la ultraderecha como un agente de la izquierda peronista, Cámpora va a caer luego de la masacre de Ezeiza perpetrada por la burocracia sindical y las bandas de ultraderecha contra los manifestantes de la JP. Perón aprovechó la ocasión para culpar a los “infiltrados” ajenos al movimiento de la juventud y dio vía libre al golpe de palacio contra el presidente electo, perpetrado por la ultraderecha. Los culatas de la burocracia se unirán a las fuerzas de la Policía Federal y de la ultraderecha que formarán la Triple A comandada por el Ministro de Bienestar Social, José López Rega y bendecidas por el mismo Perón.

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Desde el comienzo, el Pacto Social fue resistido por los trabajadores que comprendieron que se trataba de un ataque a sus condiciones de vida. Grandes luchas antiburocráticas como la de Astilleros Astarsa, Losadur, Del Carlo y emblemáticamente el primer Villazo de marzo de 1974, solo por nombrar algunas, van a desafiar la política represiva, la prohibición de huelgas y la llamada santísima trinidad de burócratas, patrones y gobierno contra los trabajadores.

El Pacto Social verá su final con la renuncia de Gelbard en octubre de 1974, jaqueado por una crisis económica internacional, la resistencia obrera y el boicot patronal. En su reemplazo el peronismo ensayará el ajuste salvaje del Plan Rodrigo en junio del 75, que va a ser derrotado por la clase obrera autoorganizada en las coordinadoras interfabriles que impondrán a la burocracia la huelga general. Esto se conoce como Rodrigazo.

La lección que queda del Pacto Social es que todo acuerdo que selle la suerte de los trabajadores a los intereses patronales, juega en su contra. Abre la puerta a que desde la derecha se intente imponer el orden a cualquier precio y si fracasa el acuerdo será el prólogo de un ajuste brutal.

El acuerdo histórico de Alberto

Ahora bien el Pacto Social de 1973 se presentaba como una manera de que el ingreso de los trabajadores alcanzara el 50% de la renta nacional. "Fifty-Fifty", le decían. El acuerdo alcanzado por la CGT y la UIA y celebrado como histórico por Alberto Fernández, legaliza las suspensiones y la rebaja del salario de los trabajadores y permite un avance de hecho de la flexibilización laboral. Suspensiones o salarios en baja y despidos es el chantaje patronal del cual la CGT y el Gobierno a través de su Ministerio de Trabajo se hacen voceros.

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Para Alberto Fernández no se trata de reconducir a la clase trabajadora a la disciplina social producto de la insurgencia, sino de rescatar a los empresarios a expensas de los trabajadores y el pueblo quienes deben aceptar una degradación de sus condiciones de trabajo y el nivel de vida en medio de una pandemia. Las patronales que rebajan el salario y suspenden son a la vez beneficiadas por el Gobierno que cubre desde las arcas públicas la mayoría del salario que deberían abonar los empresarios. A cambio empresarios y burócratas sindicales le brindan su pleno apoyo para renegociar la deuda externa.

Los herederos de los Rucci, los Lorenzo Miguel y los Casildo Herrera, algunos de ellos ex culatas de la ultraderecha, son una expresión lamentable y farsesca de sus predecesores. El papel de la centroizquierda y el kirchnerismo avalando este ataque a la clase trabajadora, es la caricatura de la negativa de la JTP de enfrentar abiertamente al Pacto Social. El Gobierno de Alberto Fernández prepara así las condiciones para que el programa de un ajuste brutal de la derecha vaya abriéndose paso cuando el ataque gradual y en cuotas necesite ser reemplazado por un shock.

Unidad de los trabajadores

La clase obrera en los ‘70 utilizó sus comisiones internas y cuerpos de delegados como centro de autorganización de sus fuerzas para enfrentar el Pacto Social primero y luego las coordinadoras, instituciones cuya característica central era la democracia obrera, para derrotar el plan Rodrigo. Para pensar la autoorganización de la clase trabajadora hoy, hay que considerar la extensión de la fuerza laboral con la expansión de la logística y los servicios, que la vuelven más poderosa socialmente que en los ’70.

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El desafío de instituciones de democracia de base es poner en pie la resistencia de la fuerza de trabajo para controlar la seguridad e higiene, para discutir la reconversión de la producción en función de las necesidades sociales y para exigir la apertura de los libros de contabilidad, así como el control de los trabajadores ante el chantaje patronal de optar entre la suspensión o el despido.

La autoorganización, combinada con el llamado a los sindicatos, allí donde se pueda, a que impulsen la lucha de los trabajadores. Es un camino para recomponer la unidad de las y los trabajadores. Nuevas instituciones como las coordinadoras de los ‘70, que incorporen a las nuevas figuras de la clase obrera, como los precarios, los movimientos sociales y de desocupados, los trabajadores informales, los movimientos de mujeres y la juventud, en un frente común para hacer que la crisis la paguen los capitalistas.